Un proyecto de ley que tiene por objetivo “prevenir y erradicar la violencia institucional” ejercida por las fuerzas policiales, de seguridad y del Servicio Penitenciario, fue presentado en forma virtual por legisladores nacionales del Frente de Todos. Entre otros puntos, se propicia la creación de un Registro Nacional de Violencia Institucional y de centros de recepción de denuncias; crear un Programa Nacional para formar en DDHH a las fuerzas de seguridad y prohibir que sus integrantes porten armas letales en manifestaciones públicas.

En la presentación, la diputada Paula Penacca sostuvo que existe “la decisión política de erradicar la violencia institucional”, para revertir “cuatro años de macrismo, en los que se construyeron discursos de odio y se alentó y legitimó el abuso policial desde las más altas esferas del gobierno”.

El anuncio, y las pautas principales de la iniciativa, fueron dados a conocer por Penacca, presidenta de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara baja, quien estuvo acompañada por el diputado nacional y presidente de la Comisión de DDHH y Garantías, Hugo Yasky, y el legislador Leonardo Grosso, integrantes de las dos comisiones. Todos participaron en la orientación del proyecto de Ley Integral Contra la Violencia Institucional. Los casos de gatillo fácil, torturas y desaparición de personas constituyen un flagelo heredado de la dictadura militar que no ha podido ser erradicado por los diferentes gobiernos constitucionales.

De la presentación participaron la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, el secretario de DDHH, Horacio Pietragalla, representantes de organismos de DDHH y familiares de víctimas de violencia institucional, como las madres de Ezequiel Demonty, Sebastián Bordón y Camila Arjona, tres jóvenes asesinados por efectivos policiales en la Capital Federal y en Mendoza.

El proyecto pretende “dar un marco normativo a las distintas políticas públicas que el Estado debe llevar adelante para disminuir y acercarnos a la erradicación de los casos de violencia institucional”.

Como parte del programa previsto, se contempla un plan de “reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de DDHH para las fuerzas de seguridad, para establecer principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales”.

Penacca aseguró que es un proyecto que “se construyó en forma colectiva, con la participación y con los aportes de los distintos actores involucrados”. Y sostuvo que, durante el gobierno de Mauricio Macri, se alentó el accionar violento de las fuerzas de seguridad “sin importar el costo profundo que eso tiene para sus víctimas y para la construcción de fuerzas de seguridad democráticas”.

Consideró que la propuesta es “una ley coherente con los ideales de nuestro proyecto político: defender los derechos humanos, no con fines electoralistas o desestabilizadores, sino porque sabemos que es la única forma de proteger la vida de nuestro pueblo”.

Por su parte, Leonardo Grosso subrayó que “es urgente reconocer la violencia institucional como un conflicto arraigado en las fuerzas de seguridad y por eso es necesario que la política comience de una vez a construir soluciones estructurales”. Agregó que “la seguridad democrática no puede entrar en la grieta, eso sólo permite que haya impunidad, discreción y violencia por parte de la policía”.

El legislador insistió en que “en los últimos años se profundizaron los casos de violencia institucional porque el gobierno de Macri, de la mano de (la ex ministra de Seguridad) Patricia Bullrich, tuvo una política de criminalización y de represión social”.

Referenció que “es la misma dirigencia política que incentivó y que ahora fogonea que la policía con mano dura sea la que aplique la justicia y ya sabemos que los resultados son muerte, vejámenes y desapariciones”.

El diputado Hugo Yasky sostuvo que “como representantes del pueblo” no pueden ser “meros opinadores” frente a la violencia institucional “ni banalizar un tema que es deuda de la democracia con oportunismo electoral, debemos dotar al Estado y a la sociedad de las herramientas necesarias para prevenirla, sancionarla y erradicarla”. Puntualizó que “ese es el sentido de este proyecto” de ley que será presentado para su tratamiento y aprobación en el Congreso.

Algunas medidas concretas

*Crear centros específicos para la recepción de denuncias sobre casos de violencia institucional.

*Acompañamiento psicológico y asistencia jurídica especializada a las víctimas.

*Reparación económica a los causahabientes de casos fatales o desapariciones por violencia institucional.

*Creación del Registro Nacional de Violencia Institucional.

*Creación del Programa Nacional contra la Violencia Institucional para la formación en DDHH de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias.

*Prohibir a las fuerzas de seguridad la portación de armas letales en manifestaciones públicas.