Cinco meses después de la protesta policial que terminó con efectivos armados manifestándose en la entrada de la Quinta de Olivos, el Ministerio de Seguridad bonaerense desafectó a 450 de los policías que participaron de esos reclamos. La decisión se tomó en la previa de una nueva convocatoria, organizada a través de una página de Facebook, que pretende repetir la rebelión policial de septiembre. "Un grupo de efectivos policiales se corrieron de la ley y hay que darles la sanción que corresponde, y si esa sanción es la desafectación, hay que desafectarlos. No se puede andar especulando con esta situación", afirmó el jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. En diálogo con PáginaI12, el funcionario analizó los motivos que llevaron a la Bonaerense a manifestarse el año pasado, el aprovechamiento político de algunos sectores de la oposición y el panorama que se abre frente a la posibilidad de nuevas protestas.
--¿Por qué motivo se tomó la decisión de desafectar a 450 policías cinco meses después de las protestas?
--Es una definición de rutina que tiene que ver con que se violaron una serie de normativas internas de la policía y se cometieron delitos en el marco de la protesta. Es un proceso administrativo que dura un tiempo y se hizo efectivo, no hay más que eso. Se tomó la decisión ahora porque correspondía con los tiempos sumariales administrativos. Todas estas decisiones son informadas al gobernador y él es el que las haces efectivas, sobre todo en casos de esta sensibilidad.
--¿No podría representar un problema, en el marco de las restricciones impuestas por el aislamiento social, desplazar a más de 400 efectivos? ¿No deja un agujero en la Policía Bonaerense?
--No, hay que cumplir la ley. Un grupo de efectivos policiales se corrieron de la ley y hay que darles la sanción que corresponde, y si esa sanción es la desafectación hay que desafectarlos. No se puede andar especulando con esta situación. Y ya había un agujero en la provincia de Buenos Aires llamado "los últimos cuatro años de vidalismo". En el conurbano bonaerense pasamos de 32 mil efectivos en el 2015 a tener 28 mil en el 2019, cuando nosotros asumimos. Sí, tenemos un problema, pero hay que hacer cumplir la ley.
--Hay versiones de una nueva protesta policial que se está organizando para este jueves 11.
--La principal diferencia con la protesta del año pasado es que, la vez pasada, había un contenido material que permitía entender el malestar policial. Obviamente las formas no fueron las adecuadas y por eso se tomó la decisión de desafectar a 450 efectivos, pero había un reclamo material genuino. Esta vez no. Hoy no hay contenido para que se desarrolle ningún tipo de protesta: el año pasado se aumentaron los salarios luego de cuatro años de caída del salario real, se los igualó a los de la Policía Federal, se llevó a cabo un proceso de incorporación de vehículos, tecnología, mejoras en la comisaría, de aumento en la capacidad del sistema penitenciario bonaerense como pocas veces se vio en la historia. Hoy no hay contenido material que pueda explicar el malestar policial. Por otro lado, en este momento se está trabajando en las paritarias con el resto de los trabajadores y trabajadoras del Estado provincial, que son el paso previo para hacer extensiva esa paritaria a los efectivos policiales. Todo está en su curso.
--¿Qué opina de los pedidos de sindicalización de las fuerzas policiales?
--De acuerdo a la normativa vigente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires no corresponde ningún tipo de sindicalización ni de agremiación, es una fuerza que está sujeta al mando y control del Ministerio de Seguridad y a la que se hacen extensivos los aumentos salariales de acuerdo con las paritarias de los trabajadores y trabajadoras estatales. No hay razón por la cual permitir una sindicalización de la fuerza, no corresponde. Trabajadores que portan un arma no pueden estar sindicalizados.
--¿Hubo motivaciones políticas detrás de la rebelión policial del año pasado?
--Desde un primer momento nosotros dijimos que el reclamo era legítimo porque el retraso salarial después de cuatro años de gobierno de María Eugenia Vidal era muy fuerte, del orden del 30 por ciento. Obviamente sobre ese reclamo se montaron algunos sectores de la oposición que azuzaron los ánimos y fogonearon las protestas. Más allá de este caso, existe un intento permanente de la línea dura de la oposición de instalar el tema de la seguridad como una debilidad del gobierno. ¿Hay un problema de inseguridad? Sí, hace muchísimos años, como en cualquier aglomerado urbano de grandes dimensiones de un país subdesarrollado. Es real y concreto y merece una solución. Y eso es en lo que esta trabajando el ministro Berni. Pero no es una solución mágica sino que es trabajo constante que tiene acciones coyunturales y acciones de carácter más estructural, que tienen que ver con disminuir la desigualdad y la exclusión de aquellos que tienen menos recursos. Este programa no es inmediato, pero es la forma más genuina para resolver el problema en el mediano y largo plazo.
Informe: María Cafferata.