En las primeras horas de ayer se concretó el allanamiento en la residencia de las hermanas Paola Díaz, concejala del municipio de Tartagal, y Rosa Díaz, defensora oficial civil. Ambas están envueltas en un escándalo luego de que una hermana mayor, Sandra Díaz, las acusara de vender donaciones recibidas hace un año para las comunidades wichí de la zona.
El fiscal interino en la Fiscalía Penal 1 de Tartagal, Rafael Medina, intervino de oficio el jueves pasado al enterarse por publicaciones periodísticas de las acusaciones que hacía Sandra Díaz contra sus hermanas en el marco de un pleito familiar. Medina invitó a la hermana mayor a ampliar su denuncia pública ante la Fiscalía el viernes último.
La concejala denunciada se negó a la requisa voluntaria y, ante la negativa se ordenó el allanamiento, que se concretó a las 8 de ayer y ahora se continúa el proceso de investigación, según informaron desde el Ministerio Público Fiscal a Salta/12.
En el domicilio de las hermanas Díaz, ubicado en Villa Saavedra de la ciudad de Tartagal, los efectivos policiales de la Comisaría 45 encontraron bolsones de ropa, alimentos y bidones de agua acopiados en su interior. Toda la mercadería fue sacada de ese lugar y depositada en la sede policial, mientras sigue la investigación. Consultada por este medio, Paula Díaz se excusó de hacer declaraciones, explicó que está pasando por una urgencia familiar debido a que una de sus hijas sufrió un accidente de tránsito en la madrugada del domingo y se encuentra en terapia intensiva.
Sin embargo, el mismo jueves que Sandra Díaz convocó a los medios de comunicación en el domicilio de las denunciadas para denunciar públicamente que tenían retenida mercadería que había sido donada para las comunidades originarias de la zona, la defensora oficial Rosa Díaz aseguró en declaraciones al medio Amtena Noticias que su hermana Paola "ni siquiera sabe lo que son (en referencia a las donaciones) porque nosotros conseguimos fondos de Santa Fe que no están destinados a ningún lado".
Pero en el mismo video, la concejala, manifestó que es parte de un grupo que hace beneficencia y que las cosas que se mostraron en el allanamiento "son cosas que teníamos que llevar a Santa Victoria Este, pero pasó la pandemia". Entre llantos, aseguró que el donativo se hizo con la Fundación Noble de Santa Fe, cuyos representantes "saben que las cosas están acá documentadas" y "en ningún momento se vendió nada".
Acto seguido, confirmó que lo recibido estaba destinado para las comunidades wichí de la zona y sostuvo que lo que quedaba en la vivienda, que oficialmente es propiedad de su madre fallecida, era lo que restaba entregar.
Por su parte, Sandra Díaz dijo que antes del allanamiento, el fiscal Medina "tuvo la amabilidad" de llamarla para que se acercara. "Sacaban mercadería con borbojos y bichos", lamentó. "Le expliqué (al fiscal) el nombre de las personas que vendieron las cosas", sostuvo. Según contó, la metodología consistía en vender bolsones de ropa en las ferias de la zona o en Bolivia, aprovechando la cercanía con el vecin país.
El revuelo fue tal que desde la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP), junto a las comunidades originarias de Santa Victoria Este del departamento de Rivadavia, anunciaron que hoy a las 8 estarán viajando a Tartagal para manifestarse en contra de las funcionarias. Además, anticiparon que pedirán la entrega de las donaciones.
Ya el sábado los caciques Cándido Mansilla, de la organización La Nueva Generación, y Celina Juárez, de la comunidad Lapacho II, fueron a la casa de la concejala para exigir la entrega de los donativos.
Para una próxima campaña
Sandra Díaz contó a Salta/12 que el conflictó se inició cuando se acercó al domicilio de sus hermanas a pedir agua y ropa para una familia indígena que debía viajar a la capital salteña. Según la denunciante, la respuesta obtenida fue que: "eso es para la Paola cuando sea candidata para diputada".
Tras ese intercambio, que ocurrió hace dos semanas, la mujer dijo que fue a la Fiscalía de Tartagal a dar a conocer la situación, pero aclaró que no realizó una denuncia formal, lo cual fue confirmado por el Ministerio Público Fiscal. Según contó, cuando regresó al domicilio familiar, Rosa Díaz llamó a Policía denunciando que la quiso acuchillar. Sandra aseguró que esto es falso pero dijo que si bien le ofrecieron hacer una contradenuncia, decidió no hacerla.
Respecto de la mercadería encontrada en el depósito familiar, Sandra Díaz aseguró que se trata de donativos recibidos cuando se conoció públicamente la muerte de los niños wichí por causas vinculadas a la desnutrición, lo que originó la llegada de funcionarios nacionales y hasta del animador Marcelo Tinelli. "Fue para ese tiempo y las donaciones llegaron de fundaciones de River, Noble, Alas Vivir, y de Buenos Aires y Tucumán", dijo la denunciante.
Tras el escándalo, el intendente de Tartagal, el radical Mario Mimessi, se despegó de la figura de la concejala, que había sido señalada como militante de la UCR. "No pertenece al sector radical sino al partido Ahora Patria (del exdiputado Alfredo Olmedo) y que en las últimas elecciones formó parte del frente que me apoyó como candidato a intendente por Tartagal", manifestó en declaraciones al diario El Tribuno.
Además, dijo que se trató de una situación familiar y privada, que “fue aprovechada para desatar un escándalo, que algunos pretendieron utilizar para confundir y manchar nuestra gestión”.
