La jueza María del Rosario Hinojo ordenó al finquero Carlos Gustavo Bárcena "abstenerse de ejercer actos de violencia física o psíquica, como así también de proferir insultos, palabras agraviantes, o desplegar conductas amenazantes por cualquier medio" en contra de mujeres de la Comunidad Aborigen Pueblo Tilián, ubicada en la localidad de Volcán, en el departamento Tumbaya, de la provincia de Jujuy. La medida, notificada el 4 de este mes, también impone a Bárcena que deberá "mantener una distancia de trescientos (300) metros" de los domicilios de las mujeres o sus lugares de trabajo o concurrencia. 

La denuncia a Bárcena fue porque el mediodía del 6 de agosto de 2020 en el paraje Los Filtros hizo tres disparos desde el cerro y amenazó a los miembros de la Comunidad con que los iba a “cagar matando a todos” si no abandonaban el territorio. A la tarde se acercó al territorio de la familia Lamas y los insultó "tratándonos de 'bolivianos' y de usurpadores aduciendo que él y su familia son dueños de nuestro territorio". Luego hubo otros hechos de violencia y amenaza y publicaciones en su perfil de facebook en las que sus seguidores también amenazaron de muerte a los integrantes de la Comunidad. 

La decisión de la magistrada, que subroga el Juzgado de Primera Instancia de Violencia de Género N° 2 de Jujuy, fue celebrada por organizaciones originarias y el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), que la calificaron de "medida ejemplar".

También la destacó la abogada de la Comunidad, Natalia Peñaloza. Es que es la primera vez que se consigue un pronunciamiento judicial de estas características en el marco de un conflicto territorial. A pesar de esto, la letrada hizo notar que la sentencia impone restricciones solo respecto de cinco mujeres, Carolina Choque, Mercedes Lamas, Graciela Lamas, Pamela Alavar y Silveria Lamas, pese a que se la había solicitado para todas las mujeres de la Comunidad. Adelantó que pedirá una aclaratoria sobre este particular, dado que en un anterior decisorio la jueza había incluido a "toda mujer de la comunidad aborigen del Pueblo Tilián de Volcán, dentro o fuera del domicilio".  

Peñaloza también resaltó el largo camino transitado para llegar a la resolución conocida ahora. La denuncia se presentó en octubre de 2020. El 13 de ese mes la jueza declaró la incompetencia del Juzgado para entender en el caso, aunque impuso a Bárcena "abstenerse de ejercer actos de violencia física o psíquica" e insultar, agraviar e insultar a las mujeres de la Comunidad Pueblo Tilián. 

Esta incompetencia fue apelada por Peñaloza, la jueza consultó al Superior Tribunal de Justicia (STJ), que el 27 de octubre respondió de manera "excepcional" atendiendo a la emergencia en materia de violencia de género declarada en la provincia y dispuso que siguiera el trámite "a los fines de evitar mayores dilaciones temporales y procesales".

Ya devuelto el expediente al Juzgado a cargo de Hinojo, se citó a una audiencia con las denunciantes para los primeros días de diciembre, pero no se pudo hacer por falla en la conectividad, y pasó para mediados del mes. Así se llegó a febrero, cuando se conoció la medida que hizo lugar al pedido de las mujeres originarias, la que fue calificada de "un logro" por la presidenta de la Comunidad, Carolina Choque, quien destacó que "desde siempre" vienen sufriendo “estas amenazas, amedrentamientos y avasallamientos".

Mensajes de odio y violencia 

Peñaloza hizo la denuncia por "violencia de género a las mujeres indígenas de la comunidad Aborigen Pueblo Tilián" y pidió que se impongan medidas de protección para todas estas mujeres y sus grupos familiares convivientes. 

