Este lunes cuando llegue la medianoche se terminará el plazo para anotarse en el concurso para los dos cargos en la Sala I de la Cámara Federal de Comodoro Py que todavía ocupan Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, los jueces que habían sido nombrados por Mauricio Macri por un mecanismo de traslado, sin rendir examen ni obtener acuerdo del Senado. Hasta el viernes a la noche ninguno de los dos se había presentado para concursar, lo que no quita que puedan hacerlo a último momento, a pesar de que iniciaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que frene el proceso de selección. 

El examen para esas dos vacantes será el primero que tome el Consejo de la Magistratura en el año, el 26 de febrero, una señal de la prioridad que el organismo le da. Mientras tanto, los/las consejeros/as analizan qué hacer con otros traslados. Si se guían por el fallo de la Corte Suprema para el dúo B&B, deberían abrir concursos para decenas de designaciones de este tipo desde hace años. En diez días cambiará la presidencia del Consejo y allí vendrían algunas definiciones. El nuevo titular, todo indica, será el académico Diego Molea, alineado con el oficialismo.

El concurso para estas dos vacantes en la Cámara conquista toda la atención porque se trata de un tribunal estratégico en el tablero del fuero federal porteño, en el que el oficialismo ya aprobó la reincorporación de Eduardo Farah, está cerca de nombrar al constitucionalista Roberto Boico, cuyo pliego ingresó al Senado, y tiene la posibilidad de designar a los titulares de dos cargos más. Es el tribunal desde el cual durante el macrismo se desplegó la doctrina Irurzun que habilitó prisiones preventivas a granel contra ex funcionarios. 

 Además, la situación de Bruglia y Bertuzzi estuvo en el centro de la escena a partir de que el Consejo de la Magistratura objetó sus designaciones por traslado, junto con otras ocho, y la Corte terminó dictando una sentencia que los dejó a medio camino. Ellos le habían pedido al máximo tribunal que los reconociera como camaristas legítimos. Los supremos les permitieron permanecer en la Cámara pero dijeron que los “traslados” de jueces de un tribunal o cargo a otro no son definitivos, por lo tanto había que llamar a un nuevo concurso para los lugares que ocupan. El dúo anunció que se presentaría a rendir examen, pero luego cantó retruco e hizo un pedido ante la CIDH para que dicte una medida cautelar y frene el proceso de designación, algo bastante improbable.

Hasta el viernes había 67 inscriptos según pudo constatar Página/12 con fuentes del Consejo. Cerca de Bruglia y Bertuzzi dijeron a este diario que el segundo tiene prácticamente decidido presentarse, pero el primero no. Lo habitual es que la mayoría de los aspirantes se anote sobre la hora de cierre. La especulación es que podría haber el doble de inscriptos. Hasta ahora la lista de concursantes incluye nombres conocidos, como dos jueces de Comodoro Py, Marcelo Martínez de Giorgi y Sebastián Ramos, una secretaria de la Cámara, Ivana Quinteros (a quien le había ido muy bien en el concurso previo para el mismo tribunal), la fiscala federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona, que tiene a cargo la megacausa sobre espionaje durante el gobierno de Macri, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak y el fiscal Leonardo Filippini.

Si Bruglia y Bertuzzi no se presentan, o bien si concursan y no ganan, deberán volver a sus cargos de origen: el Tribunal Oral Federal 4 y el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, respectivamente. En el Consejo nadie descarta que ellos u otras personas afines intenten entorpecer el avance del concurso con algún planteo que cuestione, por ejemplo, la toma de exámenes que los consejeros planean hacer en forma presencial. La Comisión de Selección, que preside Graciela Camaño --quien en la cuestión de los traslados acompañó al kirchnerismo--,  redactó la semana pasada un protocolo, que espera sea revisado en el Ministerio de Salud y en Jefatura de Gabinete, para garantizar los máximos recaudos sanitarios ante la pandemia. Ahora están también en busca de un lugar físico donde tomar las pruebas de oposición. Uno de los favoritos es Tecnópolis, donde hay espacios amplios y estacionamiento.

El jurado ya fue sorteado y lo integran Mirta Gladis Sotelo de Andreau (camarista federal de Corrientes), Javier De Luca (fiscal ante Casación federal), Alberto Salomón Montbrun (ex legislador radical en Mendoza y profesor de Derecho Público en la Universidad Nacional de Cuyo) y Claudia Rezek (abogada de Lomas de Zamora especialista en derecho de familia). Una vez anotados los postulantes tendrán tiempo hasta el 10 de febrero para confirmar su presencia en el examen. Luego de esa prueba los jurados tienen un mes para corregir y 10 días hábiles para revisar los antecedentes, que también reciben puntaje. Después vienen las entrevistas personales, en comisión y en el plenario. El cálculo de los consejeros es que hacia junio estaría todo listo para conformar una terna de candidatos/as. Para agilizar el proceso se simplificaron algunos trámites que ahora se pueden hacer on-line, algo propiciado por la pandemia.

Uno de los dilemas que enfrenta el Consejo es qué hacer con otros jueces y juezas trasladados. ¿Llamar también a concurso? Según el fallo de la Corte Suprema, que con un per saltum resolvió el reclamo de B&B, ningún traslado equivale a un nombramiento definitivo y para eso, por lo tanto, habría que abrir la selección. A fin de julio del año pasado, el organismo votó una resolución de rechazo a los traslados y luego de analizar 38 casos, sostuvo que había 10 que eran irregulares y debían ser revisados por el Senado. Tuvieron en cuenta los que incluían cambio de jurisdicción, competencia y jerarquía. Después de la sentencia suprema, la oposición --y con especial ahínco el diputado/consejero Pablo Tonelli (Juntos por el Cambio)-- sostuvo que había al menos 36 nombramientos de las mismas características de todos los tiempos y que por lo tanto habría que abrir todos esos concursos.

El Consejo envió al Senado los traslados de: Bruglia, Bertuzzi, Farah, Germán Castelli, Federico Villena, Verónica Skanata, Zunilda Niremperger, Gustavo Velázquez, Esteban Hansen y Juan Iglesias. Sólo hubo una definición para los tres primeros. El caso de Castelli está en la Corte todavía y él mientras tanto sigue subrogando en el Tribunal Oral Federal 7, que tiene la causa de los cuadernos. Otros dos traslados que no integraban esa lista pero aparecen en duda son los de Carlos Mahiques, que pasó de la Cámara Nacional de Casación Penal a la Casación Federal, y Ricardo Basílico, que se mudó de un tribunal oral ordinario a uno federal. En el Consejo tienen expectativa de que los supremos, en una próxima sentencia, den más precisiones sobre qué traslados son los que se pueden cuestionar. Una mayoría en el organismo sostuvo al menos el año pasado que hay traslados que no tiene sentido cuestionar, como los que se dan, por ejemplo, entre salas de un mismo tribunal.

Sobre fin de 2020 ingresaron dos consejeros nuevos abogados: Diego Marías (que responde a Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli) y Carlos Matterson (cuya terminal es Daniel Angelici). Estas incorporaciones no cambian el escenario de una relación de fuerzas pareja en el Consejo, donde la que suele desempatar es Graciela Camaño. Lo que sucedió el año pasado fue que tanto ella como los jueces Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta --de raíz opositora-- se alinearon con algunas decisiones del oficialismo. El jueves 18 el juez Alberto Lugones dejará la presidencia y su reemplazante sería el académico Molea, de buena relación con el Gobierno.