De manera repentina el gobernador Gustavo Sáenz puso en marcha el proceso para efectivizar la reforma de la Constitución de Salta al convocar a sesiones extraordinarias en la Legislatura salteña, para tratar el proyecto presentado por el propio Ejecutivo en abril del año pasado.

Son 13 los artículos que propone cambiar la iniciativa, los cuales refieren a la duración de mandatos de cargos ejecutivos y legislativos, inamovilidad de los jueces de Corte, extensión de los mandatos de los concejales y modificación de la composición de los organismos de control.

Se espera que el lunes ingrese el decreto a la Legislatura y a partir de ahí ambas cámaras decidirán la fecha en que sesionarán. Para dar luz verde a la reforma es necesario el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes. 

Para conformar la Convención Constituyente se elegirán sus miembros en la próxima elección provincial prevista para el 4 de julio. Tal como lo establece el artículo 184 de la Constitución, estará compuesta por un número igual al de la Cámara de Diputados, o sea 60 convencionales.

La legislatura podrá decidir si repite la misma proporcionalidad departamental que en Diputados o establece que sean electos por distrito único. En el primero de los casos garantizaría la representación a nivel geográfico, mientras que el segundo método es favorable para que los partidos de menor envergadura también puedan ingresar convencionales. Otra variante sería un sistema mixto, con, por ejemplo, un representante por departamento y el resto por distrito único.

Una vez que se constituya la Convención tendrá una duración de 60 días, tiempo en el cual deberá resolver las modificaciones propuestas.

En el mensaje que acompaña al proyecto Sáenz señala que lo ingresa “luego de haber recopilado y analizado numerosos proyectos de ley presentados en los últimos años, las diferentes manifestaciones y posiciones de dirigentes políticos, de organizaciones civiles, de colegios profesionales, de universidades”. Y agrega que pudo rescatar un “núcleo de coincidencias”.

Los cambios propuestos

Quizás la modificación más relevante sea la del artículo 140, ya que quita un período al mandato del gobernador y el vicegobernador, al permitir una sola reelección, lo que reduce los años de permanencia consecutiva de 12 a 8.

Idéntica modificación se aplica al artículo 172, que refiere a los intendentes, reduciendo a dos períodos los mandatos, que hoy son ilimitados.

Y con los cambios en los artículos 95 y 103, aplica también el máximo de ocho años  a diputados y senadores, también sin límites en la actualidad.

Sáenz señala que al poner un límite a la reelección “supone afianzar el principio republicano de periodicidad en los mandatos y en consecuencia la alternancia en el ejercicio de la función pública”.

Con respecto al Poder Judicial propone cambiar el artículo 156, para reestablecer la inamovilidad de los Jueces de la Corte de Justicia de la Provincia, modificado en el año 1998 cuando se estableció el plazo actual de 6 años en el cargo, con posibilidad de renovarlo cuando este finalice, para lo cual el gobernador debe enviar nuevamente el pliego y conseguir el acuerdo del Senado.

Asimismo propone que todos los jueces, incluido los de la Corte, cesen en sus funciones al momento en que el magistrado pueda obtener su jubilación, a menos que el Ejecutivo y el Senado coincidan en extender su permanencia por un único período extra de 5 años más.

En lo referido al Poder legislativo propone modificar los artículos 111 y 144 para adelantar un mes la apertura de sesiones de la Legislatura, que arrancarían el 1 de marzo, como lo hace el Congreso de la Nación.

El artículo 172 también se ampliarían de dos a cuatro años el término de duración del mandato de los concejales municipales y con una sola reelección.

Además plantea instituir la figura del Vice Intendente Municipal, que reemplazaría al intendente en una ausencia temporal o definitiva y además presidiría el Concejo Deliberante. Los delegados municipales también serían elegidos por el voto popular si prospera la reforma.

Finalmente el proyecto propone que los organismos de control, como la Auditoría General de la Provincia, estén compuestos por 2 miembros del oficialismo y tres de la oposición, lo que significa que serán presididos por representantes de signo diferente al gobernador de turno.