Los embates contra las medidas de los gobiernos progresistas que apuntan a distribuir la riqueza tuvo un nuevo capítulo en el inicio de 2021: los sectores más poderosos de la Argentina anticiparon que litigarán contra el pago del Aporte Solidario y Extraordinario.

Semejante reacción a una ley sancionada por el Congreso de la Nación no es sorpresiva ni casual. Los sectores poderosos nunca tuvieron límites a la hora de defender sus millones con artimañas de cualquier índole. Ni siquiera en un contexto en el que la desigualdad se profundiza y en el que prestigiosos economistas coinciden en que es necesaria una distribución progresiva del peso económico de la pandemia para superar esta situación.

Por el momento los ricos vienen escurriéndose exitosamente. En su informe ¿Quién paga la cuenta?, Oxfam señala que la riqueza de los súper millonarios de América latina aumentó en total en 48,2 billones en los primeros cuatro meses de pandemia, un crecimiento del 17 por ciento. 

Esto significa que mientras millones de personas batallaron contra la covid-19 y las extremas dificultades económicas que la emergencia sanitaria impuso, un pequeño grupo continuó enriqueciéndose. Y en Argentina hoy vuelven a la trinchera para garantizarse que esto siga siendo así.

Este es justamente uno de los aspectos centrales de los debates y combates alrededor del Aporte solidario y extraordinario. Economistas como Piketty, Stiglitz y Zucman, entre otros, vienen advirtiendo sobre la importancia de que los ricos asuman una parte proporcional del peso económico de la pandemia. Caso contrario la acción pública nunca será suficiente. Y la utilización de los impuestos para estos fines no es una novedad. Países como Estados Unidos, Japón, Alemania y Francia pusieron gravámenes especiales en contextos bélicos y algunos países han implementado algo similar en la crisis financiera de 2008.

Es cierto que América latina tiene una tradición más timorata que el Primer Mundo en lo que respecta a gravar a los ricos. Ello se refleja en los enormes contrastes que tenemos en la región. Pero hoy Argentina es la punta de lanza de medidas de este tipo que hoy están debatiéndose en muchos países del mundo.

El Banco Mundial publicó recientemente en su blog un artículo de Jim Brumby que señala que este es el momento indicado -y posiblemente no haya otro mejor- para implementar impuestos sobre el patrimonio. 

Basa sus argumentos en cinco cuestiones: 

1. La primera de ellas ya la hemos repasado y es el crecimiento desmedido de la desigualdad. 

2. La problemática fiscal: durante el 2020 los gobiernos incurrieron en enormes gastos para brindar servicios de salud e implementaron medidas de alivio financiero a individuos y empresas que insumieron una gran cantidad de recursos. 

3. En tercer lugar, explican que se viene dando en el mercado de valores un frenesí por acciones que ofrecen ingresos seguros y crecientes, que alimentan la desigualdad que mencionábamos y que podría moderarse a través de este tipo de impuestos. 

4. Un cuarto aspecto es que cada vez resulta más difícil esconder el dinero en paraísos fiscales y es por ello que se presume que un impuesto patrimonial en este contexto podría ser más exitoso que antes. 

5. El último aspecto es uno de los más preocupantes, especialmente para países como el nuestro: el desgaste del tejido social. La proliferación de expresiones discriminatorias y violentas, sumadas a la cada vez más desigual distribución del ingreso están poniendo a prueba a las sociedades como espacios de convivencia de distintos sectores. Y como en muchos otros aspectos, la posición que asuma el Estado en esta coyuntura es fundamental.

Por todo eso es que concluyen que este es el momento de considerar acciones de este tipo. De un modo similar lo ven en el Reino Unido, donde una comisión está debatiendo un impuesto a la riqueza. Al respecto esta comisión señaló en una publicación reciente que la forma final que le den a este gravamen deberá tener cinco características: generar una cantidad significativa de ingresos, ser eficiente, justo, difícil de eludir y todo ello debería hacerlo mejor que otra alternativa.

Argentina, a través de sus representantes, ha resuelto implementar un gravamen de este tipo. Generaría el equivalente a 3500 millones de dólares, concentrado en el 0,02 por ciento de la población, sobre las declaraciones juradas de Bienes Personales y por única vez. Sino todos, cumple varios de los requisitos que hoy se analizan en el Primer Mundo.

Pero en los estudios jurídicos y contables se atrincheran profesionales irresponsables dispuestos a defender con uñas y dientes la riqueza de sus empleadores y a garantizar que todo el peso económico de la pandemia lo asuma el resto de la población.

* Contadora.