La sala II de la Cámara Federal de San Martín fue escenario este martes de una audiencia para solicitar el cierre de la causa que mantiene procesadas a un grupo de personas detenidas por manifestarse en contra de los despidos en la empresa Lear, en julio de 2019. "Es una causa penal delirante contra trabajadores y manifestantes, un peligroso antecedente repudiado por numerosos sectores democráticos y organismos de derechos humanos", sintetizó la abogada y diputada porteña Myriam Bregman (PTS-FIT) ante los camaristas. Aquella manifestación social había sido reprimida por efectivos de Gendarmería Nacional con armas de fuego, balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes. También se vieron episodios como el del "gendarme carancho" que fingió ser atropellado por el manifestante Christian Romero, para luego detenerlo violentamente entre varios efectivos e iniciarle una causa penal. La mayor paradoja consiste en que este cuestionado proceso se sustenta en los "testimonios falsos" de ese comandante de Gendarmería, Juan Alberto López Torales, procesado por la misma sala II por "armarle causas a los manifestantes que reclamaba contra los despidos de Lear".

El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) se presentó como amicus curiae en el expediente, y sostuvo que “las personas imputadas en estas actuaciones debieran ser sobreseídas porque fueron víctimas de detenciones arbitrarias y violentas, posteriormente sometidas a un proceso de criminalización que aún continúa vigente, por el solo hecho de ejercer el derecho a manifestarse pacíficamente”. En un comunicado, el organismo manifestó que "ninguna de estas circunstancias fue siquiera cuestionada, investigada o tenida en cuenta por el poder judicial que, en cambio, sostuvo procesos penales contra quienes protestaban, que ya llevan años de trámite, sin que se haya conseguido una sola prueba que los sustenten". 

La justicia federal de San Martín mantiene abierta desde hace seis años esta causa por interrupción del tránsito a quienes fueron brutalmente reprimidos en julio de 2014 por manifestar contra centenares de despidos de una empresa multinacional sobre la Ruta Panamericana. La Cámara Federal de San Martín revocó por quinta vez los sobreseimientos dictados en primera instancia a las nueve personas imputadas, y denegó todos los recursos de sus abogados defensores. En su última resolución, consideró que la causa debe continuar abierta, aunque por el tiempo transcurrido corresponda su cierre, ya que uno de los imputados "podría" haber entorpecido la investigación. ¿De qué manera? Por haber sido empleado contratado transitoriamente en el sector público de otra provincia ajena a los hechos, en una interpretación delirante del artículo 67 del Código Penal que equiparó su condición de empleado público a la de funcionario, para quienes rige la interrupción de la prescripción.

En la audiencia de ayer, los abogados Myriam Bregman y Matías Aufieri, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) expusieron ante los jueces de la sala II Alberto Lugones, Juan Pablo Salas y Néstor Barral los argumentos de su apelación a los procesamientos, y destacaron las "graves arbitrariedades del proceso", principalmente que los detenidos y heridos, sin pruebas de lo que se los acusa (interrumpir el tránsito) jamás debieron ser procesados. Bregman y Aufieri cuestionaron que se asimile la condición de empleado público transitorio de uno de los imputados, a la de un funcionario público con poder, de modo que la causa no pueda prescribir, lo que consideraron como "un grave precedente para los cuatro millones de empleados públicos en el país". Y además repudiaron que "la causa se sostenga en los testimonios falsos del 'gendarme carancho' López Torales", procesado por esos mismos jueces por armarle causas a los manifestantes que protestaban sobre la Panamericana contra los despidos que se habían producido en la empresa autopartista Lear.

