Primer acto: el Gobierno porteño recusa al juez Andrés Gallardo con una fake news entre los argumentos, para evitar dar explicaciones sobre el comienzo de clases en un audiencia judicial a la que estaba citada la ministra de Educación, Soledad Acuña. Segundo acto: la gestión PRO pide ante la nueva jueza -que instruye la causa mientras se resuelve la recusación- que se suspenda una audiencia y se archive la causa. Tercer acto: la Cámara rechaza la recusación por lo que Gallardo debería volver a la causa, pero cincuenta minutos más tarde de esa decisión la  jueza que lo reemplazaba en forma temporal resolvió archivar todo y suspender la audiencia. No es una obra de teatro, es la forma en la que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta logró no dar explicaciones ante el Poder Judicial sobre el operativo para testear a los docentes y no docentes ante el comienzo de clases presenciales.

Todo comenzó con un amparo de un dirigente de Sutecba que buscaba garantías para los auxiliares de portería de las escuelas ante el regreso a clases. En la causa, el juez Gallardo pidió información sobre cómo iba a ser el sistema de testeo a docentes y no docentes y citó a la ministra Acuña y al ministro de Salud, Fernán Quirós, a una audiencia judicial, a la que también convocó a los que pidieron el amparo y a los gremios docentes.

De inmediato, medios cercanos al PRO lanzaron la noticia falsa de que el juez había ordenado suspender las clases. Otros medios sostuvieron que en su cabeza ya tenía decidido hacerlo (confirmado: habría periodistas que leen la mente). En base a estas fake news, el Gobierno porteño presentó una recusación contra el juez Gallardo. En el escrito, hicieron un largo racconto de todas las medidas que el magistrado tomó en su vida y que no agradan al PRO.

El efecto concreto que lograron fue quitarle la causa al juez mientras se definía la recusación. Se sorteó y recayó en la jueza Ana Paola Cabezas Cescato, que es una de las pocas que rechaza amparos por falta de vacantes en línea con el discurso del Gobierno porteño. La magistrada recibió el pedido del Gobierno porteño de suspender la audiencia y dar de baja toda la causa. Curiosamente, le llegó poco después de que Acuña dijo que no tenía problemas en ir a una audiencia judicial. Ante la nueva jueza, presentaron parte de la información que pedía Gallardo.

Mientras tanto, la recusación recayó ante la Sala 2 de la Cámara en lo contencioso administrativo. Allí, Gallardo presentó su defensa: "No se logra entender cómo la mera convocatoria a una audiencia para recabar información puede constituir un acto que denote falta de imparcialidad". El magistrado indicó que, con la lógica de esa recusación, "el GCBA se reserva siempre el derecho de generar especies periodísticas o valerse de las circulantes para recusar. Es una especie inferior de Lawfare". 

Finalmente, la Cámara de apelaciones rechazó la recusación del Gobierno porteño. El fallo de los camaristas Esteban Centanaro, Mariana Díaz y Fernando Juan Lima refuta hasta los puntos más insólitos del escrito del Gobierno porteño. Por ejemplo, terminan por tener que decir que ellos no pueden acreditar ni analizar "si el Sr. juez de primera instancia desprecia a quienes forman parte del gobierno de turno, así como cualquier indagación sobre la agenda de los funcionarios que lo integran". Por ridículo que parezca, ese punto estaba entre los que puso negro sobre blanco la administración de Larreta y por eso los camaristas tuvieron que responderlo.

Además, le reprocharon al Gobierno porteño que su escrito está plagado de frases como "es ampliamente conocido el malestar del magistrado...". "El tenor de afirmaciones genéricas así como la práctica de copiar y pegar párrafos relacionados a otras causas y a otras situaciones carecen de idoneidad para fundar la recusación", les cuestionaron.

También dijeron que en la citación de funcionarios y el pedido de información para la causa "no surge que el magistrado se haya extralimitado, ni el GCBA ha aportado elementos para acreditar que el magistradose haya excedido en sus funciones". "Como tiene reiteradamente dicho la Corte Suprema, para que provoque el apartamiento del juez, el prejuzgamiento debe ser expreso y recaer sobre la cuestión de fondo a decidir", advirtieron. Por último, indicaron que las noticias (falsas o no), no pueden ser usadas como argumento para una recusación: "La difusión pública de lo que aquí se sustancia (con muchas y contradictorias versiones, tan interesadas como poco fidedignas) no puede incidir en loque ahora se está decidiendo". Un dato adicional: los camaristas que escribieron estos reproches no son de los que habitualmente le fallan en contra al Gobierno porteño.

Por último dicen que la recusación no debe usarse para "apartar por un breve lapso al juez de la causa como mecanismo para modificar el ámbito de la discusión". Pero eso fue precisamente lo que consiguió el Gobierno porteño: que por unos días Gallardo no estuviera frente a su causa, para lograr cerrarla. La magistrada lo hizo cincuenta minutos más tarde: el rechazo de la recusación se emitió a las 8:51 de este lunes. A las 9:41, la jueza que reemplazaba en forma temporal a Gallardo decidió archivar todo. No obstante, la Cámara no notificó a la jueza de su fallo porque va a esperar a que el incidente de la recusación quede firme (lo que podría tardar unos 10 días más).

Según se lee en su fallo, la jueza Cabezas Cescato se conformó con el escrito que presentó el Gobierno porteño -donde informaban generalidades de los testeos- y se apuró a cerrar las actuaciones antes de que volvera el juez que, finalmente, no resultó recusado. "Si bien mediáticamente se ha instalado una idea equivocada, el objeto de este amparo se limitaba a la comprobación de la existencia de un protocolo de testeos y, llegado el caso de que no existiera, a que se supliera esa omisión. Nada más", afirmó Cabezas Cescato, que también aseguró que los ministros no tenían por qué explicarle nada en esa causa al Poder Judicial. Un enorme favor al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta.