La primera cuota semestral por los intereses de deuda provincial de unos USD16 millones, correspondientes al crédito de USD350 millones del Fondo del Bicentenario, llegó a su segundo vencimiento el pasado 8 de febrero, tras haber cumplido su período de gracia de un mes en tanto se negociaban nuevas condiciones con sus acreedores. Desde el ministerio de Economía informaron que Salta no entró en default porque el principal tenedor de bonos, el grupo VR Advisory Services Ltd, poseedor del 40% de los bonos de deuda, aceptó la contraoferta provincial, lo que permitió que se estiren los plazos.
En ese sentido, desde la cartera celebraron que a último momento, ese grupo inversor haya aceptado la segunda oferta que realizó el gobierno “porque mejora sustancialmente los intereses y reprograma las cuotas a pagar del capital de la deuda”, que en lugar de tener que hacerlo en tres cuotas anuales desde 2022, la extenderían a 10 semestrales desde 2023.
Pero para que eso suceda, la Provincia deberá convencer al menos a un 35% de los bonistas restantes que aún no dieron señales, y de esa manera llegar al 75% del total, tal como lo exigen las cláusulas de acción colectiva. Por eso mismo, en el Boletín Oficial se publicó la resolución N° 8 del Ministerio de Economía, que anuncia “El inicio del proceso formal que tiene por finalidad obtener el consentimiento de al menos el 75% del total de capital en circulación de tenedores de títulos de deuda al 9,125% con vencimiento en 2024 emitidos bajo ley extranjera en 2016”. Mientras que en el Anexo se adjunta una copia del acuerdo de consentimiento de los agentes, en inglés y español, según la última oferta realizada y aceptada por el grupo VR Advisory.
El Ejecutivo dio a los tenedores de bonos hasta el 19 de febrero para que apoyen o rechacen la propuesta.
De esta manera, Salta avanza en la reestructuración de su deuda, como ya lo hizo la Nación y varias provincias como Córdoba, Chubut, Mendoza, Neuquén y Río Negro, con una propuesta que modifica plazos e intereses.
En 2016, cuando se tomó el crédito para el Fondo del Bicentenario, la tasa obtenida por la colocación de título fue del 9,1% anual, mientras que el capital se pagaría en tres cuotas anuales desde 2022 y hasta 2024. Con el nuevo esquema, la Provincia sigue pagando los intereses de manera semestral, pero arrancaría con un 4% el primero de junio, para luego pasar a un 5% hasta diciembre de 2023.
El monto se eleva a un interés del 7,5% en 2024, y desde entonces y hasta el vencimiento será de 12,5% anual. Es decir, al final la tasa queda queda 3 puntos arriba del interés acordado originalmente, aunque recién en 2025.
Tras la reunión que mantuvo a fines de enero con la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda, conformada por legisladores provinciales, Dib Ashur había asegurado que buscaban “tener una deuda sostenible, con capacidad de pago y para eso negociamos permanentemente los vencimientos y tasas de interés”.
En cuanto a la amortización del capital, el ofrecimiento del gobierno es comenzar a hacerlo en 2023 y en cuotas semestrales, ese año solo pagaría el 10% del total en dos cuotas del 5%. Mientras que en 2024 se pagaría otro 15% en dos cuotas de 7,5%. El restante 75%, se debería cancelar entre 2025 y 2027 abonando el 25% en dos semestres: 12,5% en cada vencimiento del 1 de Junio e idéntico porcentaje en los vencimientos del primero de diciembre.
De no conformar esta propuesta al 75% de los acreedores, este año la Provincia tiene obligaciones en dólares por 55,5 millones; mientras que el año que viene esa cifra se dispara a 154,2 millones; en 2023 los vencimientos son por USD138 millones y en 2024 el monto total a pagar ronda los USD127,3 millones.
La deuda en dólares se completa con el remanente de los 185 millones del Fondo de Reparación Histórico del Norte, que no le preocupan tanto al Ejecutivo ya que los pagos se hacen mediante transferencias directas de las regalías hidrocarburíferas que le corresponden a Salta. Pero el Fondo del Bicentenario tiene como garantía la coparticipación federal de impuestos, que significa el 80% de los fondos que ingresan a las arcas provinciales.