“Quería brindar información sobre lo que pasa en el penal de mujeres N° 33 de Los Hornos, esta vez no es un baile de internas”, reza un texto difundido por presas en distintos muros y grupos de Facebook. Pese a que esa Unidad Penitenciaria fue noticia hace meses por un baile de reggaetón protagonizado por mujeres privadas de su libertad y agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), el silencio en los medios nacionales fue aplastante tras el suicidio de Lucho Ávila, el lunes 1 de febrero. De hecho la noticia apenas trascendió las redes sociales. Según contaron sus compañeras y tal como reveló la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Lucho, de 25 años, padecía ataques de pánico. Y aunque hay versiones encontradas sobre cómo fue que llegó al buzón -práctica de castigo penitenciario que consiste en el aislamiento total- lo cierto es que el sábado 30 de enero el encierro se intensificó a pesar de su cuadro médico. Dos días más tarde Lucho se ahorcó con unas sábanas, cerca de las 11 de la mañana. Por más que le realizaron maniobras de RCP y lo trasladaron a una unidad sanitaria, falleció en el camino.
“Él no era una persona violenta, no consumía drogas, hacíamos deporte siempre y cada una tenía su trabajo”, contó a SOY Camila, su prima política y amiga, también detenida en esa unidad. Al igual que otras de sus compañeras, que prefirieron no revelar su identidad, los pronombres que usa para hablar de Lucho varían y mutan aleatoriamente a medida que avanza la charla. “Yo le hablaba mucho, él decía que estaba cansado por la causa: iba dos años y seis meses sin condena, yo un año y cuatro meses igual. Siempre le hablaba y le decía que defendiera su inocencia. Era una persona súper educada y medio que se había acostumbrado a estar acá, en lugar de pelear por su inocencia”, señaló. Nacido y criado en Lanús, Lucho estaba preso con prisión preventiva por una presunta infracción a la ley de Estupefacientes, más precisamente por tenencia de drogas para comercialización. Según datos del CELS actualizados al 2017, en las cárceles de mujeres un 43,6% de lxs detenidxs están presxs por ese motivo.
BINARISMO EN PRISIÓN
“En los relatos surge que él efectivamente estaba haciendo un tratamiento psicológico y psiquiátrico, nosotros tomamos conocimiento de eso. Semanalmente había una situación que estaban abordando”, precisó a SOY Antonella Mirenghi, directora de Inspecciones en lugares de encierro en el Comité contra la Tortura, de la CPM. Al igual que Camila, la funcionaria advirtió que Lucho venía pidiendo trabajar en otra área distinta a la que le había asignado el SPB: “Estaba muy cansado por este tema, ya que le daban tareas supuestamente de varón. Cargar bolsas pesadas de papa o carne, una tarea muy masculinizada. Y eso no le gustaba, se sentía mal. Pero más allá de ese tema lo importante es: ¿cómo a una persona que viene teniendo un tratamiento psicológico y psiquiátrico por ataques de pánico la llevás a un lugar de castigo como ese?”.
La abogada describió los buzones como “prácticamente un lugar preparado para matarse: el encierro 24 horas en un lugar perverso y tenebroso, donde puede verse cómo el sistema ‘te invita’, por decirlo de alguna manera. Con respecto al abordaje de la prevención del suicidio, si bien hay un protocolo, lo real es que no se aplica”. Aunque aclaró que la UP N° 33, a diferencia de otros penales, no suele tener prácticas de sobremedicalización, “sí lo que hay es una falta de atención”, como en la mayoría de los penales.
Pero el encarcelamiento de Lucho es cuestionable no solo desde el punto de vista carcelario sino también por su identidad y expresión de género. El SPB le garantizó hormonas desde el primer momento, pero más allá de eso quedan en el tintero otras políticas orientadas al resto de las detenidas o al personal del SPB para garantizar el cumplimiento efectivo de la ley de Identidad de Género. De hecho, incluso el parte oficial de su muerte lo identifica con su nombre asignado al nacer. “Los varones trans para el SPB aparecen como una suerte de novedad, que obviamente no lo son, pero empiezan a estar más visibilizados. Hay toda una cuestión con el alojamiento en cárceles de mujeres, que es totalmente binario porque un varón trans termina en una cárcel de mujeres y las feminidades trans en la cárcel de varones”, señaló Mirenghi.
