Esta semana, la Cámara de Casación Federal ratificó que el robo a los Tribunales de Rosario del año 1984, es un delito imprescriptible. Ese año, una madrugada de octubre un grupo comando ingresó al palacio de Justicia, redujo a la guardia y se llevó toda la documentación que acumulaba frondosas pruebas de la actividad ilegal de los grupos de tareas del Destacamento de Inteligencia 121 durante la última dictadura militar. “Para nosotros es muy importante que Casación haya confirmado lo que en su momento dijo el juez de instrucción y la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que venían expresándose a favor de que este era un delito de lesa humanidad”, dijo el fiscal federal Adolfo Villatte, que sigue investigando este hecho clave. Los ex militares Luis Muñoz, Héctor Funez y Víctor Pino Cano están imputados en esta causa aunque este último no podrá ser sometido a proceso porque su estado de salud le impide comprender de qué se lo acusa.

La resolución de Casación firmada el jueves por la Sala IV, integrada por Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky; da sustento a los años de trabajo de la justicia federal de Rosario. “Este hecho (el del robo a tribunales) es particular porque casi siempre se deja en claro que hay delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y unos años antes del golpe, pero este es un delito cometido ya en democracia, pero vinculado al terrorismo de Estado, por eso era muy importante determinar que estábamos frente a un crimen imprescriptible”, explicó Villatte.

“Nosotros lo que habíamos planteado es que estos son delitos conexos a otros delitos que son de lesa humanidad y por lo tanto son imprescriptibles. Y decimos que son conexos porque no cabe duda de que la documentación que fue robada tenia la finalidad de acreditar estos delitos. Eran documentos que se habían secuestrado en varios allanamientos ordenados por el juez Francisco Martínez Fermoselle estaban vinculados al grupo de tarea del Destacamento de Inteligencia 121, y era documentación que daba cuenta de la comisión de hechos delictivos por parte de este grupo de tareas”, amplió el fiscal federal.

Villatte afirmó que “nunca más se supo, lamentablemente, de esta documentación. A todos los que estamos vinculados a este tipo de delitos nos gustaría poder encontrar esta documentación porque, al menos por los testimonios que hemos recabado de personas que estuvieron relacionadas con aquellos allanamientos en aquel momento --como por ejemplo Adriana Arce que concurrió a uno de ellos-- aseguran que la documentación que había era realmente importante. Con nombres de los integrantes de los grupos de tareas, nombres de víctimas, fotografías, documentos. Pero no sabemos en detalle qué es lo que había allí, sí que era realmente un material muy importante para estas causas en la región”.

El fiscal federal recordó q ue hasta ahora hay tres imputados, uno de ellos es Luis Américo Muñoz que ya fue condenado por el secuestro y asesinato posterior de Eduardo Pereyra Rossi y Osvaldo Cambiaso que fueron secuestrados del bar Magnun en Rosario en 1983. Además, están imputados también quien era en ese momento jefe de Inteligencia del Comando del II Cuerpo de Ejército Héctor Funes y el ex general Víctor Pino Cano, que por su estado de salud ha quedado fuera del juicio porque no puede comprender la penalidad de los actos.

 

“Uno de los argumentos que nosotros invocamos es que si bien los militares ya no estaban en el gobierno, los integrantes de las fuerzas armadas conservaban una cuota de poder muy importante, que de hecho condicionó también en algún sentido al gobierno de Raúl Alfonsín”, dijo Villatte y señaló que “también sabemos que en su momento el propio Alfonsín llegó a tener conocimiento de esta operación del robo en los Tribunales de Rosario, que obviamente se llevó a cabo sin su anuencia, y que esto fue lo que motivó que no se le concediera el ascenso a Luis Américo Muñoz”. El propio militar presentó un reclamo ante Alfonsín explicando que él había intervenido en estas operaciones especiales de inteligencia que resultaron ser la del secuestro y asesinato de Pereyra Rossi y Cambiaso y el robo a tribunales. “El mismo se pone en el lugar al mencionar en un reclamo administrativo cuáles eran los supuestos méritos para obtener el ascenso que Alfonsín le negó”, dijo Villatte.