Úrsula tenía 18 años, estuvo de novia con Matías Martínez, policía bonaerense, con antecedentes. Un violento que la golpeó y la amenazó de muerte. Hasta que la mató.

Úrsula y su mamá lo habían denunciado. Estaba con “carpeta psiquiátrica” por las reiteradas denuncias contra él por violencia de género. Uno de cada 5 femicidios en nuestro país son cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad. Pero la violencia de género no es motivo suficiente para que lo exoneren: se cubren, se amparan, afianzan su pacto corporativo.

Úrsula tenía miedo de que la maten y la mataron. Pidió ayuda, hizo denuncias. Sus posteos en las redes y su voz desesperada a las amigas hablan en un lenguaje que es de la calle, de las movilizaciones, de la constatación cotidiana de que la rabia no alcanza, de que es necesario organizarla para cambiarlo todo. Pero todo, de cuajo. Porque su historia no es extraordinaria, es dolorosamente común.

“Si un día no vuelvo, rompan todo”, publicó días antes de ser asesinada. Sus amigas habían recibido sus pedidos de auxilio, estaban ahí para ella, sosteniéndola, viendo en simultáneo cómo el Estado demoraba las medidas de protección y no evaluaba el riesgo en que estaba Úrsula. Cuando se encontró su cuerpo salieron a la calle. ¿Quién puede evitar sentir en el cuerpo propio el zarpazo de dolor y rabia? Esta vez la reacción fue rápida: la bonaerense salió a reprimir. Un disparo de bala de goma en la cara de una de las amigas es la respuesta de la Policía al femicidio de Úrsula. El ministro de Seguridad, Sergio Berni, lo justificó diciendo que habían quemado un patrullero. La chica herida estaba sola frente a un pelotón. Protegen sus bienes y no protegen a las víctimas. La policía es responsable. Su responsable político también lo es.

¿Qué pasa cuando una mujer, lesbiana, travesti o trans denuncia violencia de género?

Espera horas que la atiendan en la línea 144, y cuando sucede le dicen que vaya a la comisaría a hacer la denuncia o a la Oficina de Violencia Doméstica si está en CABA. Otra vez la espera de horas, y la revictimización. Con suerte, consigue que se dicten medidas de protección: para todas las mismas. Botón antipánico -si hay-, restricción de acercamiento para el violento y en muchos casos “restricción recíproca” de acercamiento. La víctima es quien tiene que llevar los oficios a las comisaría para que estén al tanto y comuniquen al agresor. 

¿Quién controla que se cumplan las medidas? Las víctimas. Y cuando se violan, en la inmensa mayoría de los casos, y accionan el botón antipánico les dicen que no pueden hacer mucho. No pueden detener a los agresores. Las amenazas no son tenidas en cuenta, se las considera un delito leve. Igual que las “lesiones” que si no te dejan inválida son consideradas “leves”. Esas causas nunca avanzan. Las víctimas no terminan de entender a quién tienen que llamar para pedir ayuda porque no saben qué juzgado ni qué fiscalía interviene.

 La burocracia del Estado y la Justicia no toma en serio el riesgo denunciado una y otra vez a la hora de evaluar la peligrosidad del agresor si ya ha tenido otros episodios de violencia porque si cambia la víctima cambia la causa y no se analiza. No hay quién acompañe a la víctima. Ni el patrocinio jurídico gratuito, que es ley, está puesto en marcha. Tampoco se designa a otras personas para el acompañamiento. 

La víctima está sola frente a la policía -que nos toma por locas- y a una Justicia que no escucha. Sola, salvo por el acompañamiento de amigas o de organizaciones feministas en el mejor de los casos. Solas, encerradas por ese sistema de medidas de restricción que nadie hace cumplir. Existen los refugios pero son pocos y siguen sosteniendo el paradigma de perderlo todo en un encierro obligado y privado de los afectos cercanos mientras los agresores siguen con su vida.

En el caso de Úrsula, le dieron vía libre institucional al femicida. La Justicia es responsable

En 2015, la primera vez que salimos masivamente a la calle para decir ¡basta! a los femicidios, reclamamos que en lugar de dejar la responsabilidad de su protección en las víctimas, se controle a los agresores a través de tobilleras. El femicida de Úrsula no tenía tobillera, no estaba siendo controlado por la Justicia, no se evaluó seriamente su peligrosidad.

El acompañamiento a las víctimas en el camino de ponerse a salvo de la violencia machista y de género no es sólo responsabilidad de la Justicia. Lo que se necesita es un acompañamiento transversal y multidisciplinario que no deje a quien denuncia en peores condiciones que antes de denunciar. Porque denunciar implica exponerse, quedarse sin vivienda, sin alimentos para les hijes, implica el desarraigo, la interrupción de la vida cotidiana, la pérdida de lazos afectivos y comunitarios. Sencillamente por tener que ponerse a salvo.

El aislamiento y el distanciamiento social agudizaron la violencia dentro de los hogares. También la crisis económica que es fuente de precarización acelerada de la vida de miles. Para elegir una vida libre de violencia, lo que necesitan quienes sufren violencia de género es fortalecer su autonomía. Esa tiene que ser una prioridad. Vivienda, acceso al trabajo, espacios de cuidado comunitarios. 

Luchar contra la violencia machista no es un tema solo judicial o policial, es una urgencia social. Por eso demandamos una y otra vez que la violencia machista y la constante sangría de los femicidios se conviertan en problema de Estado. Un problema que no puede esperar porque en ese compás siguen los femicidios prácticamente todos los días. Este enero fue una mujer o una travesti asesinada cada 23 horas. El Estado es responsable.

Hoy nos invade el dolor y la rabia. Estamos con les amigues y familiares de Úrsula, con el pueblo de Rojas que toma la calle. En el país entero surge la necesidad de convocarse, de denunciar. Ahora mismo, otras tiemblan de miedo porque ven replicada su historia en la historia de Úrsula. Ese dolor y esa impotencia, esta rabia y este duelo se están organizando.

Por eso el próximo miércoles 17 de febrero nos concentramos en Tribunales, en la Ciudad de Buenos Aires, y en cada tribunal del país para denunciar esta violencia que busca disciplinarnos, esta precariedad de la vida que nos condena a dejar el cuerpo en horas y horas de trabajo mal pago y no pago para no poder garantizar siquiera lo básico. 

Por Úrsula y por todes, volvemos a decir que vivas nos queremos. ¡Ni Una Menos! ¡Vivas y libres nos queremos! Basta de justicia patriarcal y de represión policial.