El jueves que pasó se concretó la audiencia pública para continuar con el procedimiento administrativo de un pedido de desmonte de 1029 hectáreas en Finca San Isidro, ubicada en Campo Santo, uno de los municipios de General Güemes. El pedido fue solicitado por la empresa EMAISA, que actualmente se encuentra a cargo del Ingenio San Isidro junto al Grupo Ruiz. La propuesta es desmontar el campo para destinarlo a más cañaverales y plantación de limones. 

Según lo explicado por el diputado provincial por ese departamento, Germán Rallé a Salta 12, el proyecto indica que se crearán 20 puestos de trabajo el primer año que inicien con la actividad, para en el quinto completar un plantel total de 160 trabajadores. 

Sin embargo, la oposición más firme vino por el lado del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar San Isidro (SOEASI), dado que denuncian a la empresa de incumplir con los derechos de los trabajadores además de adeudar las indemnizaciones.

Al iniciar 2018, el grupo multinacional de origen peruano Gloria cerró las puertas del Ingenio y dejó 730 trabajadores despedidos. De ellos solo recuperaron su trabajo algo más de 300 y todos quedaron con la mitad de la indemnización. Ya en septiembre de aquel año el Grupo Ruiz compró el Ingenio. 

Las indemnizaciones que corresponde sean pagadas, siguen siendo una deuda. “Lo cierto es que quieren hacer una inversión con el dinero que nos corresponde a los trabajadores despedidos”, dijo el secretario general del SOEASI, Mariano Cuenca, en la audiencia pública. Recordó además las prácticas antisindicales (denunciadas en la Justicia), contra los empresarios, y la creación de una entidad gremial afín a la parte patronal. 

“Han obligado a renunciar al Sindicato”, a aquellos trabajadores despedidos que fueron reincorporados por el nuevo grupo a cargo. Mencionó la imposibilidad de ingresar a realizar inspecciones al Ingenio. “El tema de los empleos fue argumento para conseguir excepciones en el tema ambiental”, denunció Cuenca. 

El dirigente del Partido Obrero, y diputado nacional con mandato cumplido, Pablo López, por su parte, indicó que atravesó algunos percances cuando quiso participar de la audiencia. Indicó que al querer ingresar junto a un grupo que lo acompañana con sus carteles no solo los obligaron a dejar los afiches afuera, sino que también “nos revisaron las mochilas”, convirtiéndose en los únicos sometidos a esta situación. 

Agregó que EMAISA actuó como “dueño de la audiencia” dado que sus representantes eran los que disponían las reglas, en lugar de hacerlo quienes dirigían la audiencia pública. De hecho, la audiencia tuvo lugar en un salón del Ingenio. “Pero si bien ellos ponían el lugar, no pueden adueñarse del procedimiento”, recordó.

López señaló al diputado Rallé, al senador provincial Carlos Rosso y a la intendenta Josefina Pastrana de haber “hecho lobby” para la empresa, al encontrarse presentes en el lugar. Rallé sostuvo que en su caso apoya a los trabajadores, pero entiende que con una iniciativa como la presentada se puede generar los puestos de trabajo que se necesitan.

Una actividad anexada

López indicó además que en el Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS), que presentó EMAISA, se adjuntaron los papeles que los sindican como productores de carbón. Sin embargo, no se mencionó en toda la propuesta sobre la posible futura producción. “Llama la atención”, dijo el dirigente.

Según las averiguaciones que se pudieron realizar, para obtener la autorización para esta producción es preciso iniciar un trámite que no suele contar con audiencia pública, a menos que se trate de un aprovechamiento forestal. Del EIAS, en tanto, surge que EMAISA propone producir carbón de algarrobo blanco y negro, y que cuenta con 3 hornos con una producción de 5 toneladas cada uno. Hasta donde se pudo conocer, por el momento no existiría un permiso de producción de carbón para la empresa.