Hay grandes sorpresas en la inscripción para el concurso que se abrió para cubrir las vacantes de los lugares que ocupan ahora en la Sala I de la Cámara Federal los jueces trasladados a dedo por el macrismo Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, a quienes la Corte Suprema autorizó a quedarse allí solo hasta que termine el nuevo proceso de selección. Por empezar, pese a que ambos anunciaron que rendirían el examen, sólo se anotó Bertuzzi. Bruglia desistió y una vez que haya nuevas designaciones deberá volver al Tribunal Oral Federal 4, su cargo de origen. 

Entre el resto de los aspirantes hay jueces federales de Comodoro Py y de otras jurisdicciones, jueces del fuero penal económico, secretarios/as de cámara y fiscales/as federales. Son 137 inscriptos, de ellos 28 son mujeres. No hay ninguna por ahora en la Cámara, tribunal clave que marcó el rumbo de las causas contra ex funcionarios y las prisiones preventivas. El examen es el 26 de febrero. 

El concurso 461 para dos vacantes en la Sala I se abrió después del per saltum de la Corte Suprema que estableció que los traslados de jueces/zas de un cargo a otro no son definitivos y que si alguien quiere permanecer en ese puesto tendrá que rendir examen en el Consejo de la Magistratura, ser propuesto/a por el Poder Ejecutivo y conseguir acuerdo del Senado, que es el mecanismo de designación que establece la Constitución.

El tribunal se pronunció ante un pedido de Bruglia y Bertuzzi, que consideraban que el lugar al que habían sido trasladados les pertenecía. Durante el gobierno de Mauricio Macri se hizo uso de los traslados para nombrar a dedo a jueces y juezas considerados afines y en casos que les interesaba controlar. Eso no sólo ocurrió en la Cámara Federal. La Corte, por ejemplo, todavía no se pronunció sobre el traslado del juez Germán Castelli, que pasó de un tribunal oral federal de San Martín  o otro en Comodoro Py, que tiene --por ejemplo-- la causa de los cuadernos. El Consejo detectó 38 casos de jueces y juezas trasladados y denunció que 10 de ellos eran irregulares. 

La lista de quienes se anotaron con la aspiración de integrar la Cámara Federal está llena de nombres conocidos. Jueces de Comodoro Py: Sebastián Casanello, Sebastián Ramos, Marcelo Martínez de Giorgi y Julián Ercolini, todos ellos han instruido y tienen aún causas conocidas contra funcionarios tanto del macrismo como del kirchnerismo. 

Hay una jueza de tribunal oral, María Gabriela López Iñíguez, que ahora interviene en juicios que están en el centro de atención, como el de lavado contra Lázaro Báez y otro que no comenzó, como el del Memorándum con Irán, e intervino en el caso Ciccone donde fue condenado Amado Boudou, donde votó por una pena menor. 

De penal económico, los jueces Pablo Yadarola, Diego Amarante y Javier López Biscayart. Más jueces federales: Ernesto Kreplak (La Plata), Fernando Poviña (Tucumán) y Federico Villena. Este último es uno de los trasladados cuyo cargo en Lomas de Zamora quedó en veremos, y es quien tuvo a cargo en un comienzo la causa de espionaje que complica al macrismo y fue apartado por posible parcialidad. La fiscal federal de esa misma causa, Cecilia Incardona, también se incribió. 

Otro de los postulantes es el actual titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), Juan Rodríguez Ponte, que ya trabajó en Comodoro Py, como secretario de Ariel Lijo. Más jueces anotados: Gonzalo Rúa (juez contravencional y de faltas de la Ciuadad de Buenos Aires), Nicolás Schiavo (juez de garantías de San Martín)  y la jueza penal Alejandra Provítola. Hay varios secreatrios/as de Comodoro Py: la histórica secretaria de la Cámara Federal, Susana Echevarría, el secretario de la Cámara de Casación Penal Federal Juan Montesano, el secretario de la  sala II de la Cámara Federal Nicolás Pacilio y de la Sala I, Ivana Quinteros, que quedó muy bien posicionada para el concurso de la sala II, donde finalmente fue enviado el pliego del constitucionalista Roberto Boico, ahora a estudio del Senado. Fiscales: Leonel Gómez Barbella, Laura Mazzaferri y Leonardo Filippini. Hay una auxiliar de la fiscalía de Jorge Di Lello, Juliana Márquez, y también figura la hija del fiscal, María Florencia Di Lello. La lista sigue.  

Como informó Página/12 en su edición del último domingo, el examen es el 26 de febrero. Puede ocurrir que no todo el mundo se presente. El Consejo elaboró un protocolo que, entre otras cosas, exige que cada participante presente "un certificado de PCR (hisopado) con resultado negativo y firmará una declaración jurada manifestando: a) la ausencia de síntomas compatibles con Covid-19 y b) no haber tenido contacto estrecho con caso positivo o sospechoso, duranto  los últimos 10 días anteriores a la presentación". Están previstas reglas rigurosas para mantener la distancia social, para asegurar que se tome la temperatura corporal a todo el mundo (no podrá ingresar nadie con 37,5 grados o más) y la sanitización de manos y elementos. Graciela Camaño, titular de la Comisión de Selección, intenta definir el lugar donde se tomará la prueba. Una posibilidad es Tecnópolis. 

Bruglia y Bertuzzi hicieron una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde pidieron que se suspenda el concurso. No parece, hasta el momento que eso vaya a ocurrir. Cerca de Bruglia atribuyen la decisión de no presentarse al concurso a que desconoce, precisamente, su legitimidad, y por eso lo impugnó. En el Consejo apuestan a terminar el concurso para junio de este año. Sería todo un récord para el promedio de duración habitual de los concursos, que han llegado a superar los dos años. Este concurso en particular terminará de reconfigurar la Cámara Federal, donde acaba de regresar Eduardo Farah y se incorporaría Boico, más dos nombres de la lista de 137 que será evaluada por el Consejo y el gobierno de Alberto Fernández.