El Poder Ejecutivo está produciendo gravísimos hechos en su estrategia de darle un cierre a las causas por el atentado contra la AMIA. La semana pasada, los fiscales de la Unidad Fiscal AMIA fueron a una dependencia de la ex SIDE a seguir trabajando con la documentación de inteligencia desclasificada –dejó de ser secreta– para ver si se encuentran datos de interés sobre el atentado en sí mismo o sobre las maniobras que se hicieron para desviar la investigación. Sin embargo, los funcionarios del Ejecutivo, más precisamente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la ex SIDE, no les permitieron la entrada. Tras varios días de idas y vueltas, finalmente les autorizaron otra vez la entrada, pero no se sabe cómo van a seguir las cosas. Mediante un decreto, el Ejecutivo ordenó que la documentación quede en manos del Ministerio de Justicia y la primera consecuencia fue obstaculizar el trabajo de los fiscales. Dos agrupaciones de familiares de las víctimas, Apemia y 18J, se reunieron con el ministro Germán Garavano y protestaron por lo que está ocurriendo. Todo indica que el objetivo del Gobierno es cumplir con el alineamiento internacional que tiene la administración Macri –con la derecha norteamericana e israelí, la AMIA y la DAIA– lo que significa condenar de la manera que sea a Irán y rescatar a quienes siempre jugaron para ese palo y están siendo juzgados por encubrimiento: el ex presidente Carlos Menem, la SIDE, el juez, los fiscales, el comisario de la Federal Jorge “El Fino” Palacios y el ex presidente de la DAIA Rubén Beraja. El Ejecutivo no sólo se apropió de la documentación sino que avanza en otros tres objetivos: pretende hacer un juicio en ausencia a los sospechosos iraníes; virtualmente retiró dos abogados del juicio contra Menem y compañía y, además, presiona para que se condene a Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Timerman por haber firmado el memorandum con Irán. Hoy los fiscales se reunirán con el Ministerio de Justicia para ver si se pueden destrabar los obstáculos.

A fines de marzo, el Gobierno emitió un confuso decreto que llamó la atención: con la excusa de que se desclasificaban documentos –ya desclasificados por CFK–, el Ejecutivo ordenó que todos los materiales pasaran a manos de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, a cargo del radical Mario Cimadevilla. El decreto señala que será ese organismo el que ordene, digitalice y traduzca lo que se encuentre. Ese trabajo lo estaban haciendo los fiscales Roberto Salum, Leonardo Fillippini y Santiago Eyherabide, integrantes de la Unidad AMIA del Ministerio Público. Los fiscales hacían el análisis de los documentos con la colaboración de un equipo –el Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental (Gerad)– y el objetivo era sumar elementos para la investigación del atentado y también para el llamado juicio por encubrimiento, que se está realizando en este momento en Comodoro Py y que el mes próximo entrará en la etapa final. La consecuencia del decreto fue que los fiscales ya no pudieron acceder a la documentación, ubicada en una dependencia de la ex SIDE, en el Pasaje Barolo. En los últimos días, los fiscales lograron acceder nuevamente al lugar, pero hoy se reunirán con el Ministerio de Justicia para ver cómo se supera este nuevo obstáculo.

Mientras tanto, Cimadevilla llevó al Congreso el proyecto de juicio en ausencia, con el que se pretende juzgar a los iraníes sospechosos. Muchos juristas entienden que se trata de un proyecto inconstitucional porque viola el derecho de defensa ya que no es lo mismo si un imputado está presente, designa su abogado, decide las respuestas y estrategias, que si el defensor lo designa el Estado y el acusado ni siquiera está para ser indagado. Por otra parte, están los juristas que sostienen que no se puede aplicar en forma retroactiva una ley, aunque ésta sea procesal.

Más allá de los tecnicismos, el objetivo político del gobierno es cumplir con sus aliados internacionales y lograr una condena de Irán por dos actos de terrorismo, en la AMIA y en la Embajada de Israel. El régimen persa no tiene acusaciones similares en ningún otro lugar, salvo en el mismo escenario de Medio Oriente en que se imputa a Teherán de darle apoyo a Hezbollah, organización libanesa que forma parte del parlamento pero que es considerada terrorista por Estados Unidos e Israel. Una condena contra Irán es ahora más importante que nunca ya que, en el conflicto sirio, Irán está alineado con Rusia y con el presidente Bashar Al Assad, en una alianza opuesta a los bombardeos lanzados por Washington hace diez días.

Por último, todas las organizaciones de familiares de las víctimas de la AMIA –Memoria Activa, Apemia, 18J– rechazaron la conducta del Ministerio de Justicia en el juicio por encubrimiento. Dos abogados que representaban al ministerio –Mariana Stilman y Ezequiel Strajman– presentaron sus renuncias y señalaron que fueron presionados para no intervenir activamente contra los acusados. Un letrado, enviado directamente por el ministro Garavano, exigió que se pusiera más distancia con los familiares de las víctimas y que no hubiera una actitud activa en la acusación contra Menem y los demás acusados.

En la reunión de la semana pasada con Garavano, Apemia y 18J reclamaron la renuncia de Cimadevilla, el responsable del caso AMIA en el Ejecutivo. La versión es que la Casa Rosada sostendrá a uno de los pocos radicales que tienen en funciones, pero su labor es muy cuestionada: tardó más de un año en elaborar la ley de juicio en ausencia y –según dicen en el Gobierno– perdió el control de lo que se está haciendo en la causa y en el juicio. Las últimas y graves jugadas son una intentona de retomar ese control, pero para llevar las cosas a un cierre con la condena a Irán, trabar el trabajo de los fiscales y ayudarle a los acusados por encubrimiento. Los familiares ya hablan del encubrimiento del encubrimiento.

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