"El apoyo de numerosos organismos y referentes de derechos humanos, que incluso se hcicieron presentes en la audiencia, es una señal de la gravedad de esta causa que debe cerrarse porque es un escandaloso escarmiento a la protesta social, desde el momento en que los reprimieron ferozmente hasta la actualidad", dijo Aufieri a Página12. "Con esta doctrina a cuestas, el presidente del tribunal, Alberto Lugones, ocupa la presidencia del Consejo de la Magistratura, alineado al oficialismo. Más de un ferviente enemigo del lawfare y de las persecuciones del Poder Judicial en los últimos años, debe preguntarse asombrado qué ocurre", apuntó Bregman. "Según el tribunal, este empleado procesado y las cuatro millones de personas que trabajan el sector público pueden entorpecer las investigaciones judiciales, lo cual obviamente no sucedió; al contrario, las pruebas que aportó fueron ignoradas: imágenes de su detención, y de los apremios policiales sufridos a manos (y a palos) de quienes, además, son los únicos testigos para mantener en pie el proceso", agregó la abogada y diputada porteña.

Golpeado y detenido por filmar

En el video que acompaña este artículo puede verse el 'poder de lobby' del empleado público, mientras ya detenido y esposado es apaleado en el rostro. También puede verse que no fue detenido por cortar la ruta, sino por intentar registrar la represión con su teléfono junto a periodistas. Eso es lo que le quieren arrebatar del bolsillo. En la audiencia, Bregman y Aufieri dejaron en claro que "esto ha sido denunciado sobradas veces en la causa a lo largo de todos estos años, pero el fiscal Jorge Sica, que apela todos y cada uno de los sobreseimientos que se dictaron en favor de las y los manifestantes, evidentemente no lee siquiera esas presentaciones, no mira los videos aportados, ni está preocupado en absoluto por averiguar la verdad de los hechos".

Pero hay más. Cuatro de las y los nueve procesados no fueron detenidos el día de la protesta ni fueron vistos interrumpiendo el tránsito, sino que están acusadas y acusados por el mero hecho de presentarse en el juzgado a denunciar las lesiones sufridas por la represión de Gendarmería. A la denuncia de mujeres apaleadas, fracturadas o con sus tímpanos perforados por el chorro de agua de un camión hidrante, el fiscal Sica contestó "ahh, ¿entonces ustedes estaban ahí? Imputadas también por cortar la ruta", aunque no haya ni una prueba de que lo hayan hecho. Así, llevan años procesadas, y con un pedido de elevación a juicio aún cuando el procesamiento no está firme. "Al parecer vale todo", lamentaron los abogados.

Testigo estrella 

El "testigo" principal de los hechos es el mismo "gendarme carancho" que se arrojaría encima de un auto que circulaba a paso de hombre, fingiendo ser atropellado para detener al conductor. Ha sido impugnado como testigo por las defensas. Esa y muchas otras nulidades fueron planteadas desde la defensa del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) en la audiencia. En los próximos días la sala II deberá resolver al respecto. El “Carancho” Jorge López Torales está procesado con varios cargos por su célebre actuación contra el mismo colectivo de manifestantes, en el mismo conflicto laboral de la multinacional Lear. Pero él y sus subalternos continúan como testigos válidos en esta otra causa abierta contra los manifestantes a los que reprimieron y apremiaron ilegalmente ese día. "Cuesta creer que esta causa siga abierta, es para estudiarla en las facultades como ejemplo de lo que llamamos 'justicia de clase', de enemistad manifiesta por parte del Estado contra trabajadores o sectores populares", expresó Bregman.

Numerosos sectores políticos, sociales, y de los derechos humanos se han pronunciado por el cierre de la causa penal. Además del extenso amicus curiae del CELS, se reúnen centenares de adhesiones de importantes referentes como Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Sergio Maldonado, Roberto Gargarella, Patricia Walsh y la CTA, entre muchos otros. "Las detenciones masivas, arbitrarias y violentas a personas en pleno ejercicio de su derecho a protestar y la violencia contra ellas, tal como ocurrió en aquella represión, están prohibidas. Ponen en riesgo la vida y la libertad de las personas, y también funcionan como mecanismo de disuasión, castigo y obstaculización que alcanza a toda la sociedad. Las respuestas judiciales como las dadas hasta ahora en este caso son preocupantes, ya que legitiman la restricción del derecho a la protesta y muestran una abierta tolerancia a hechos de violencia estatal contra las personas que se manifiestan", culminó el Cels.