Durante el fin de semana comenzó en Capitán Bermúdez el proceso de desgasificación de las denominadas “bombonas” de la Petroquímica Bermúdez que, después de su cierre en 2014, dejó en el predio lindero al río Paraná un importante pasivo ambiental, que se puede transformar en residuos peligrosos. Las tareas preventivas están a cargo de la empresa, que debió presentar un plan de trabajo al juzgado de San Lorenzo y son monitoreadas por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático provincial.

La Fiscalía de Estado provincial, por solicitud de la cartera ambiental, solicitó el pasado 22 de enero al juez de feria una medida cautelar que consiste en la adopción inmediata de nuevas medidas preventivas y de monitoreo sobre los residuos peligrosos existentes en el predio ubicado en Capitán Bermúdez, y que se inscriba el pasivo ambiental existente en el Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia.

La planta está fuera de funcionamiento desde 2014 y se conoce que en el lugar hay sustancias peligrosas que pueden constituirse en residuos peligrosos, pudiendo el predio y las napas subterráneas encontrarse contaminados por este tipo de residuos. “Existe un pasivo ambiental importante y muy grave, con seria posibilidad de afectar la salud de las personas de Capitán Bermúdez si ocurre un siniestro de apertura de una o varias bombonas de cloro por el mal estado de las mismas”, explicaron las autoridades provinciales.

En ese marco, el juez ordenó la clausura del establecimiento, que se establezca una guardia policial para garantizar el cumplimiento de la clausura y ordenó que se efectúe un relevamiento de los bienes existentes. También se procedió a señalizar todo el predio con carteles que indican la peligrosidad del lugar.

Mientras estuvo abierta, la Petroquímica producía cloro elemental e hipoclorito de sodio.

La empresa tiene presentado un plan de desgasificación que, con algunas sugerencias y observaciones, fue aprobado por el área técnica del Ministerio. Ahora, la petroquímica, cuyos dueños fueron citados a una audiencia imputativa, comenzó con la desgasificación de las bombonas bajo el control del personal de la cartera ambiental.

El encargado del departamento de Control Ambiental del Ministerio, Fernando Porfiri, precisó que las tareas son “el inicio de un plan de remediación que constó en cortar precintos donde se encontraban las bombonas de cloro de gas, para dar inicio a la desgasificación. Se hizo un reconocimiento del sitio, y despeje de la zona donde se van a realizar los trabajos, los cuales se llevarán adelante in situ, con sistemas de neutralización de fuga y sensores de detección de gas, para hacerlo de manera segura como se exige desde el ministerio. La empresa tiene el deber de informar cada etapa a ejecutar”.

Desde 2016 el Taller Ecologista de Rosario advierte que la presencia de químicos en tanques y tubos de la planta abandonada era "una bomba de tiempo" y que estaba "en riesgo la salud de la población", por lo que reclamó la acción del Estado de manera urgente.

"Una nube de gas cloro avanzando sobre barrios, fábricas, escuelas podría generar un desastre ambiental y de muerte, por eso decimos que esto es una bomba de tiempo y el Estado debe tomarlo de manera urgente", advirtió entonces Cecilia Bianco, coordinadora del área Tóxicos de Taller Ecologista. Recordó que "un hecho similar ocurrió en Bahía Blanca, pero el viento hacia el mar evitó el desastre sobre la comunidad".

El grave pasivo ambiental de Petroquímica Bermúdez tiene un capítulo paralelo por supuesta protección judicial a la empresa propiedad del empresario Sergio Taselli, quien se hizo cargo de la fábrica en la década del 90 al comprar lo que entonces era Electroclor.

En diciembre pasado fue imputado el ex fiscal regional Patricio Serjal –está preso por darle protección a una red de juego clandestino– acusado de "proteger" a la petroquímica y sus dueños. La hipótesis de investigación es que Serjal ordenó al fiscal Juan Carlos Ledesma que archive la causa por contaminación contra la empresa, a pesar de la prueba colectada en septiembre de 2018 al realizarse un allanamiento en el lugar, entre otras pruebas que indicaban que había responsabilidades concretas de Taselli y la empresa.