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Desde Santa Fe
El juez Marcelo Bailaque, a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe, tardó siete meses en ordenar y ponerle fecha a las indagatorias de dos mandos superiores de la Policía Federal, Osvaldo De Cunto y Eduardo Miguel Francescutti, pero siete días antes de que se realizaran suspendió las audiencias ante el primer planteo de los abogados defensores. El hecho ocurrió esta semana en una causa que investiga supuestas maniobras contra una testigo clave: la agente Roxana González, quien acompañaba al ex jefe de la Policía Federal de Santa Fe Mariano Valdés a bordo de un Ford Focus, en la balacera del 9 de setiembre de 2019, cerca de Villa Constitución. El fiscal Walter Rodriguez pidió la indagatoria de De Cunto y Francescutti por presunto “abuso de autoridad” y “falsedad ideológica” el 29 de julio de 2020, Bailaque la programó para el 10 de febrero de 2021, pero el miércoles pasado, apenas recibió la queja de la defensa suspendió la declaración de los dos comisarios hasta que resuelva el incidente. El 17 de febrero están citados otros dos imputados en la causa, ambos médicos: el subdirector del hospital Churruca, Pablo Farina y el jefe del Servicio de Psiquiatría del complejo, Gabriel Alfredo Fraticola.
La causa se inició, el 20 de mayo de 2020, cuando el fiscal Rodríguez pidió el juicio oral y público de Valdés y del ex subjefe de la delegación local, Higinio Bellaggio ante el Tribunal Oral de Santa Fe. Los denunció por supuesta “confabulación para el transporte de estupefacientes” agravado, “incumplimiento de deberes”, “sustracción de pruebas”, uso de bienes del Estado en “provecho propio” y “falso testimonio”, entre otros cargos.
En ese dictamen, el fiscal decidió ampliar la acción penal para investigar un “proceso” que --a su juicio-- se inició el mismo 9 de septiembre de 2019 para “impactar” en la pesquisa. Y ya entonces mencionó a los cuatro funcionarios, a quienes dos meses después --el 29 de julio--, imputó y solicitó sus indagatorias: De Cunto, Francescutti, Farina y Fraticola.
Cuando ocurrieron los hechos que el fiscal considera partes de un “proceso” -a partir de la balacera en la autopista-, De Cunto era el jefe de la Agencia Regional Córdoba de la Policía Federal. Es decir, superior de Francescutti y éste se desempeñaba como jefe del Area III Rosario, que tenía a su mando a Valdés y a Bellaggio.
El testimonio de Roxana González fue clave en la investigación. El fiscal Rodríguez dijo --en el requerimiento de elevación a juicio del 20 de mayo de 2020-- que Valdés y Bellaggio habían desplegado un “juego de pinzas” sobre la joven para impedirle que contara cómo fue el episodio de la autopista y ejercer un control sobre sus actos.
Sin embargo, en una segunda declaración el 19 de diciembre de 2019, González desmintió la hipótesis del supuesto “robo al voleo”, que sostuvo su jefe. Explicó que en un momento, Valdés frenó la marcha del Focus y estacionó en la banquina. Apareció una 4x4 negra con vidrios polarizados de la que bajaron tres sujetos. El cuarto quedó arriba del vehículo. Valdés también bajó. “Yo no sé qué pasó. Escuché un griterío y una discusión entre ellos”. “Mi jefe subió al auto herido y siguió disparando. La camioneta se fue rápido”, dijo. El otro dato que aportó Roxana fue el trayecto del bolso de Valdés, en el que se descubrieron restos de drogas sintéticas.
El 29 de julio, el fiscal Rodríguez solicitó las indagatorias de los comisarios De Cunto y Francescutti y de los doctores Pablo Farina y Gabriel Fraticola por supuesto “abuso de autoridad” y “falsedad ideológica”. El juez Bailaque se tomó su tiempo, porque recién las ordenó tres meses después, el 30 de octubre, y fijó fecha de las audiencias para 2021: el 10 de febrero De Cunto y Francescutti. Y el 17 de febrero, los dos médicos del hospital Churruca.
Esta semana, Bailaque directamente frenó la investigación, consideró que los planteos de la defensa eran atendibles y suspendió las indagatorias de los dos jefes de la Policía Federal, previstas para el miércoles 10, hasta tanto resuelva el incidente. Las quejas que trascendieron parecen de manual: que los imputados no conocen toda la prueba (precisamente, las indagatorias son para eso: informar los cargos y las pruebas), que las supuestas conductas que se les reprochan a De Cunto y Francescutti no serían delitos, que el fiscal Rodríguez es incompetente para investigarlos y (si nada de eso es suficiente), que la causa debería pasar a los Tribunales de Comodoro Py.
En próximo juicio a Valdés y Bellaggio, una de las pruebas de la causa es una declaración de la abogada Teresita Amores, que se publicó el 24 de noviembre. Amores patrocina a Roxana González. “Cuando la conocí -dijo-, era una chica paralizada por el miedo. Lo único que decía era que la iban a matar. En la primera entrevista, en el momento que me empieza a contar un poco, llama la esposa del tío de Roxana y le dice que la Policía Federal estaba dentro de la casa”.
Roxana “estaba convencida de que la querían matar. No puedo decir quién porque nunca nos dijo quién, pero un poco se empieza a desmembrar cuando llego al domicilio de los tíos. Me encuentro con un auto de la Federal, una ambulancia de la Federal en la esquina y un par de autos de alta gama” sin identificación. “Buscaban a Roxana”, reveló la abogada.
