La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, pidió la elevación a juicio para cuatro policías imputados por haber lesionado con disparos de bala de goma a un joven en 2018, a quien casi le provocaron la pérdida de un ojo.

Los efectivos están imputados por vejaciones calificadas ante el uso de la violencia y lesiones leves, en concurso ideal y en calidad de coautores. Se trata del oficial ayudante Omar Francisco Vale, de 35 años; los cabos Diego Omar Sánchez, de 34 y Raúl Iván Quispe, de 34 y el sargento Rogelio Armando Nanda, de 37, quienes se desempeñaban en la Dirección de Seguridad Urbana.

La denuncia contra los policías fue radicada por la madre de la víctima, quien relató que en la madrugada del 24 de noviembre de 2018, tuvieron una reunión familiar y vecinal en Villa Asunción.

La mujer contó que luego de la cena, cuando su hijo y otros familiares tomaban cerveza en la vereda, llegaron los efectivos policiales en moto y sin mediar palabra, dispararon con escopetas e impactaron en la nariz, espalda y glúteos del joven. Tras esto, la víctima ingresó al patio del domicilio, hasta donde también ingresaron los acusados. Allí continuaron las detonaciones, a pesar de la presencia de niños y personas mayores.

El joven perdió el conocimiento, por lo que debieron trasladarlo hasta el centro de salud de Villa Cecilia, desde donde fue derivado al Hospital San Bernardo. Allí le realizaron suturas y le diagnosticaron “fisura de nariz, con riesgo de pérdida del ojo derecho”.

El requerimiento a juicio sostiene que los acusados, "sin motivo alguno, dispararon sus armas e impactaron contra la integridad física de un joven, a quien le causaron lesiones".

El año pasado, en particular durante la cuarentena, esta modalidad de la policía que dispara a la cara de las víctimas lesionándolas de forma grave en los ojos, se hizo visible con la numerosa cantidad de denuncias que hubo en Salta y también a nivel país. Esta brutalidad policial también se denunciaba durante las protestas en Chile en 2019 cuando hubo cientos de víctimas de mutilación ocular severa provocadas por disparos de la policía.

En Salta, en 2020, el joven de 19 años, Luciano Cruz, sufrió la pérdida de un ojo por disparos de la policía cuando regresaba de trabajar a su casa en barrio Norte Grande. Hubo marchas en pedido de justicia. La causa comenzó a moverse cuando intervino la nueva fiscala Simesen de Bielke, y fueron imputados los efectivos policiales sargento ayudante Rómulo Segovia, sargento Pablo Exequiel Toledo, cabo Ignacio Esteban Zurita y cabo Alfonso Néstor Sánchez, todos de la División Seguridad Urbana. 

En agosto, los mismos policías, fueron acusados del delito de vejaciones calificadas y allanamiento ilegal, todo en concurso real, en perjuicio de otro joven a quien le causaron lesiones en distintas partes del cuerpo que serían por impacto de proyectil de posta de goma.

También en Norte Grande, en julio, un amigo de Cruz, fue herido con la misma modalidad y perdió un ojo. Se trata de Néstor Ramón Ávalos, de 25 años y miembro voluntario del Ejército Argentino, resultó herido durante la noche del 29 de julio, en inmediaciones de una despensa ubicada en Barrio Norte Grande, cuando desde el interior del móvil 1673 efectuaron un disparo de bala de goma con una escopeta, que impactó en su ojo izquierdo. 

Los acusados fueron el suboficial ayudante Luis Armando Quispe, de 37 años; el sargento ayudante Diego Alberto Cachi, de 41; el cabo Víctor Fabián Díaz, de 32 y agente Lucas Daniel González, de 34, fueron acusados del delito de vejaciones calificadas y lesiones graves, en carácter de partícipes necesarios.

En abril, en General Güemes la Policía reprimió a vecinos que estaban en la puerta de una casa y una bala perdida lesionó a una nena de 6 años que se encontraba en un domicilio vecino. La niña recibió intervención médica y no perdió el ojo. 

 En mayo, en la localidad de General Ballivián, Adrián Mercado, de 31 años, perdió un ojo y tenía riesgo de perder el otro, luego de que la policía le disparara en un operativo porque no tenía barbijo. 

En septiembre, la División de Infantería del sector 5 A fue denunciada por haberle disparado y haber dejado sin el ojo derecho a una mujer de 58 años en el barrio 20 de Febrero.

Las organizaciones de derechos humanos, políticas y feministas, de Salta han denunciado la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad en este último tiempo y pidieron la renuncia del ministro de seguridad Juan Manuel Pulleiro. 

En 2019, hubo 5 muertes de personas en operativos policiales aún sin esclarecer.  Cuando se discutía en la Cámara de Diputados, un proyecto para armar con las pistolas taser a la policía, Simesen de Bielke, también se pronunció contra la implementación, evaluó que la Policía salteña "no está capacitada". 

La funcionaria es quien lleva adelante la investigación de múltiples denuncias contra la Policía por violencia institucional. El anterior fiscal Gustavo Vilar Rey fue sumariado luego de las organizaciones denunciaran y demuestren que las causas contra la policía no avanzaban.