El cerro 20 de Febrero es tradicionalmente denominado “el de las antenas”, así se lo conoce desde hace décadas ya que en su cima se fueron emplazando las antenas de radio, TV, internet y telefonía celular de toda la ciudad para poder retransmitir desde allí hacia todo el Valle de Lerma.
El lugar que eligieron no es caprichoso, por un lado tiene que ver con las dificultades geográficas que presenta Salta para que la señal arribe a los domicilios, pero a su vez, se debe a que la matrícula que se ubica en la punta pertenece a la provincia, por lo que quienes quieren instalar sus equipos allí, deben solicitar el permiso en la Secretaría de Tierra y Bienes del Estado, que autorizan el uso a través de un comodato. "Nadie es titular, solo lo usamos para retransmitir nuestra señal pero con el permiso explícito de la provincia”, le dijo a este medio uno de los propietarios de medios.
Recién después de obtener esa autorización pueden solicitar a la empresa EDESA un medidor y la conexión de energía eléctrica indispensable para poder trabajar.
Sin embargo, los propietariso de varios medios de comunicación recibieron las últimas semanas notificaciones de los poseedores de un terreno aledaño al provincial. Les reclaman pagar un canon por utilizar las tierras de su propiedad o retirarse del lugar. Y para ello los convocaron a mediación a través de una representante legal.
Consultado por Salta/12, el director de Inmuebles de la Provincia, Luis Cornejo, confirmó que la matrícula 182.524, pegada a la 2.451, donde se ubican las antenas, pertenece a la familia Ragone, la que está denunciando la ocupación.
Cornejo indicó que el espacio cedido para el uso de compañías de celulares, internet y medios de comunicación es efectivamente del Estado, y que una de las matrículas colindantes, la 40.274, y que baja hacia una zona céntrica también es de la provincia. El catastro de los Ragone, por el contrario, baja por la ladera que da al Sporting Club y comprende incluso una parte del camino que lleva a la cima del cerro.
El titular de inmuebles no quiso asegurar que alguna antena repetidora no haya, sin intención, superado los límites, “que son bastante difusos debido a que se trata de una ladera”, pero dijo que eso es bastante difícil debido a que los ocupantes debieron primero tramitar sus permisos en Tierra y Bienes del estado y luego en EDESA. Aunque aclaró que solo se podrá determinar con una buena georreferenciación y con el trabajo de agrimensores “y es un problema entre particulares” que no le concierne a esa dependencia.
Cornejo afirmó que debido a la cota (o nivel de pendiente) dispuesta en el Código de Planeamiento Urbano municipal, los terrenos que posee la familia Ragone desde 1948 no les permitirían construir nada allí.
El titular de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) en Salta, José Aráoz Fleming, también se mostró asombrado ante la pregunta de Salta/12, ya que consideró que los conflictos que tuvieron en algún momento con las antenas “tenía que ver con las licencias y no con los terrenos”.
Este medio visitó la zona en cuestión, a la que se accede a través de un camino de tierra en el ascenso al cerro San Bernardo. Allí se ve con claridad que todas las casillas propiedad de distintos medios tienen su propio medidor de electricidad y si bien por la sobre demanda fueron bajando sobre la ladera, se hace muy difícil detectar que se esté utilizando el terreno privado, debido entre otras cosas a que allí hay un barranco que hace de barrera natural.
Pero por otro lado, porque existe un alambrado perimetral dispuesto sobre toda la matrícula 182.524 y que ya lleva allí varios años dividiendo claramente el catastro privado del que es de uso del estado.
Ese alambrado recorre exactamente todo el perímetro que poseen los Ragone y a simple vista no se ven equipos ni antenas sobre su propiedad. Al ser preguntados sobre esa delimitación, los asesores legales de la familia solo contestaron que un alambrado no significa “que sea el límite de la propiedad”, aunque no quisieron contestar quién lo puso allí, en qué momento ni por qué, y se excusaron de dar más detalles “por respeto a la mediación abierta” y una cláusula de confidencialidad que habrían firmado entre las partes.
También aclararon que “por tratarse de cuestiones patrimoniales privadas”, la familia no autoriza a que se divulguen sus nombres ni la de sus asesores. Por el lado de quienes tienen allí sus antenas y equipos de transmisión se niegan a pagar un canon o retirarse del lugar aduciendo que pidieron todo de manera legal y que están allí desde hace años.
Subrayaron además que en última instancia, y “si es que se determina que hay alguna pequeña parcela implicada”, pedirán su expropiación a la Legislatura ya que se trata de “un servicio público y de interés de la comunidad como son los medios de comunicación”.
