Una joven de 30 años de nombre Lara lucha por su vida tras haber asistido a una fiesta electrónica de la localidad de Armstrong, donde --según dijeron sus padres-- "le dieron una bomba" que la dejó internada en terapia intensiva por sobredosis. El director del Sanatorio de la Mujer, donde la mujer permanece en coma farmacológico, indicó que se trató de éxtasis (ver aparte). Sus padres apuntaron a un muchacho que la invitó. La fiesta a la que asistió Lara, oriunda de Villa Mugueta, se realizó el viernes. Mientras la chica pelea por su vida en una terapia intensiva, desde el Ministerio de Seguridad provincial acusaron al municipio de Armstrong de otorgar una "habilitación trucha" para una actividad "que contraviene todas las regulaciones sanitarias contra la pandemia de covid", en el marco de una reglamentación nacional. 

Armstrong era ayer un hervidero de opiniones encontradas por las consecuencias de la fiesta electrónica que se inició el viernes a las 15 en un predio rural conocido como La Fermina. El mismo, que consta de varias pistas de baile y salones, fue habilitado en diciembre por la Municipalidad a pesar de las restricciones de los decretos nacionales y provinciales por pandemia y tras una multitudinaria fiesta cladestina que se hizo el 1° de diciembre que terminó con desórdenes y heridos. Ya con habilitación, controles de tránsito, la prohibición de que ingresen personas de otras localidades y ciertas condiciones fijadas por la Intendencia hubo fiestas el 24 y 31 de diciembre sin incidentes. También se permitió la realización de casamientos y cumpleaños de 15.

La fiesta electrónica estaba autorizada para 800 personas –aunque se asegura que fueron varios cientos más– que pagaron entradas de 4 a 12 mil pesos para ubicarse en burbujas de diez personas cada una.

Fue el subsecretario de Seguridad Preventiva, Diego Llumá, quien puso el grito en el cielo. "Se vendieron 1.200 entradas. La habilitación trucha que otorgó el municipio era para 800. Nos enteramos de esta situación 24 horas antes, porque los organizadores tuvieron la desfachatez de contratar servicios de policías adicionales para una fiesta electrónica que contraviene todas las regulaciones sanitarias por covid”, señaló. “Las fiestas electrónicas no son racionalmente posibles en el marco de una pandemia. Hubo una habilitación trucha que va en contravención del marco legal de la pandemia. Hay habilitación, pero es como si yo quisiera habilitar el homicidio. El municipio puede querer habilitar una actividad que es un delito, pero la policía notificó al Ministerio de Seguridad y dimos parte a la Justicia, es decir al fiscal de Flagrancia quien a su vez informó anticipadamente al fiscal Regional sobre la realización de esa fiesta”, indicó Llumá. En otra emisora agregó que "se pidió al fiscal que indique a la policía cómo actuar". Y lamentó que "una de las consecuencias de todas las actividades ilegales que se dieron en la fiesta fue la intoxicación de una mujer".

Llumá advirtió que "la pandemia sigue", y planteó "que los otros municipios y los productores de este tipo de espectáculos tengan en cuenta actividades que están reguladas por decretos provinciales y nacionales. Hay actividades que se permiten con un cupo, pero ninguna es una fiesta electrónica", remarcó. “Por más burbujas y protocolos de papel que quieren dibujar, no está permitida”, enfatizó sobre lo que no hubo pronunciamiento municipal, al menos por canales o redes oficiales.  

"Los municipios deben abstenerse de emitir habilitaciones que contradicen los decretos de distanciamiento social emitidos por las autoridades sanitarias de la provincia", explicó el Ministerio.

Desde Fiscalía señalaron que hicieron consulta y la Municipalidad indicó que la fiesta estaba autorizada --por el Municipio-- con requisitos a cumplir. Ante el aviso del Ministerio acerca de que no cumplía con los mismos, "se entendió que era una situación de prevención" y recordaron que Fiscalía actúa con hechos consumados o en flagrancia. En tanto, indicaron que se solicitó a la comisaría de la zona que controle los requisitos autorizados, e indicaron que "no hubo aviso de un incumplimiento". Ahora, "se pedirán informes a todos sobre las internvenciones y se evaluará la situación". Sobre la mujer internada, ayer se analizaba si el caso sería de competencia federal y se tomarían testimonios de quienes estuvieron con ella en el lugar.

En tanto, el gobierno del intendente Pablo Verdecchia se sumió en el silencio. Rosario/12 pudo recoger de fuentes de esa ciudad de 16 mil habitantes que la habilitación de La Fermina en diciembre y a partir de un dilema que tuvieron casi todos los intendentes y presidentes comunales por la propagación de fiestas clandestinas en canmpos, rutas y casas. 

En el caso de Armstrong la intendencia optó por la hipótesis de que era mejor una habilitación controlada –aunque contradecía las normas de provincia y nación– a que se repitan fiestas clandestinas como la del 1° de diciembre que estaban provocando serios problemas en muchas localidades. En casos como Casilda y Villa Trinidad, por ejemplo, con varios jóvenes muertos en siniestros de tránsito durante los traslados en autos particulares por caminos rurales y rutas.