Al cumplirse un año de la apertura del mayor concurso de acreedores de Vicentin, una comisión ad hoc de Diputados que sigue el derrotero de ese ominoso default de 1400 millones de dólares presentó ayer las conclusiones de lo que hurgaron a la par de la convocatoria de la justicia civil y la causa penal contra los ejecutivos del gigante agroexportador. "El directorio de la empresa no viene haciendo ninguna propuesta para los acreedores, el único horizonte que vemos es la potencial quiebra de Vicentin", se sinceró el presidente de la comisión, Luis Rubeo. 

Los legisladores irán en las próximas semanas por los síndicos del concurso --hay 1727 acreencias comprobadas, por un total de 1400 millones de dólares--, por el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, por ser esta banca pública una de las mayores damnificadas, y también con el gobernador Omar Perotti y los gremios que representan a los 1200 trabajadores del grupo. También piensan en ir a pedirle explicaciones al juez civil de Reconquista, Fabián Lorenzini, sobre su decisión de pesificar la deuda de Vicentin para con los productores agropecuarios y acopios que le entregaban los granos, y mantener dolarizada la acreencia de los bancos internacionales, en el orden de los USD 500 millones. 

Eso lo propuso el diputado Rubén Giustiniani, del bloque Igualdad. "Pesificarle a los productores fue una estafa. El hilo se está cortando por lo más delgado y vemos que sigue el gran interrogante de dónde está el dinero que se esfumó entre agosto y noviembre de 2019", dijo a Rosario 12. 

La dimensión del colapso económico que significó en la pampa sojera lo da el hecho de que en 2019 Vicentin estaba en el 7° lugar de las empresas del país que más facturaban. Solo cuatro años antes, estaba en el puesto 25°, lo cual connota el crecimiento del grupo durante la era Macri.  

Los informes que la comisión legislativa produjo durante 2020 consideran demostrado que el directorio de Vicentin actuó con dolo en el vaciamiento previo del pool de empresas, para luego hacerlo caer en default a fines del año pasado. Se apoya, entre profusa documentación, en datos de la Sindicatura General de la Nación. También documentan como parte de esas maniobras la creación de empresas en el exterior y cambios en la estructura corporativa que gestaron las condiciones para el vaciamiento.

El veedor del concurso Sergio Arelovich advierte en el informe que "en las empresas del complejo oleaginoso se puede observar un complejo entramado societario que generalmente usan las llamadas guaridas fiscales. Son más de una empresa en la cadena de valor. Hay tres nacionales, Aceitera General Deheza, Molinos y Vicentin. Tienen sede también en paraísos fiscales". Y subrayó que "más del 70 por ciento de los concursos preventivos terminan en quiebra". Los diputados alertaron que "hubo avisos previos, marcadores que alertaban lo que estaba por ocurrir en Vicentin".

El informe constata que hubo derivaciones de dinero por parte de los ejecutivos de Vicentin a cuentas en Bahamas, Islas Vírgenes y Estados Unidos. El diputado Carlos Del Frade dijo ayer que "hay que traer esa plata que le robaron al pueblo argentino a través de este fugaducto que fue Vicentin como expresión del macrismo. Su directorio produjo el vaciamiento y a la cáscara vacía la metió en el concurso. Ocho directivos de Vicentin, a través de 1418 transferencias bancarias se metieron en el bolsillo 791 millones de dólares que eran del BNA entre agosto de 2019 y enero de 2020. Es delito y deben estar presos, y si no hay que sacarles los bienes. Lo hicieron con anuencia de funcionarios del BNA y el Banco Central, presididos por Javier González Fraga y Guido Sandleris respectivamente, y la responsabilidad penal de Carlos Castellani, representante del BNA en Santa Fe", disparó Del Frade. 

“Lo primero que vamos a hacer este año es tomar contacto con los síndicos; en la reunión que tuvimos el año pasado, dijeron que el salario de los trabajadores estaba garantizado hasta el mes de abril porque la empresa venía alquilando sus instalaciones, y de esta manera tenía los recursos para pagar los salarios. El problema es que dicha compañía (Díaz y Forti SA) que venía arrendando sus infraestructuras, ha sido suspendida por la Afip. Esto podría resentir los recursos para pagar los salarios de los trabajadores y las trabajadoras", calculó Rubeo.

La comisión legislativa quiere saber además qué está haciendo el BNA hoy para recuperar la deuda de 300 millones de dólares que Vicentin incumplió por créditos dulces que ahora son objeto de investigación en la causa penal que impulsa el fiscal federal Gerardo Pollicita. 

Rubeo anticipó también que pedirán reunión con Perotti. "Por cómo se está dando el proceso, nos preocupa ya que podría terminar en el peor de los escenarios. El directorio de la empresa en cuestión no viene haciendo ninguna propuesta para los acreedores, el único horizonte que vemos es la potencial quiebra de Vicentin”, se alarmó. Además, solicitarán una reunión con el juez Lorenzini, a cargo del concurso preventivo de acreedores. "Para saber por qué pesificó la deuda con los productores y dolarizó la de los bancos internacionales", resumió el titular de la comisión.