La Fiscalía de Bolivia imputó al general retirado Luis Fernando Valverde por homicidio y lesiones graves durante la feroz represión desplegada en la planta de gas de Senkata el 19 de noviembre de 2019. Valverde estaba al frente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y en los días posteriores al golpe de Estado fue quien decidió el destino del operativo militar y policial que culminó con 10 manifestantes muertos y al menos 65 heridos. "Ahora queda esperar que la autoridad jurisdiccional fije fecha y hora para la audiencia de medidas cautelares donde pediremos la detención preventiva del sospechoso", sostuvo Marco Antonio Cossío, fiscal departamental de La Paz.

Cossío dijo que reunió testimonios de testigos que implican a Valverde al dar órdenes militares que no le correspondían, y agregó que la investigación será ampliada a los entonces ministros de Gobierno y de Defensa, Arturo Murillo y Luis Fernando López, piezas centrales del gobierno de facto de Jeanine Áñez. "Seguiremos en la lucha hasta conocer a nuestros verdugos, sabemos de dónde vinieron las balas y llegaremos a la verdad. Nuestro pedido de justicia es inclaudicable", aseguró en diálogo con PáginaI12 Iván Hidalgo Mejía, herido en Senkata.

El 19 de noviembre de 2019 fuerzas militares y policiales buscaban abrir el paso para llevar combustibles desde una refinería de la petrolera estatal YPFB situada en el barrio alteño de Senkata hasta La Paz, que estaba cercada y desabastecida por bloqueos desatados tras el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales. Ese día se registraron violentos enfrentamientos entre las fuerzas represivas y los manifestantes leales a Morales. 

En el momento de mayor tensión, Valverde dio la orden para que seis tanquetas que escoltaban a los camiones cisternas con combustible retornen a la refinería donde se producía la manifestación. Estos vehículos llevaban cada uno a una decena de militares que reforzaron al contingente que ya estaba dentro de la planta. "Posteriormente se presume que los efectivos militares, bajo orden jerárquica y aquiescencia de sus superiores habrían reprimido a la población civil con armamento y munición letal", asegura el comunicado de la Fiscalía de La Paz.

El fiscal Cossío relató que en un principio se había logrado hacer el operativo de forma exitosa, logrando salir los convoys de la planta de Senkata. Frente a esa situación, algunos manifestantes tumbaron muros perimetrales y las protestas se volvieron más enérgicas. "Lo curioso de este general de las fuerzas armadas es que en ese momento simplemente ejercía el cargo de Director de la ANH. Sin embargo, cuando llegan al regimiento Ingavi, ante el conocimiento de que se estaría intentando ingresar a la planta de Senkata, toma contacto con el exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, y dispone ponérselo nuevamente en el grado de general", relató el fiscal departamental de La Paz. 

Las reacciones de los familiares de las víctimas y de quienes siguen de cerca la causa frente a la decisión de la Fiscalía son dispares. "No hay conformidad pero es un avance, el general es una parte del engranaje pero falta concretar las imputaciones a otros exministros y a Jeanine Áñez", aseguró a este diario David Inca, representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de El Alto. En un tono similar Iván Hidalgo Mejía, herido por un disparo de arma de fuego en Senkata, aseguró que "la imputación no sólo debería ser para Valverde sino también para todo militar que disparó, para cada policía que torturó y lastimó violando nuestros derechos humanos".

Se trata del segundo militar al que el Ministerio Público involucra en las investigaciones de las muertes ocurridas durante la crisis de 2019 en Bolivia. Otro uniformado, Alfredo Cuéllar, cumple prisión domiciliaria desde noviembre pasado en Cochabamba, como parte de las investigaciones por el asesinato de diez civiles en un operativo militar y policial registrado el 15 de noviembre de 2019 en la ciudad cochabambina de Sacaba.

Tras la detención de Cuéllar, el alto mando militar dijo estar "desconcertado" y aseguró que los militares cumplieron órdenes emanadas del poder civil. Efectivamente, el Decreto Supremo 4078 de la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, autorizaba a las fuerzas armadas a realizar operaciones para "reestablecer el orden" y eximía a los militares de cualquier responsabilidad penal. "Áñez firma el decreto con una suerte de manto de impunidad para los militares, amparándose en una supuesta legítima defensa", remarcó en ese sentido la defensora del Pueblo de Bolivia, Nadia Cruz, al tiempo que exigió mayor celeridad y compromiso a la Fiscalía paceña.

Las manifestaciones de octubre y noviembre de 2019 en Bolivia dejaron un saldo represivo de 35 muertos y cientos de heridos. Por los hechos ocurridos en Sacaba y Senkata, la anterior Asamblea Legislativa había sugerido la apertura de un juicio de responsabilidades contra Áñez y sus ministros de Estado, además de otras autoridades. En su informe, una comisión legislativa destacó que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) había establecido que las muertes en ambas movilizaciones fueron causadas por armas de reglamento de la policía boliviana y las fuerzas armadas.

Poco después de asumir la presidencia de Bolivia, Luis Arce anunció la llegada al país de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar las masacres de 2019. Esta semana el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dependiente de la CIDH inició la recolección de testimonios de las víctimas de Senkata. Inca recordó que durante el gobierno de facto los familiares de las víctimas sufrieron "acoso y amenazas de parte del anterior ministro de Gobierno (Arturo Murillo)", por lo que aún persiste el temor entre quienes están actualmente prestando declaración".