La denuncia describe que además de los disparos, el 6 de agosto Bárcena amenazó de muerte a "mujeres y niñas que se encontraban en ese lugar, con un arma en el bolsillo, amagando todo el tiempo en sacarla". También lo acusaron por el robo de una whipala, "símbolo ancentral de nuestra comunidad, amenazando que iba a arrazar con nuestras casas y cultivos, además de matarnos a todos". La situación de violencia fue tal que algunas mujeres se escondieron en las casas de los vecinos y desde ese día muchas dejaron de ir a trabajar la tierra por temor a que el finquero cumpliera la amenaza. Los habitantes de esta Comunidad son criadores y agricultores para el consumo propio. 

Además, una semana despúes Bárcena ingresó al territorio acompañado por una mujer y otros tres hombres. El hombre dijo que "era escribana" que había ido a constatar su propiedad, pero los miembros de la Comunidad se negaron a hablar con ellos por la sorpresa y el nerviosisimo que les había provocado la "violenta instromisión" y "por el temor a que el señor Bárcena cumpla con su amenazas de matarnos a todos". 

Asimismo, el "terrateniente" hizo publicaciones su perfil de Facebook y en de la Reserva Natural Privada Las Tarukas dando su versión de los hechos de agosto, con lo que provocó la reacción de sus seguidores con comentarios de odio, estigmatización y violencia, y nuevas amenazas de muerte, de manera tal que "ahora no solo se teme del Sr. Bárcena sino también de todos sus seguidores", señaló la abogada en su presentación. 

El 14 de agosto volvió a publicar afirmando que recibió amenazas de la Comunidad y asegurando que no les teme "y repeleré con todos los medios posibles a mi alcance”. Sus seguidores respondieron con una nueva tanda de comentarios de violencia y odio hacia el Pueblo Tilián. 

Matanza de animales 

Para explicar por qué las amenazas de Bárcena provocan miedo, la Comunidad reseñó otros hechos de violencia que vivieron en el marco de la disputa que mantienen con el finquero por el territorio. 

El 16 se septiembre de 2016 la familia Laureano, también perteneciente a la Comunidad, "fue amenazada de muerte por Bárcena utilizando el mismo modus operandis que este año, disparando en el aire con un arma de fuego y amanezando con matar a todos". 

En la denuncia se asegura que "Bárcena está acostumbrado a hacer esto, de hecho, mató vacas, caballos, perros, ovejas, chivos y si no se le pone un freno claramente ahora viene a cumplir sus amenazas con nosotras las mujeres, siendo las principales defensoras de nuestra territorio". El 19 septiembre de 2016 lo denunciaron por estas matanzas y dos días después informaron por nota al gobernador Gerardo Morales, "solicitando que intervenga a fin de que asuma su compromiso con las comunidades aborígenes". En 2017 "mató con un arma de grueso calibre a siete vacunos pertenecientes a la familia Laime Alanoca". 

Asimismo, "todo el tiempo nos hostiga con un drone, a través del cual nos graba y nos fotografía invadiendo nuestra intimidad". 

Peñaloza pidió en la denuncia que se tuviera especial atención con "el componente cultural del grupo mujeres perteneciente a una comunidad para poder advertir como ciertas conductas del agresor trascienden e impactan en la paz y tranquilidad de las mujeres indígenas". Destacó la diversidad, en la que "encontramos a las mujeres indígenas". "Es por ello que matar a un animal, ingresar a su territorio, ingresar de manera intempestiva e insultarla merece una especial atención". "La comunidad vive en lejanía y no está acostumbrada a estos hechos. Es por ello que la violencia ejercida en las mujeres indígenas, merece la aceptación de la presente vía", argumentó. 

Choque destacó que la Comunidad cuenta con el relevamiento territorial previsto en la ley 26.160 y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) le entregó la carpeta en 2015. A pesar de ello la Comunidad enfrenta una demanda de desalojo presentada por Bárcena en diciembre pasado. La presidenta cuestionó también que la Provincia haya autorizado la creación de una reserva de tarukas (ciervo): "El gobierno también viola los derechos de la Comunidad porque no hubo una consulta previa libre e informada”.