La Cámara de Diputados convertirá hoy en en ley, con un amplio respaldo político, el proyecto que establece que las negociaciones en materia de deuda pública con cualquier tipo de financiación internacional deben contar con aval parlamentario.
El proyecto de sostenibilidad de la deuda fue debatido ayer por el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas, que presiden Carlos Heller (Frente de Todos) y Fernanda Vallejos (Frente de Todos), y obtuvo dictamen con el respaldo unánime de todos los bloques parlamentarios. El texto que fue pensado desde el Ejecutivo para que el Estado no pueda endeudarse, como lo hizo durante la gestión de Mauricio Macri, sin el aval del Congreso sumó el respaldo de los referentes de Juntos por el Cambio en ambas comisiones.
En un marco de consenso general para avanzar con la norma, tanto Heller como Vallejos evitaron referirse puntualmente a la gestión de Cambiemos y optaron por ponderar los beneficios de la ley de cara al futuro.
Al abrir el debate, Vallejos destacó la importancia de que el proyecto establezca "la participación del Congreso en decisiones estratégicas que comprometen el futuro del país" y consideró que con esta ley "se está dando un paso adelante muy importante".
Asimismo, Heller destacó la importancia de que el proyecto contemple "que no se pueda tomar deuda para financiar gastos corrientes" porque, dijo, "es muy saludable" y consideró que con esta iniciativa "se dota al Estado de una herramienta de elevación de la calidad democrática".
Desde Juntos por el Cambio, Luciano Laspina (PRO-Santa Fe) adelantó el respaldo de ese bloque opositor al proyecto, al considerar que "devuelve facultades al Congreso" aunque sostuvo que tiene "severos errores de técnica legislativa porque lo hace de una manera que genera superposiciones con la ley de Administración Financiera".
El proyecto determina que "la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para ese ejercicio".
En ese sentido, el texto establece que toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras que supere dicho "porcentaje requerirá de una ley especial del Honorable Congreso de la Nación que la autorice expresamente".
En el artículo segundo, el proyecto dispone que "todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley" del Congreso "que lo apruebe expresamente".
Tras este dictamen, la comisión de Presupuesto junto con la de Vivienda y Ordenamiento Humano y Presupuesto y Hacienda, que presiden Domingo Amaya (Juntos por el Cambio) y Heller (FdT), analizó el proyecto de promoción de la construcción que contiene beneficios fiscales para poder apuntalar esa actividad.
La iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional también obtuvo dictamen unánime de todas las fuerzas políticas, aunque Juntos por el Cambio pidió que esas viviendas que se construyan puedan ser destinadas para alquilar, lo cual no está previsto en el proyecto.
La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo exime del impuesto de Bienes Personales a las inversiones destinadas a la construcción de inmuebles nuevos durante dos años y otorga un crédito fiscal para computar contra este impuesto igual al 1% de las inversiones realizadas en construcción.
