La diputada nacional por el Frente de Todxs, Paula Penacca, junto con sus compañeros de bloque, Hugo Yasky y Leonardo Grosso, presentó esta semana un proyecto de ley contra la violencia institucional para prevenir y erradicar los abusos de las fuerzas de seguridad, “impulsados por los discursos de odio que legitiman y alientan las prácticas de abuso policial”, advirtió, enfocando a uno de los sectores con mayor cantidad de denuncias por casos de represión, detenciones ilegales y gatillo fácil. La iniciativa hace eje en una conducción política de las fuerzas, que asuma la responsabilidad sobre las acciones, y prevé “generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional”, transparentando los mecanismos de denuncia y generando canales que garanticen procesos seguros a las víctimas y a sus familias.
El texto redactado por Yasky y Penacca, que preside la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara Baja, en diálogo permanente con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, recoge también el aumento de denuncias por abusos de las fuerzas durante el ASPO: mientras que entre el 10 de diciembre y el 20 de marzo de 2020 hubo 71 denuncias por violencia institucional, desde el inicio del aislamiento social hasta julio de ese año se recibieron 541. "Hay normativas municipales y provinciales que son arcaicas y dan autodeterminación que no pueden tener las fuerzas de seguridad”, dijo Pietragalla en una de las videoconferencias de trabajo de las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos y Garantías. “Deben estar atadas a principios de organismos internacionales, como la ONU y la CIDH”. La ley de violencia institucional había sido anunciada por Máximo Kirchner en el marco de las desapariciones y muertes de Facundo Astudillo Castro y Santiago Maldonado, entre otros hechos graves que involucran a las fuerzas. Según datos del Ministerio de Seguridad de Nación, hasta agosto de 2020 hubo 39 denuncias contra fuerzas de seguridad federales “por exceso de atribuciones en el marco de la pandemia”, 22 correspondientes a Gendarmería, 9 a policías federales, 7 a Prefectura y 1 a Policía de seguridad aeroportuaria. “La sanción de esta normativa es uno de los horizontes centrales de nuestro proyecto político, en defensa de los derechos humanos”, subrayó Penacca. “Durante los cuatro años de macrismo se construyeron discursos de odio y se alentó y legitimó el abuso policial desde las más altas esferas del Gobierno, sin importar costos, pero esperamos que la oposición esté predispuesta y colabore en este debate parlamentario.”
