Apenas un día después de que Alberto Fernández convocara a los productores agropecuarios a buscar soluciones para la suba desmedida de precios de los productos alimenticios para el mercado interno, en un reportaje publicado por Página/12, se publicó en el Boletín Oficial el acuerdo firmado por los distintos participantes de la cadena de la industria aceitera, que garantiza al mismo tiempo la continuidad de las exportaciones y precios razonables para los consumidores.
El caso del aceite fue justamente el ejemplo elegido por el Presidente para explicar uno de los caminos que propone para encarar el tema de los precios de los alimentos. "Los aceiteros lo entendieron y organizaron un fideicomiso, resolvieron un mecanismo de compensación entre ellos", había asegurado Alberto Fernández, al asegurar que "si no lo entienden", los productores obligarían al Gobierno a intervenir a través de cupos o retenciones.
El acuerdo llegó tras un mes de trabajo conjunto, en el cual el Gobierno Nacional cerró con el sector agroexportador la creación de un fideicomiso que garantiza precios estables y provisión del aceite comestible hasta el año 2022. El mecanismo financiero, instrumentado por los ministerios de Agricultura y Desarrollo Productivo, regirá para el aceite de soja y girasol, y tendrá en esta semana la confirmación de cuál será el valor guía del litro de producto para todo el país, el cual tendrá actualizaciones trimestrales en línea con la inflación. Los privados contarán con 15 días hábiles para poner en marcha el fideicomiso, según la Resolución 1 del 2021 publicada en el Boletín Oficial.
Además de los puntos técnicos, el acuerdo es un hecho político: por un lado, confirma el primer desacople formal de los precios de los alimentos a nivel local del valor internacional, cuando hoy el mismo producto en el exterior (Rusia, Australia, Ucrania y los Estados Unidos) es un 80 por ciento más caro. Una idea que el Gobierno venía planteando para solucionar la disparada en precios de alimentos básicos relacionados a las materias primas del agro. Por otra parte, consagra un pacto entre el Ejecutivo y un sector del campo que hace tiempo se muestra negociador, el de la agroindustria, diferenciado de una Mesa de Enlace centrada en una ideología del conflicto.
La violenta reacción de este último sector contra lo expresado por el Presidente había sido inmediata. Tanto dos ex ministros de Agricultura de Mauricio Macri como los dirigentes de la Mesa de Enlace más ligados a Juntos por el Cambio rechazaron de plano la propuesta y calificaron como inviable su perspectiva. El acuerdo en la cadena aceitera deja sin demasiados argumentos a sus invectivas.
El fideicomiso se inscribe en una estructura beneficiosa para el Estado y los privados: exime al Gobierno de poner dinero de sus arcas, en una situación donde el déficit se mira al detalle; y a la vez les garantiza a los empresarios no ver aumentadas las retenciones de soja y girasol en todas sus variantes (del poroto a los procesados), para todo el complejo oleaginoso. Todo con una garantía de exportaciones fluidas y mercado interno abastecido en volúmenes y precios razonables.
Este es una especie de caso testigo de las “soluciones alternativas” que el Ejecutivo estaba dispuesto a buscar en diálogo con los privados, tal como manifestó Alberto Fernández en la entrevista con PáginaI12. Y con un punto extra: le pone presión a las cadenas del trigo y el maíz, las que aún no tienen acuerdos, para trabajar en alternativas similares que les permitan un beneficio y salir del frente de ser pasibles de subas en retenciones. El maíz está en la mira por ser alimento avícola y el trigo por la cuestión pan y harinas, todos productos cuyos precios se siguen de cerca. Para ver si esto puede darse, el Ejecutivo cree que es clave ver el funcionamiento del acuerdo por la carne en el mediano plazo.
En la mesa de la política
La medida se dio luego de un acta firmada el 30 de diciembre pasado entre el Gobierno y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y Centro de Exportadores de Cereales (CEC). Este último sector, la cabeza del campo negociador representado en el Consejo Agroindustrial (CAA). El acuerdo "protege a los consumidores y al comercio exterior", graficó CIARA-CEC por medio de un comunicado. Y destacó que, “finalmente, se arribó a un acuerdo con el Estado en un mecanismo para que los consumidores del mercado interno puedan contar con un precio accesible para los aceites a través de una compensación previsible que estimule la libertad de mercado y la libre competencia, garantizando el abastecimiento interno".
Según explicó la entidad que conduce Gustavo Idigoras, “el fideicomiso privado que se constituirá se propone proteger a los consumidores de aceites de girasol y mezcla con el de soja de las oscilaciones externas de esos commodities". Y subrayó que esta protección se dará "mediante un sistema interno de compensaciones que posibilite estimular la libertad de mercado y la libre competencia, garantizando el abastecimiento interno y asegurando precios justos y razonables para los consumidores".
La norma prevé que los aportes de fondos de cada fiduciante sean calculados según las declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE) de los productos sujetos a aportes, registradas a partir de la fecha de corte, que será el 1 de febrero último. Es decir, los exportadores (que no siempre venden también en el mercado local) subsidiarán parte del precio local de aquellos que comercian interno, como Molino Cañuelas, Molinos Río de la Plata o Aceitera General Deheza (AGD). Según CIARA, "para las empresas asociadas significará un esfuerzo de 29 millones de litros mensuales, 75 por ciento del mercado nacional, implicando un valor anual de compensaciones intra industria por 190 millones de dólares, que financiará la propia industria, para evitar incrementos en los precios".
