Desde Washington, DC.Hace tres semanas que Donald Trump dejó de ser el presidente de los Estados Unidos, pero para Washington sigue siendo un personaje central. Este martes, el Senado del país norteamericano comenzó a debatir el segundo juicio político contra el ex mandatario, a quien la Cámara de Representantes acusa de incitar la insurrección del pasado 6 de enero contra el Capitolio. Con 56 votos a favor contra 46, la Cámara alta consideró que el proceso es constitucional y se prepara para comenzar a escuchar los argumentos de los dos lados a partir de este miércoles.
El 6 de enero por la mañana, Trump salió de la Casa Blanca y se dirigió a un acto que sus seguidores le tenían preparado en el parque ubicado frente a la sede del Ejecutivo estadounidense. Desde el escenario, les dijo que ellos tenían que pelear por lo que querían, lo que para ellos en ese momento era “parar el robo” de las elecciones. Las escenas siguientes dieron vuelta el mundo: después de esas palabras, la multitud irrumpió violentamente en el Congreso, donde las dos cámaras estaban a punto de certificar el triunfo de Joe Biden. Para el Partido Demócrata, el magnate incitó una insurrección contra la democracia estadounidense y debe ser juzgado por eso.
“Lo que experimentamos ese día, lo que nuestro país experimentó ese día, es la peor pesadilla de quienes redactaron la constitución hecha realidad”, dijo este martes el congresista Joe Neguse, un demócrata que representa al estado de Colorado y es uno de los que dirige la acusación en el juicio político.
Trump no solo es el primer presidente de la historia estadounidense en enfrentar dos juicios políticos. Es también el primero en ser enjuiciado después del final de su mandato. Para su defensa, eso es inconstitucional. Por ese motivo, el Senado comenzó el tratamiento de este tema con un debate en torno a la constitucionalidad del proceso.
En el inicio de la sesión, el equipo de congresistas demócratas que lideran la acusación mostraron un video con imágenes del 6 de enero: un fragmento del discurso de Trump en el que insiste en que él ganó la elección, otro en el que les asegura a sus seguidores que él va a caminar con ellos rumbo al Congreso. No lo hizo. Después de su intervención, volvió a la Casa Blanca, pero como reacción a esa propuesta algunos de los asistentes al acto gritaron “tomemos el Capitolio”. Eso también estuvo incluido en el video de apertura de la acusación. Y luego, la violencia. El choque de la turba con la seguridad casi inexistente. La interrupción de la sesión de ambas cámaras. Los gritos con órdenes de “tirar abajo” las puertas del recinto. La evacuación. Los disparos.
“Ese día murió gente. Hubo efectivos policiales que terminaron con daños en la cabeza y daños cerebrales. Hay gente a la que le lastimaron los ojos. Un policía tuvo un ataque cardíaco. Un policía perdió tres dedos ese día. Dos se han quitado su propia vida”, enumeró el congresista Jamie Raskin, otro integrante del equipo acusador. “Este no puede ser el futuro de Estados Unidos”, agregó.
El objetivo de los demócratas fue apelar al horror del recuerdo del ataque. La defensa de Trump, en cambio, pidió que la emoción no guíe la respuesta del Congreso. “Contraatacar es natural. Es una cosa inmediata que te viene sin que vos la puedas parar, el deseo de venganza”, sostuvo Bruce Castor, uno de los abogados del ex presidente.
En una intervención desordenada, el abogado sugirió que no hay necesidad de llevar a cabo este juicio político. Para él, el fin último que persiguen los demócratas con este proceso es el de evitar que Trump pueda volver a presentarse como candidato a la Presidencia. “La razón por la que tengo un problema con el argumento es que el pueblo estadounidense acaba de hablar y acaba de cambiar la administración”, sostuvo. Para Castor, el sistema funciona, la gente es “lo suficientemente inteligente” como para “elegir un nuevo gobierno si no les gusta el viejo”. “Y lo acaba de hacer”, enfatizó, aunque eso es precisamente lo que Trump no reconoce.
La principal razón que esgrimió el equipo de abogados de Trump para considerar este proceso como inconstitucional es la redacción de la constitución. “A un presidente se le puede hacer juicio político porque se lo puede remover”, indicó otro de los defensores del magnate. Según su lógica, en este caso el ex presidente ya dejó su cargo y, por lo tanto, este mecanismo no corresponde.
Con Trump fuera de la presidencia, los demócratas ponen el foco en una de las dos posibilidades que brinda el juicio político. El objetivo no es la remoción, sino el voto que vendría después de una eventual condena, la prohibición de que el ex mandatario pueda volver a tener un cargo público.
Para la defensa del magnate, eso también va en contra de la constitución, que dice que el juicio político sirve para remover a un presidente y (solo “y”) para descalificarlo en el caso de que quiera volver a postularse. Sin la primera opción, no se puede dar la segunda, razonaron los abogados de Trump.
Después de estas intervenciones, el Senado finalmente votó para decidir si consideraba constitucional este proceso. A los 50 votos demócratas a favor se les sumaron seis republicanos, uno más de lo que se esperaba. En una sesión anterior, la Cámara había estado dividida 55-45 cuando debatió el apoyo al juicio político.
Las sesiones continuarán este miércoles. Durante dos días, el equipo de la Cámara de Representantes y la defensa de Trump podrán presentar sus distintos argumentos. También habrá espacio para preguntas de parte del Senado. La Cámara alta también puede debatir si llama a testigos o necesita más documentos, en el caso de que lo pidan los congresistas que acusan. Finalmente llegarán los cierres de cada lado.
Se espera que el Senado decida el próximo domingo si condena o no a Trump. Los números actuales indican que lo absolverá nuevamente: se necesitan dos tercios de los votos para declararlo culpable. Es decir, 67 senadores que consideren que incitó la insurrección. Hasta ahora, el número más optimista de los demócratas es de 56.
Según medios estadounidenses, Trump siguió esta primera jornada desde su casa en el estado de Florida, donde reside desde que dejó la Casa Blanca. Alejado de las redes sociales, no comunicó ninguna reacción oficial ante las intervenciones de su equipo defensor.
