El caso del comerciante Humberto Garzón Martínez, detenido el jueves pasado por la violación de una joven de nacionalidad venezolana en su local Uniformes Garzón ubicado en Balvanera, dejó en evidencia las situaciones de abuso y acoso sexual en contexto de empleo o búsqueda laboral y la particular situación de vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres migrantes. Según un estudio, el 69% de las mujeres afirma haber vivido experiencias de violencia/acoso dentro de su entorno de trabajo el último año en Argentina. Además, las mujeres manifiestan un 70% más que los varones haber sido sometidas a acercamientos físicos inapropiados, avances sobre el espacio personal y contactos físicos no consentidos (abrazos, besos, etc.) dentro de su lugar de trabajo. La migración funciona muchas veces como detonante. “Las mujeres migrantes y/o refugiadas se encuentran más expuestas a sufrir situaciones de abuso”, dice una experta.

El 24 de enero, una joven de nacionalidad venezolana, de 18 años, (L.A.R) denunció por abuso sexual al dueño del local “Garzón Uniformes”, ubicado en la calle Paso al 600, en el barrio porteño de Balvanera. Según la denuncia, Humberto Garzón Martínez la había convocado para trabajar de forma temporal como vendedora del negocio. El Juzgado en lo Criminal y Correccional N°15, a cargo de Karina Zucconi, lo procesó por el delito de abuso sexual con acceso carnal pero le concedió la excarcelación. Hubo manifestaciones de la familia y grupos feministas pidiendo que revocaran su excarcelación, así como una intervención con perspectiva de género de la fiscalía que convocó a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).  La excarcelación fue apelada por Silvana Russi, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 41, y la titular de la UFEM, Mariela Labozzetta.

Finalmente, este jueves Garzón fue detenido por orden de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y se espera pronta elevación a juicio oral porque hay muchas pruebas en su contra. “Esto deja a nuestra defendida sin obligación de tener el botón antipático todo el tiempo lo cual era una forma de torturarla”, dijo a este diario el abogado de la familia, Pablo Baqué.

Mujer y migrante

Según explicó Baqué, sumaron a la causa tres testigos: chicas extranjeras que también habían pasado por situaciones de abuso y/o acoso por parte de Garzón. El hecho de ser migrante sumó un componente de vulnerabilidad. En ese sentido Baqué dijo que es importante que las personas migrantes denuncien: “En Argentina no te deportamos porque fuiste víctima de violación y estás sin papeles”.

Patricia, amiga de L.A.R, dijo a este diario que se acercaron otras víctimas de abuso y acoso del detenido. “Chicas que también se presentaron a trabajar… hay tres venezolanas y una colombiana. El publicitaba siempre en páginas de extranjeros. Este tipo sabía muy bien lo que hacía. Obvio que al ser extranjeras, les preguntaba si estaban solas, si tenían pareja, si tenían documentación. Buscaba su vulnerabilidad. En general las chicas que son del extranjero y del interior no quieren preocupar a su familia. Estás en otro país, no tenés familia, ¿quién te va a creer?”, comentó. Y llamó a las chicas que tienen miedo de denunciarlo a que se animen a sumarse a la causa y se contacten a través del Instagram @todosconthays.

Desde la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), Fernanda Vicario, Coordinadora del Servicio Social, contó que suelen recibir consultas de mujeres migrantes y solicitantes de asilo que en la búsqueda laboral o bien en sus contextos laborales han sufrido acoso o abuso. “Durante el período de ASPO por ejemplo, acompañamos la situación de una mujer que había ingresado recientemente al país en búsqueda de trabajo. Consiguió empleo como empleada doméstica y cuidadora de un adulto mayor, y a cambio recibía alojamiento en la vivienda y muy poca remuneración. La mujer refería que recibía acosos constantes de parte del señor, lo que hacía la convivencia insostenible. Sin embargo, no tenía recursos económicos para mudarse del lugar, ni otras opciones de trabajo posibles”. Por otro lado, explicó que “las mujeres migrantes y/o refugiadas se encuentran más expuestas a sufrir situaciones de abuso en virtud de la posible falta de redes, recursos y conocimiento de las instituciones del país de llegada. La falta de documentación puede agravar la situación -contrario a lo que establece la normativa- ya sea por desconocimiento o franco abuso de los/as funcionarixs públicos (ya sea la policía cuando se niega a tomar una denuncia, los hospitales, etc.)”. Además, ellas encuentran mayores obstáculos para el acceso a empleos y alquileres formales, lo que las deja en situación de precariedad laboral y habitacional.

Violencia y acoso en el ámbito laboral

"En una entrevista de trabajo, viví casi una hora de acoso por parte del empleador. Me hizo comentarios sexuales sobre mí, sobre él, sobre parejas e incluso su propia esposa (...) me cuesta muchísimo enfrentar un empleador hombre", contó una mujer en el marco del estudio regional que llevó adelante el portal de empleos Bumeran en colaboración con las organizaciones GROW - Género y Trabajo, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género ELA, la consultora NODOS y la Fundación AVON, con el objetivo de conocer la situación acerca de la violencia que se ejerce dentro del ámbito laboral. A partir de los datos extraídos, observaron que el 73% de las personas encuestadas en Latinoamérica sufren o sufrieron alguna situación de violencia/acoso dentro de su lugar de trabajo en el último año. Pero, además, el 3,22% de ese 73, vivió situaciones de violencia/acoso durante una entrevista de trabajo. La mayoría (el 75%) se identifica como mujeres cis, 22,5% como hombres cis y 2,25% con otras identidades. El 87,5% de las denuncias corresponde al sector privado. Ante la pregunta sobre si denunciaron la situación: el 23,1% lo hizo en el departamento de RRHH y 5,13% fuera de la institución.

En Argentina, el 69% de las mujeres afirmó haber vivido experiencias de violencia/acoso dentro de su entorno de trabajo el último año.

El rol de las instituciones y la justicia

Teniendo en cuenta estos datos, se hace cada vez más evidente la necesidad de protocolos de actuación en casos de violencia de género en los empleos de todos los sectores. Así como un poder judicial que aplique los estándares de derechos humanos y de las mujeres que hace décadas son ley y deje de expulsar a las denunciantes.

En este caso puntual, a pesar de la excarcelación concedida en un comienzo, se hizo notorio lo que puede lograr la intervención del Ministerio Público Fiscal con perspectiva de género y que el Poder Judicial aborde los casos de violencia de género como lo que son. ¿Por qué es importante este enfoque?. “Porque desata toda una serie de compromisos y estándares de investigación que surgen de los tratados de internacionales de derechos humanos de las mujeres, que implican llevar adelante la investigación con lo que se llama ‘debida diligencia reforzada’, es decir, con exhaustividad, con oficiosidad; destinados estos estándares a reducir los déficit que tiene el sistema de justicia en la respuesta a estos casos: impunidad, revictimización, tramitación de los casos con estereotipos de género, descreimiento de las víctimas, sometimiento a las víctimas a situaciones tortuosas, falta de consideración acerca de la situación traumática que implica el delito. Por eso, era uno de los motivos de nuestra oposición a la investigación del caso, porque podía entorpecer la investigación, podía terminar en una fuga, podía correr riesgo la víctima. Este caso sirve para mostrar las obligaciones que todavía tenemos pendiente”, explicó Labozzetta a Página/12.