Una multitudinaria manifestación en la que exigían justicia por el asesinato de Keyla Martínez fue reprimida este lunes por las fuerzas de seguridad hondureñas en la ciudad de La Esperanza, Honduras. Martínez, de 26 años, llevaba un par de horas bajo custodia policial antes de ser asesinada, la versión de los policías detallaba un supuesto suicidio. Sin embargo, los resultados de medicina forense sobre la autopsia revelaron que Martínez no se suicidó. "La muerte de esta joven fue por asfixia mecánica y esto de acuerdo a medicina legal, demuestra que fue un homicidio" según informó el Ministerio Público a medios hondureños.
Organizaciones sociales y la ciudadanía en general denunciaron la muerte de Keyla Martínez, estudiante de Enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). El pedido de justicia fue más contundente luego de que la Unidad Policial (UDEP 10) donde estuvo detenida en la ciudad de La Esperanza, provincia de Intibucá, emitió un comunicado en el que aseguraban que la joven se había intentado suicidar en la celda. En el escrito también afirmaban que Martínez había sido detenida por incumplir con el toque de queda y por escándalo en la vía pública.
De acuerdo con la diputada por Intibucá, Olivia Zúñiga, existen “indicios racionales” que confirman el asesinato de Martínez. "El pueblo se volcó, la gente salió de sus negocios, de los mercados, de sus casas, a protestar porque los policías ya han cometido otras violaciones a derechos humanos antes", sostuvo Zúñiga a la agencia AFP. Además, agregó, que la ciudanía no cree en la versión oficial de la policía que asegura que la joven intentó quitarse la vida. La diputada es hija de la líder Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016 por intentar impedir el saqueo de recursos naturales en Honduras.
Desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), con base en La Esperanza, calificaron la muerte de la joven estudiante de enfermería como “un crimen de Estado, una ejecución extrajudicial y un femicidio ejecutado por miembros de la policía”. Además, el caso de Keyla Martínez trajo a la luz más reclamos por la violencia policial. “El asesinato de Keyla ha despertado una ola de denuncias de mujeres que dicen haber sido capturadas por la policía de la ciudad de La Esperanza, robadas sus pertenencias y abusadas sexualmente en el marco del toque de queda instaurado por el régimen de JOH (en referencia al presidente hondureño Juan Orlando Hernández)” destacó el Copinh en su comunicado. Sólo durante el contexto de pandemia en 2020 fueron registrados 229 femicidios en Honduras, según datos del Centro de Derechos para las Mujeres (CDM).
En el primer informe, la policía aseguraba que Keyla había ingresado aún con vida al Hospital, sin embargo, desde el Hospital Enrique Aguilar Cerrato, los médicos desmintieron esta versión y aseguraron al diario hondureño El Tiempo que la joven ya había muerto cuando la ingresaron al centro de salud.
La falta de claridad sobre los hechos también fue denunciada por la UNAH, donde estudiaba la carrera de Enfermería. “Al momento de su deceso, la joven Keyla Patricia Martínez Rodríguez se encontraba bajo custodia policial, lo cual convierte esto en una situación inaceptable y de mucha preocupación pues el Estado debería garantizar la protección de la integridad física y la vida de las personas detenidas” dice el comunicado emitido por el alma máter de Martínez.