Las cárceles fueron desde un principio pensadas para varones cis, por lo que incluso los penales de mujeres están lejos de cubrir necesidades básicas de sus habitantes. El cisexismo se intensifica cuando el resto de las condiciones -materiales, simbólicas- acompañan. “Al no haber políticas públicas reales e integrales para las personas trans o travestis, hay un déficit en el sistema penitenciario, las políticas no alcanzan o son nulas”, aseguró la funcionaria de la CPM. Y es que así como las mujeres trans siguen siendo ubicadas (en pabellones diferenciados) en penales para hombres, los hombres trans son alojados prácticamente en su totalidad en penales para mujeres. Según el primer relevamiento de Condiciones de Vida de la población trans/travesti de la provincia de Buenos Aires, coordinado por Alan Otto Prieto en 2019, las condiciones en las que vive la población privada de su libertad son “realmente alarmantes”: el 69% de la población encuestada no tiene acceso al trabajo dentro de las unidades penitenciarias; y aunque el 85% expresa el deseo de completar los estudios, solo el 14,3% tiene acceso a la educación estando privada de su libertad. Para las personas trans-travestis detenidas “la exclusión y encarcelamiento no comenzaron el primer día que pisaron un penal, sino muchísimo antes: más de un 65% de las personas encuestadas fueron expulsadas de su hogar antes de los 17 años. De esta población el 50% fue expulsada de su hogar por motivos relacionados a su identidad y/o expresión de género y el 28,6% perdió algún empleo formal por el mismo motivo”. Lucho tenía la secundaria completa, y tanto él como su novia -también detenida- pensaban anotarse en la carrera de Abogacía. Él no llegó.
DISPOSITIVOS QUE NO ALCANZAN
“Recién a las 15 nos llamó una interna del pabellón 2 y nos dijo que Lucho había llegado sin vida al hospital. Mientras, su mamá estaba llegando a La Plata sin saber que estaba muerto. Era inhumano, el jeferío no dio la cara en ningún momento”, manifestó Camila, indignada por haberse enterado así de lo que le había pasado a su primo. “Él no tenía problemas con nadie, era una persona trabajadora y educada, incluso las encargadas estaban sorprendidas. Nunca había tenido problemas de violencia con nadie, tenía una conducta intachable”, agregó la mujer. Según pudo conocer SOY, el castigo se le había impuesto después de una discusión con su novia. Fuentes del SPB negaron que haya habido antecedentes de claustrofobia o ataques de pánico, a diferencia de lo que dijeron sus compañeras de cárcel y la inspectora de la CPM. Y aseguraron que Lucho era una persona “muy querida”, tanto por sus compañeras como por el personal penitenciario, y que su muerte lxs afectó a todxs. También destacaron que a partir del cambio de gestión se viene llevando adelante una Mesa de Diálogo con representantes de pabellones, autoridades penitenciarias y personal del ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense para tratar distintos temas, sobre todo a raíz de la pandemia. Tras conocer este caso, SOY accedió a uno de los documentos oficiales del SPB donde se enumeran los signos de alerta o indicios de que una persona podría estar pensando en quitarse la vida. En el texto, que busca afianzar las intervenciones para la prevención y el abordaje de conductas suicidas y autolesivas en un contexto de encierro, están los lineamientos del protocolo para prevenir casos como este. Sin embargo, también según fuentes del SPB, en Lucho “no se habían detectado” este tipo de comportamientos. Desde el Servicio Penitenciario remarcaron el enorme problema de sobrepoblación que afrontan las cárceles bonaerenses -el sistema está preparado para 28 mil personas y hay más de 40 mil- y lo que eso implica en la falta de infraestructura, sumado a la fuerte implicancia que tuvo la desfederalización del delito de venta de estupefacientes (que llenó, si era posible, aún más los pabellones hacinados). Los derechos de las personas trans, en ese marco de precariedad, están doblemente vulnerados, empezando por los espacios de alojamiento y el trato diario (intencional o involuntariamente transfóbico) que reciben de lxs demás.
La muerte de Lucho está siendo investigada por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, al frente de la UFI N° 16 del departamento judicial de La Plata. La CPM, como hace con cada muerte ocurrida en contextos de encierro, pidió que en la autopsia se realicen determinadas pruebas y se tenga en cuenta la historia clínica, ya que al ser un fallecimiento ocurrido bajo tutela estatal la investigación siempre debe ser orientada a ese efecto. SOY habló con varias compañeras de Lucho en la cárcel, aunque solo Camila aceptó hacer público su testimonio. Otra de ellas, a través de una conversación por Facebook, pidió solo un favor: “Que se sepa que Lucho se quitó la vida sin siquiera haber estado condenado”.
