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El ex ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere estará cerca de enfrentarse una vez más a la justicia, en este caso por una investigación por el delito de lavado de activos. La Unidad de Información Financiera (UIF) se presentó como querellante en la causa que investiga el otorgamiento de un subsidio del Banco Nación a la empresa Las Margaritas S.A., propiedad de los varones Etchevehere y su madre Leonor Barbero por negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Todo empezó en noviembre de 2016 cuando el entonces presidente del Banco Nación de la República Argentina, Carlos Melconian, le otorgó un crédito por 900 mil pesos al establecimiento rural “Las Margaritas S.A.”, propiedad de un viejo conocido suyo y futuro colega en la administración pública: el ex ministro de Agroindustria Luis Etchevehere, sus dos hermanos varones y su mamá en la provincia de Entre Ríos.
El crédito que tomó el ex funcionario replicador de una frase emblema de la derecha argentina, "vagos que viven a cuenta del Estado", era a una tasa subsidiada por el Estado. Además entraba al amparo de la ley que creó el Sistema nacional para la prevención y mitigación de emergencias y desastres agropecuarios.
La norma establece que “la ayuda económica debe considerar el principio de equidad y dar prioridad a los productores agropecuarios considerados como agricultores familiares”. Es decir, para que pequeños productores cubran los daños ocasionados por inundaciones. Por supuesto, inundaciones que no afectaron los campos de los Etchevehere; y cuya acumulación de riqueza y extensiones de tierra distan de parecerse a la de los sujetos destinatarios a los que la ley hace mención expresa y exclusiva.
Según adelantaron desde la UIF en exclusiva a Página 12 "el rol del organismo será impulsar la investigación por considerar a dicha maniobra como delito precedente de lavado de activos, tal cual lo indican las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional". Cuando en una causa hay delitos precedentes al de lavado de activos, el Organismo puede presentarse como querellante debido a la posible existencia de maniobras sospechosas y, de esta manera, impulsar en paralelo una investigación.
En la causa presentada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten en 2016, se acusa de “negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública” al ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian. En este sentido, como Organismo especializado en la materia, la UIF activará la investigación para ver la trazabilidad del dinero con el fin de determinar si hubo o no delito de lavado de activos.
"En el 2017, Luis Etchevehere fue sobreseído, aunque la investigación continúa vigente. En su momento, el entonces titular de la Sociedad Rural declaró que, a pesar de que la empresa había presentado la documentación reglamentaria para acceder al subsidio, nunca recibió el monto solicitado", explicaron desde el organismo.
Los mismos de siempre
El crédito del Banco Nación fue utilizado por los Etchevehere para pagar otro préstamo que habían sacado previamente en el Banco Itaú para productores de soja también a tasa subsidiada por el Estado, que tampoco fue utilizado para su fin sino que fue desviado para solventar financieramente la operación de vaciamiento de El Diario, una de las empresas de la familia, que incluyó el despido de 70 trabajadores.
Por esta maniobra, los Etchevehere tienen otra causa abierta (y cajoneada) desde 2013, que se reactivó en noviembre del año pasado y los implicados tuvieron que declarar ante la justicia de Entre Ríos. El 19 de febrero es la última indagatoria, de Leonor Barbero. Luego de eso, el juez estaría en condiciones de dictar el procesamiento por el vaciamiento de la empresa.
Pero la historia de los “Etchevehere corruptos” que Dolores Etchevehere visibilizó en octubre del año pasado luego de años de maltratos, denuncias e impunidad, cuenta con otras causas abiertas. Los portadores de uno de los apellidos más tradicionales de la oligarquía agropecuaria usaron su poder económico y sus contactos políticos, empresarios, judiciales y mediáticos para realizar actos de corrupción, violencia e impunidad, que incluyen falsificación de firmas, administración fraudulenta, evasión fiscal por cuentas en el exterior no declaradas, lavado de dinero, explotación laboral, acceso a tierras fiscales a precios viles y violencia económica.
"En la primera semana de actividad judicial luego de la feria, me reuní con mi equipo de abogados para trabajar en las próximas acciones judiciales. Estoy permanentemente asistida por organismos públicos fiscales y del poder ejecutivo nacional especializados en género que intervienen en las causas como la UFEM, la DOVIC y ahora se sumó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad", explica Dolores desde Paraná y agrega: "A los jueces, fiscales y políticos de Entre Ríos les decimos que no vamos a descansar hasta lograr verdad, justicia y reparación. Estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias, y si tenemos que endurecer nuestras acciones porque la Justicia no responde, no tengan dudas que lo vamos a hacer".
