Autoridades y miembros de comunidades del Pueblo Wichí del norte de Salta llevaron a cabo ayer el segundo día de manifestación pacífica esperando recibir la mercadería y otros elementos donados encontrados en la casa de la concejala tartagalense Paola Díaz (Ahora Patria) y de su hermana, la defensora civil Rosa Díaz. Ambas están acusadas de vender estos donativos. Tras la acusación formal el fiscal penal Rafael Medina pidió que se entreguen las donaciones a las autoridades indígenas.
La decisión ahora está en manos del juez de Garantías de Tartagal, Nelson Aramayo, quien, según referentes indígenas, les dijo que la mercadería secuestrada iba a estar en sus manos en el mediodía de ayer. Sin embargo, como eso no ocurrió, las autoridades indígenas se apostaron en las puertas de la Ciudad Judicial de Tartagal a la espera de respuestas.
Abel Mendoza, presidente de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP) e integrante de la comunidad wichí Santa Victoria 2, contó a Salta/12 que por la mañana el fiscal Medina les dijo que explicó que había pedido la entrega de la mercadería y que ahora tenían que "hablar con Nelson Aramayo", pero añadió que el juez "salió por otra puerta de la Ciudad Judicial" cuando lo buscaron para conversar.
Anteriormente ya habían cruzado palabras con el juez, quien les manifestó que la mercadería iba a ser entregada en la jornada de ayer. Como eso no pasaba, en un momento del día se quemaron cubiertas como forma de protesta.
"Ahora estamos peor todavía", lamentó Mendoza. Contó que desde las 13 estuvieron en la Ciudad Judicial "porque el juez dijo que a esa hora nos íban a entregar la mercadería. Estamos sin desayunar, no tenemos techo donde quedarnos y está lloviendo acá", relató.
La retención de las donaciones por parte de la concejala y la defensora oficial se supo cuando Sandra Díaz, hermana mayor de las imputadas, denunció públicamente y en la Justicia que ambas mujeres vendían la mercadería recibida.
El fiscal Medina pidió que la mercadería se entregue "en calidad definitiva a los caciques y/o representantes de las comunidades wichi de manera equitativa, previa certificación por parte de la Secretaria de Vuestro Juzgado". Además, solicitó que en la entrega estén la acusada Rosa Díaz y su abogada, "por si acreditan la propiedad de algún bien y se opongan a la entrega".
Entre los bultos secuestrados había ropa, alimentos no perecederos, pañales y agua embotellada. Todo estaba acopiado en una cocina, un salón de fiestas, un depósito y una cámara frigorífica en el domicilio de las hermanas Díaz. Ese donativo, que llegó de la Fundación Noble, de Santa Fe, debía ser entregado hace un año cuando se conoció públicamente el incremento de muertes de niños wichí por causas vinculadas a la desnutrición.
"Sabemos que hay mercadería que está vencida, pero sigue sin entregarse y nosotros hemos venido de tan lejos por la necesidad. Teníamos la esperanza de tener esa mercadería por lo menos para la alimentación de un día o dos, pero no llegamos con lo que se prometió", lamentó Mendoza.
En las primeras declaraciones que vertió la concejala tras la denuncia dijo que eran "cosas que teníamos que llevar a Santa Victoria Este, pero pasó la pandemia"; aseguró asimismo que los representantes de la Fundación "saben que las cosas están acá documentadas" y "en ningún momento se vendió nada". Paola Díaz sigue detenida y acusada junto a su hermana Rosa por administración fraudulenta de bienes o intereses ajenos.
El lunes 8 los miembros de las comunidades de Santa Victoria Este y de otros parajes del departamento Rivadavia, se movilizaron al Concejo Deliberante tartagalense en búsqueda de explicaciones. Sin embargo, no obtuvieron respuestas por parte de su presidente, Sergio González, quien dijo que no tenía conocimiento de la actuación de la la edil, que llegó al cargo por el partido Ahora Patria, del ex diputado nacional Alfredo Olmedo.
No obstante, el partido olmedista integró el frente que llevó al radical Mario Mimessi a ganar como intendente, quien ahora también negó haber tenido conocimiento del proceder de la concejala. Las autoridades indígenas intentaron pedir ayuda al jefe comunal para que les entregaran donativos y para que les facilitara un lugar donde dormir, pero la respuesta fue que "nosotros no pertenecemos al municipio de Tartagal", manifestó indignado Mendoza. Las más de 60 personas que se llegaron a la ciudad fueron recibidos por vecinos que les dieron alojamiento.
Remoción del cargo
Si bien la mayor condena social se está dando contra la concejala Paola Díaz, la imputación a su hermana Rosa también generó actuaciones en el ámbito judicial. Por un lado, el procurador general de la provincia, Abel Cornejo, presentó una denuncia en su contra ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público de Salta.
Cornejo acusa a la defensora oficial por la presunta comisión de delitos, mala conducta, mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo y solicitó que se abra el proceso de remoción de su cargo.
De acuerdo a las actuaciones, Díaz habría incurrido en incumplimiento de los deberes a su cargo, comisión de presuntos delitos dolosos y mal desempeño en su rol de funcionaria pública, con el agravante de haber perjudicado a un sector de extrema vulnerabilidad que debía recibir la mercadería.
De todos modos, ya con anterioridad a la defensora civil se le inició un sumario administrativo, dispuesto por su jefatura, la Defensoría General de la Provincia, que la suspendió también preventivamente en sus funciones por 30 días.
