El presidente Alberto Fernández conversó con PáginaI12 sobre el funcionamiento del Poder Judicial y cuestionó con dureza a la Corte Suprema, así como la persecución judicial contra Cristina Fernández y la prisión de Milagro Sala. "La Corte está mal y lo que era un tribunal prestigioso en los años de Néstor hoy es un tribunal muy poco calificado socialmente", sostuvo Fernández. Este diario conversó con tres juristas para analizar el funcionamiento del Poder Judicial, en general, y la Corte Suprema, en particular, y les tres coincidieron en la necesidad de reformar y actualizar el máximo tribunal. El presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, y la ex jueza María Roqueta, opinaron sobre la composición de la Corte, los tiempos de la Justicia y el debate en torno a la posibilidad de un indulto a ex funcionarios kirchneristas condenados en causas de corrupción.
"Hoy en día el Poder Judicial claramente no está bien considerado. Hay un porcentaje muy alto que piensa que se trabaja mal y que no se brindan respuestas en el tiempo oportuno, y eso es algo que no se puede negar", analizó Alberto Lugones, y apuntó directamente contra el tiempo que le toma a la Corte Suprema resolver los casos que le llegan: "En la Corte tenés sentencias que están para resolver hace seis años, como la cuestión relativa a la integración del Consejo de la Magistratura, y uno ve que los plazos los determina la necesidad política de la Corte. No hay plazo que los obligue a resolver las cuestiones que tienen pendientes", denunció el presidente del Consejo de la Magistratura. "Lamentablemente la Corte no está dando respuesta a los reclamos y necesidades de las personas. Llegar a la Corte Suprema a través de un recurso extraordinario o a través de la queja ha provocado una cantidad infinita de causas que hace humanamente imposible su resolución, sin importar la cantidad de jueces que compongan el tribunal", coincidió la ex jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María Roqueta.
Lugones, en línea con lo sostenido por Roqueta y el mismo Alberto Fernández, se manifestó en contra de la necesidad de ampliar el número de miembros de la Corte y sostuvo que no estaba "convencido" de que "ampliar la Corte Suprema fuera a hacer que funcione mejor". Por el contrario, el abogado Andrés Gil Domínguez, que integró la comisión de expertos que asesoró al presidente sobre la reforma judicial, argumentó que la ampliación podría acarrear "mayor diversidad ideológica, mayor paridad de género y mayor representación federal". "Podría significar una construcción de sentidos en un debate más amplio, pero debería hacerse solo si hay un gran acuerdo nacional porque, de otro modo, caería en la grieta y las bondades que podría traer la ampliación se esfumarían en dos minutos", advirtió Gil Domínguez, quien, entre otras medidas, propuso la creación de un tribunal intermedio que funcionase como filtro para ayudar el funcionamiento del tribunal máximo.
"Pareciera que hablar de reforma judicial sigue siendo un tema tabú, es intocable. El oficialismo no lo puede plantear frente a la sociedad, mucho menos si es el peronismo, porque inmediatamente es descalificado por los prejuicios demagógicos de personas que ni quieren sentarse a discutir", cuestionó Gil Domínguez, haciendo referencia a los discursos que sostienen que, escondida detrás de la reforma judicial de Alberto Fernández, se encuentra el objetivo de indultar y "garantizar la impunidad" de ex funcionarios del kirchnerismo acusados de corrupción. "Cuando la reforma la quiere hacer el otro, y yo no tengo el poder de lapicera para definir quiénes van a ser los jueces que se van a encargar de esa reforma, digo que hay un objetivo oculto. En este caso ese objetivo sería buscar el indulto de alguna figura política", opinó Lugones.
"El indulto es una decisión personalísima de quien preside la República. Yo no estoy de acuerdo, como dice Alberto, que sea una rémora monárquica porque a muchas personas que estaban enfermas y condenadas a unidades carcelarias la posibilidad de un indulto presidencial les permitió morir dignamente en su casa. Me pasó personalmente. No se puede cerrar la mirada, conmutar la pena o indultar forman parte de la Constitución, pero esta es una decisión personalísima del presidente", sostuvo Roqueta quien, sin embargo, coincidió con Fernández en que "no creo que la vicepresidenta esté de acuerdo con un indulto, ella quiere ser absuelta con el debido proceso".
Informe: María Cafferata.
