El Ministerio de Seguridad bonaerense, a cargo de Sergio Berni, desafectó de servicio a más de 400 efectivos que participaronde la rebelión policial de septiembre pasado. En el texto, firmado por la auditora de Asuntos Internos, Lorena Rebuffo, se consigna que los efectivos cometieron gravísimas faltas administrativas al movilizarse, por ejemplo, hasta la Quinta Presidencial de Olivos, utilizando los móviles de la fuerza y durante el horario de prestación de servicio. Los efectivos deben declarar en sede administrativa ante Asuntos Internos, se les quita el arma, quedaron separados del servicio y enfrentan la posibilidad de ser dados de baja. Además, existe contra ellos una causa penal. La decisión tiene fecha del 8 de febrero y de alguna manera es una advertencia respecto de movidas pensadas para este jueves 11 y alentadas por efectivos exonerados y un par de referentes de Cambiemos que utilizan una página de Facebook.

El expediente en la Auditoría de Asuntos Internos no sólo abarca a los que marcharon a Olivos en una asombrosa rebelión indudablemente política, porque el Presidente era ajeno a a un conflicto que era provincial y que el gobernador Axel Kicillof resolvió equiparando los sueldos de la Policía Bonaerense con los sueldos de las fuerzas federales. Además hay efectivos desafectados por hechos similares en Puente 12, donde suele estar Berni, en La Plata y en otros puntos de la geografía bonaerense. Las notificaciones estaban llegando este martes.

Durante la semana pasada empezó a circular, a través de una página de Facebook, la convocatoria a repetir la rebelión este 11 de febrero, con la consigna de que se equiparen los sueldos de la Bonaerense con los de la Policía de la Ciudad. El sitio llamado Policías R...., tiene pocos comentarios y desde este martes se agregó el reclamo por los efectivos sancionados. Es más, hay varios pedidos de recomendaciones de abogados para defenderse en sede administrativa y en sede penal. Existe una especie de afiche que convoca para el jueves pidiendo mejoras salariales y con la leyenda "si tocan a uno, tocan a todos" y hasta aparecen algunos razonamientos disparatados: que la rebelión de septiembre fue impulsada por el peronismo para quitarle después coparticipación al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

La realidad es que la equiparación de sueldos con las fuerzas federales produjo una recomposición de enorme magnitud, que significó un aumento del 43 por ciento, mientras que durante el gobierno de María Eugenia Vidal los uniformados perdieron el 30 por ciento de sus ingresos en cuatro años. Pese a semejante debacle, no hubo ningún tipo de movida contra el gobierno provincial de Cambiemos. Con la equiparación, el sueldo se los policías quedó vinculado al de las fuerzas federales y el gobierno nacional anunció un aumento del 18 por ciento en tres cuotas abarcando hasta mayo de este año. En paralelo, está en marcha la paritaria bonaerense de estatales en la que se otorga un aumento que suele extenderse a los policías.

A las apuradas, algunos de los referentes de Cambiemos replicaron la convocatoria a una rebelión para este jueves. A la cabeza, como en otras oportunidades, aparece Florencia Arietto, colaboradora de la exministra Patricia Bullrich. Este diario viene haciendo un chequeo entre los intendentes sobre la existencia o inexistencia de inquietud en las filas policiales. La respuesta es que se percibe poco eco ante la intentona, aunque nunca puede descartarse algún episodio, principalmente protagonizado por retirados y exonerados. La desafectación dada a conocer este lunes también es un balde agua fría para los rebeldes.

El texto de la resolución que desplaza a 400 efectivos indica que “deben prestar declaración administrativa en relación al hecho por el cual, el 9 de septiembre de 2020, en horas de la tarde, los efectivos mencionados se hicieron presentes en la Residencia Presidencial de Olivos con la finalidad de participar de una protesta para solicitar mejoras en sus condiciones laborales, protesta que afectó la prestación normal del servicio, siendo canalizadas en horario laboral y a bordo de móviles policiales pertenecientes a la flota de la dependencia en la cual prestaban servicios. Los efectivos nombrados cometieron un hecho de extrema gravedad ya que circularon, tanto a pie como en móviles policiales, con la clara intención de erosionar la figura presidencial. Por lo relatado, los imputados afectaron gravemente la disciplina al cometer un acto de insubordinación y afectaron la operatividad de la fuerza policial”. En otras desafectaciones figura el lugar y el horario donde se produjeron --La Plata, Puente 12-- y un texto similar. También la notificación adelanta que hay abundante prueba de los hechos, incluyendo fotografías, videos y declaraciones testimoniales.

En aquella rebelión, los que tomaban el micrófono y ocupaban el escenario eran, en general, exonerados, es decir policías que ya no estaban en la fuerza. En Puente 12 se hizo notar un supuesto oficial que aparecía con un uniforme militar de camuflage. Se trató del capitán Mariano Díaz, que según el Ministerio de Seguridad fue apartado de la Bonaerense por haber intervenido en un motín del Grupo Halcón en el año 2014. Díaz parece que siempre buscó ponerse al frente de un sindicato policial, pese a que ya no está en la Bonaerense.

Por la tarde, en Olivos, agarró los micrófonos otro exonerado, el Capitán Sandro Adrián Amaya, que igualmente fue exonerado por estar imputado en una causa de drogas que en su momento instruyó el juez federal Alberto Suárez Araujo.

Más allá de estos personajes, es verdad que hubo un acompañamiento de varios centenares de efectivos en actividad que, a su vez, utilizaron los móviles de la fuerza. La mano de Cambiemos se percibió en que algunos de los cabecillas fueron candidatos a concejales en listas de la fuerza de Mauricio Macri.

Hace un par de semanas, la ex ministra Patricia Bullrich nuevamente trató de montar su show ante ocho policías que se cuadraron en Villa Gesell. Bullrich y Arietto hicieron trascender la filmación como si hubiera sido otro acto de insubordinación, pero los propios policías contaron que fueron engañados y utilizados políticamente.

Pese a que fue el que gobierno de Macri y Vidal el que permitió el atraso en los ingresos policiales, ahora se presentan como los defensores de los uniformados y parte del sector duro de Cambiemos incentiva la rebelión. Los efectivos saben a qué se exponen, porque con la decisión de este lunes no sólo se los desafectó del servicio, se les quitó el arma, afrontan la posibilidad de ser dados de baja, sino que además hay proceso en marcha en la justicia penal que puede terminar en una condena.