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Desde Santa Fe.
María Rosa White, la hermana de un militante político desaparecido en 1977 en Santa Fe, Guillermo White, será querellante en la causa que investiga un campo de exterminio del Ejército. El juez federal Nº 2 Francisco Miño que le había negado ese derecho por ser, precisamente, la hermana -y a su criterio solo podían querellar la esposa, los hijos y los padres‑ revocó su propia resolución y aceptó que sea parte del proceso penal, como ya ocurrió en otros casos en Santa Fe y en Rosario. La revocatoria -que no es usual en el fuero‑ la logró la abogada Nadia Schujman, quien se propone dinamizar la investigación en el Campo San Pedro, como se lo llama: dos de las ocho víctimas del terrorismo de estado halladas en una fosa común en 2010 aún no fueron identificadas y una inspección judicial al predio que el fiscal Martín Suárez Faisal solicitó hace siete meses, en setiembre del año pasado, el juez aún no la ordenó.
Miño rechazó el pedido de María Rosa White en noviembre de 2016 porque a su juicio sólo podían ser querellantes la esposa, los hijos y los padres de desaparecidos, sin advertir que el "criterio amplio" que incluye a los hermanos ya había sido aceptado por el otro juez federal de Santa Fe Reinaldo Rodríguez y su colega de Rosario Marcelo Bailaque y ratificado por el superior común de todos ellos, la Cámara Federal de Rosario.
Schujman le pidió entonces a Miño que revoque su propio decreto porque "en caso de prosperar" ese criterio restringido que niega a los hermanos el derecho a ser querellantes "nos encontraríamos ante los supuestos de denegación de justicia y obstaculización de la tutela judicial efectiva de la víctima".
María Rosa busca a su hermano desde hace 40 años. Es "la única sobreviviente" de los White, "reviste indudablemente la calidad de víctima" por la desaparición de Guillermo, que era soltero, no tuvo hijos y sus padres ya fallecieron. "No existe ninguna otra persona que ostente los requisitos previstos en el Código Procesal Penal", planteó Schujman. Y "así lo entendió el juez Bailaque que la admitió como querellante en la causa (Guerrieri III) que hoy está en juicio ante el Tribunal Oral Nº 1 de Rosario".
Por lo tanto, si Bailaque ya aceptó la querella de White en Rosario, la decisión de Miño de rechazarla en Santa Fe sería "violatoria de la garantía constitucional de la igualdad ante la ley" y un "dispendio jurisdiccional inútil". Más, cuando la Cámara Federal de Rosario ya aceptó la "jurisprudencia" que admite a "los hermanas y hermanos como querellantes", agregó la abogada.
La búsqueda de "justicia" y "del cuerpo de Guillermo durante casi 40 años, fue obstruida por las leyes de impunidad" y operativos del terrorismo de estado para "obstaculizar el avance de las investigaciones, como el nefasto robo de los Tribunales Provinciales de Rosario", en octubre de 1984, en el que se llevaron "los expedientes de esta causa", recordó Schujman. Por lo tanto, si Miño "negara a los familiares sobrevivientes de este genocidio la posibilidad de impulsar las investigaciones y participar en los procesos penales donde se investigan los hechos de los cuales fueran víctimas sus seres queridos se estaría cercenando nuevamente la posibilidad del acceso a la justicia", subrayó.
La abogada citó varios casos de hermanos de desaparecidos que son querellantes, entre ellos el de la diputada Alicia Gutiérrez que busca a su hermana Ana María Mónica Gutiérrez. Y el fiscal Suárez Faisal no sólo coincidió con el criterio de Schujman, sino que mencionó otros dos casos en Santa Fe, donde el juez Rodríguez admitió como querellantes a los hermanos de Ileana Gómez -asesinada en la masacre de Ituzaingó y Las Hermas‑ y los hermanos de Juan Carlos González Gentile, que cayó en febrero de 1977, ambos confirmados por la Cámara Federal de Rosario.
"Otro argumento insoslayable para darnos la razón es que para identificar los restos de Guillermo White en caso de estar enterrado en el campo San Pedro, el ADN que deberá cotejarse es el de su hermana, por lo que resulta un despropósito que la misma no sea admitida como querellante", planteó Schujman. El juez Miño le dio la razón, revocó su propio decreto y la aceptó como querellante en la causa.
