La Cámara Federal sobreseyó al titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Félix Crous, que había sido denunciado por un ejército de referentes de la oposición a partir de que el organismo desistió de seguir adelante con la querella en las causas conocidas como “Hotesur” y “Los Sauces”, donde está acusada Cristina Fernández de Kirchner. En esos casos se basaba la primera presentación. Como iba rumbo al fracaso, se sumaron más y más escritos (se presentaron 16 dirigentes distintos) hasta plantear que había “un plan de impunidad” que pretendía “desbaratar las investigaciones” contra la vicepresidenta. Pese a la insistencia del fiscal Carlos Stornelli por imputar al funcionario, el tribunal sostuvo que la OA no tiene obligación de querellar, sino que está facultada a hacerlo y que el hecho de que no lo haga no implica cometer un delito o beneficiar a alguien, salvo que se demuestre con pruebas en el caso específico, lo que aquí no sucedió.

“La decisión no podía ser otra para una denuncia absurda que nunca debía haber sido impulsada por la fiscalía. La jueza (María Eugenia Capuchetti) en su momento y la cámara ahora dicen algo que es obvio: querellar es una facultad, no una obligación. Lo sabe cualquier estudiante de abogacía de primer año. Casi un año de trámite llevó este expediente ridículo, lo que demuestra una vez más que litigar es demasiado caro para el que lo necesita y muy barato para los que quieren hacer política en tribunales”, le dijo Crous a Página/12. El fiscal Stornelli le adjudicaba los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de perseguir delitos, prevaricato (fallar intencionalmente contra Derecho) y encubrimiento. El voto de Carolina Robiglio y Juan Carlos Bonzón, que actuaron como subrogantes, desecha uno por uno. Los argumentos del camarista de Mariano Llorens van en el mismo sentido.

“No se ve respaldada la afirmación en sentido de que el funcionario denunciado hubiera dictado actos contrarios a una ley o la Constitución Nacional, o que haya ejercido de manera arbitraria -en sentido técnico jurídico- la función, o que haya realizado actos prohibidos o haya omitido algún acto que hubiera estado obligado a realizar o generado la pérdida o disminución de la posibilidad de obtener un resultado determinado en el trámite de actuaciones en sede judicial”, dice un tramo del fallo. 

Otro de los argumentos centrales es que “las partes querellantes desarrollan su actividad a la par del representante del Ministerio Público Fiscal” por lo tanto “su desistimiento en el ejercicio de aquel rol, carece de entidad para perjudicar el avance de los procesos, y los actos que se cumplieron con anterioridad al desistimiento conservan su validez y vigencia, por lo tanto, el accionar cuestionado (a Crous) no tiene las consecuencias procesales que en términos de responsabilidad penal se le atribuye en las imputaciones… ”. Otro argumento de Stornelli fue que a Crous se lo sobreseyó sin haberlo indagado. Tanto la jueza como la Cámara señalaron que la indagatoria no es condición y que una causa se puede cerrar antes si se determina que no existe delito en juego.

La denuncia que dio origen a la causa fue presentada por un grupo de diputados y diputadas de Juntos por el Cambio: Jorge Enríquez, Graciela Ocaña, Waldo Wolff, Fernando Iglesias y Alvaro Lamadrid. Ellos decían que Crous “faltó a sus obligaciones” con el “evidente objeto de beneficiar a los imputados” y “perjudicado deliberadamente la causa que le ha sido confiada”. Como era evidente la endeblez de los argumentos, se empezaron a sumar diputados con su adhesión a la denuncia: Ingrid Jetter, Alberto Assef, Gustavo Hein, Julio Sahad, Pablo Torello, Luis Mario Pastori y Lorena Matzen. Otro grupo hizo denuncias aparte, que se fueron acumulando: Mónica Frade, Marcela Campagnoli y Paula Oliveto agregaron delitos, y lo mismo hizo la abogada Silvina Martínez. Otro de los planteos era que había una “campaña de desprestigio de las investigaciones” contra CFK “a partir de considerárselas parte de un sistema de lawfare…” y que se habían designado especialmente ciertos funcionarios para entorpecer, inhibir o desbaratar las investigaciones penales”.

La Cámara no encontró ni un dato que avale la teoría de que desistir de la querellas en Hotesur y Los Sauces, y luego en otras causas, pusiera en crisis las investigaciones y obstaculizara algo. De hecho, Hotesur-Los Sauces son expedientes que ya están en un tribunal oral, a la espera de fecha de juicio. El fallo explica que, además de que en todas las causas está el impulso y acusación de la fiscalía, hay expedientes donde interviene también como querellante la Unidad de Información Financiera (UFI). Algo claro, que no requiere ningún análisis judicial, es que durante el macrismo tanto la OA como la UIF fueron dos organismos utilizados por el Poder Ejecutivo para meterse e incidir en las causas, reclamando indagatorias, promoviendo embargos y filtrando información a los medios que estaban alineados con el gobierno de Mauricio Macri.

La decisión de la actual gestión de Crous fue retirarse de las querellas, sin poner en discusión lo que ya se había hecho (en el juicio contra Lázaro Baez por lavado, de hecho, quedó en pie la acusación de la OA que pidió 8 años y 6 meses de prisión). “Como se anunció desde el comienzo de la gestión, la oficina se dedicará a la tarea de promoción de la integridad y la transparencia –explicó Crous– esto es la faz preventiva de la corrupción, aspecto históricamente desatendido de esta dependencia mientras que la promoción de las investigaciones judiciales ya cuentan con los fiscales federales. Así, se cumple con la función de promover políticas públicas anticorrupción, a la vez que se economizan recursos del Estado evitando la duplicación de tareas”.