En las últimas semanas, miles de familias, docentes, estudiantes y gran parte de la sociedad en su conjunto ha sido puesta en una situación de suma angustia por el inminente retorno a clases presenciales en el ciclo lectivo 2021, en medio de una pandemia sin precedentes a nivel mundial. La clase política se encargó de instalar un discurso por demás demagógico, se escucha por todos los medios decir que “la prioridad número uno es la escuela”; “primero la escuela”; “las clases presenciales son prioridad”, entre otras frases similares que suenan lindo, pero no son más que palabras huecas si no van acompañadas de recursos.

En la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña se han ocupado de vaciar, precarizar y privatizar el sistema público de educación de forma sistemática en los últimos años. Están en peligro de extinción los 29 institutos de formación docente, atentan de manera permanente contra el Estatuto Docente, desde hace años cierran salas, grados, cursos y escuelas enteras, como fue el reciente caso de la Escuela Infantil N° 6 D.E. 6 en el Hospital Ramos Mejía, donde se le vulneró no sólo el derecho de acceso a la educación pública, laica, gratuita y estatal de 350 infancias, sino también el derecho a la lactancia materna a las trabajadoras del hospital y sus bebés.

Vaciaron el Plan Sarmiento que hasta hace pocos años repartía computadoras para estudiantes y docentes de todo el nivel primario. Cuando fueron Gobierno Nacional cerraron el plan Conectar Igualdad, que entregaba también dispositivos a estudiantes de Nivel Medio de todo el país. El gobierno de Larreta y Acuña dejó en 2020 cerca de 15 mil familias en lista de espera, porque no sólo no construye escuelas, sino que las cierra, mientras se ha dedicado a proliferar la Ciudad con los Centros de Primera Infancia (CPI), que no son escuelas. No dependen del Ministerio de Educación sino del Ministerio de Desarrollo, y son de gestión mixta, no totalmente estatal. Se crean así recorridos escolares diferenciados para infancias que deben demostrar su pobreza con un certificado para poder acceder a esos espacios. Esto mismo intentaron con un escandaloso fallo del Tribunal Superior de Justicia en las escuelas públicas, que sólo puedan reclamar por su derecho vulnerado las familias que demuestren ser pobres. Porque eso considera el Gobierno que es la escuela pública, un lugar para “pobres y fracasados”, como la escuchamos decir a la ministra Acuña con total impunidad. Una ministra que la comunidad educativa repudia, que ha dado sobradas muestras de su incapacidad de dialogar, de escucha de demandas, de gestión a favor de los intereses de la comunidad. Un personaje que seguramente pasará a ser recordado como una de las mayores detractoras de la educación pública de la historia de la Ciudad, si es que al fin de su mandato logramos que siga en pie, porque es claramente la misión de su gestión hacerla desaparecer.

A pocos días de la supuesta vuelta a la presencialidad en CABA, aún no hay protocolos definitivos sino “borradores”, dando cuenta de lo improvisada que es la medida. Distanciamiento mínimo de 1,5 metros, higiene y ventilación como medidas de cuidado. Quienes transitamos la escuela pública desde hace años, sabemos que hay condiciones imposibles de cumplir, nunca hubo siquiera jabón, ni papel higiénico en los baños. El gobierno especialista en marketing proveerá de los elementos los primeros días para la foto, y después dejarán de estar y tendremos que ser las familias a través de las cooperadoras y el equipo docente, quienes nos encarguemos de garantizar las condiciones de higiene y seguridad frente al Estado ausente.

Por su parte, el Gobierno Nacional, que ha pasado varios meses dando fabulosos discursos también, que ha perseguido a la población para que respete las normas de cuidado, ahora se pliega a la política aperturista casi criminal que plantea Juntos por el Cambio. Quitando a las madres y a los padres de menores de 14 años la posibilidad de teletrabajar, habilitando la presencialidad aun cuando el semáforo epidemiológico se encuentra en rojo, sin respetar las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Pediatría. Ambos gobiernos aseveran la obligatoriedad de la presencialidad sin dar respuesta a las personas que son o conviven con personas de riesgo, o a aquellas familias que no desean abandonar las medidas de cuidado que las han mantenido todo este tiempo a salvo de la enfermedad. No hubo obras de mantenimiento ni reacondicionamiento edilicio. Muchas escuelas no tienen suficientes sanitarios, ventilación, calefacción, tienen aulas de tamaño reducido, patios techados, matrículas excedidas; falta personal y elementos de limpieza. No han sumado personal docente para atender la presencialidad y la virtualidad simultáneamente, ni recursos materiales y humanos para la inclusión de personas con discapacidad. Por todo esto, sabemos que no será posible aplicar el distanciamiento, la higiene y los cuidados necesarios para garantizar condiciones de seguridad.

La comunidad educativa reclama por dispositivos y conectividad para todos los niveles y modalidades del sistema educativo desde el inicio de la pandemia, pero ninguno de los gobiernos ha dado respuestas favorables.

Las familias trabajadoras advertimos también hace años la desinversión en los hospitales públicos. Sabemos que hay que hacer fila desde la madrugada para obtener un turno para atención médica, y en el caso de tener trabajo formal padecemos el vaciamiento de las obras sociales. Sabemos el riesgo que implica el colapso de los transportes públicos y sufrimos porque nuestras niñas y nuestros niños verán sus vidas truncadas si nos pasa algo, porque vivimos de nuestro sueldo, sin privilegio alguno. No es justo que nos obliguen a enfermar, no es justo que nos obliguen a poner en riesgo la vida propia y la de nuestras familias, no es justo que tomen decisiones sin atender estas legítimas demandas, desoyendo la voz de quienes clamamos por medidas que nos permitan sentir que el Estado está presente para cuidarnos, no para enfermarnos. Por eso pedimos que no haya vuelta a la presencialidad si no están dadas las condiciones.

*Docente. Integrante del colectivo Familias por el Retorno Seguro a las Escuelas.