La pandemia nos puso frente a un desafío inédito, porque desacomodó las economías globales y golpeó especialmente a nuestro país, que ya afrontaba un escenario dramático luego del deterioro social y sanitario provocado por el gobierno anterior. En estos meses, la Argentina pudo dar respuesta a la crisis y amortiguar la caída de los ingresos de las familias, gracias a las acciones implementadas por el gobierno nacional, junto a una gran red social que se despliega en todo el territorio. Al mismo tiempo que llevamos adelante políticas de gran alcance como el Plan Argentina contra el hambre, también avanzamos en políticas que permiten la conversión de planes sociales en trabajo y contribuyen a crear un nuevo horizonte de ciudadanía.

El presidente Alberto Fernández planteó prioridades claras: arrancar por los últimos para llegar a todos. Esta decisión se vio reflejada en el refuerzo de la inversión social destinada a las distintas iniciativas del Plan Argentina Contra el Hambre: la tarjeta Alimentar, comedores comunitarios y escolares, transferencias a gobiernos locales para compra de insumos y alimentos y apoyo a la producción y comercialización de alimentos. La tarjeta alimentaria hoy llega a 1.567.751 titulares, cubriendo a más de dos millones de niñas y niños, 45.710 embarazadas y 49.520 personas con discapacidad.

Sabemos que garantizar una base de ingresos es una condición necesaria para reconstruir un esquema social más igualitario. Por eso, es clave el plan Potenciar Trabajo, que implica que las personas cobren la mitad del salario mínimo y se vinculen con el mercado laboral formal. En esa línea, avanzamos en la bancarización de las y los titulares del programa, lo que les permite acceder a créditos y ampliar los ingresos.

Potenciar Trabajo hoy alcanza a 760.660 titulares y ya financiamos 171 proyectos con unidades de gestión locales y provinciales. Los proyectos se enmarcan en la producción de alimentos; los servicios ambientales, de recolección y reciclado de residuos sólidos; la creación de polos textiles con derechos y condiciones seguras; el fortalecimiento de empresas recuperadas y sus circuitos de comercialización; los cuidados integrales y las políticas comunitarias; y el apoyo a los mercados de cercanía. Por su parte, con el Banco Nacional de Maquinarias y Materiales promovemos el acceso a herramientas de trabajo para personas y grupos asociativos que desarrollen iniciativas productivas o de servicios, de manera individual o asociada.

Por otro lado, el Monotributo Social fomenta la formalización de los trabajadores y de las trabajadoras de la economía social, solidaria y popular, y permite el acceso a la facturación y a la cobertura de salud y previsional. Al mismo tiempo, el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP) busca facilitar el acceso de las personas inscriptas a programas de trabajo, capacitación, seguridad social e inclusión financiera.

Estamos haciendo crecer otra dinámica muy relevante para achicar la desigualdad: la urbanización de 4400 barrios populares que hoy no cuentan con los servicios básicos. Estamos frente a la posibilidad real de tener una segunda política de Estado, como ya lo es la Asignación Universal por Hijo, que se puso en marcha bajo la presidencia de Cristina Kirchner. Queremos generar una metodología que se sostenga en el tiempo, porque requerirá una década de trabajo sostenido.

Con todas estas políticas, recuperamos una idea central para la tradición del peronismo: gobernar es generar trabajo. Ya pusimos en marcha mecanismos en donde cruzamos economía popular, ingreso universal, políticas públicas, mejoras en términos de infraestructura y vivienda, acceso a derechos y movilidad económica. A todos los que nos toca gobernar en la pandemia, nos juzgarán por los cambios estructurales que hicimos. Hoy estamos en condiciones de construir un nuevo paradigma de políticas públicas, que siente las bases para reconstruir la movilidad social y generar un nuevo horizonte de ciudadanía.

*Ministro de Desarrollo Social