La historia económica muestra que los precios y las cantidades de la moneda y la comida siempre han sido siempre regulados por el Estado. Desde el antiguo Egipto hasta nuestros días se han desarrollado diversos mecanismos de aprovisionamiento y distribución de alimentos.
El más documentado es el de Roma donde, desde poco tiempo antes a Julio Cesar, se distribuían gratuitamente raciones de trigo público, propiedad del Estado, a 300 mil personas, y la pena de muerte era aplicada a los acaparadores. Los romanos ya habían intuido que el alza de los precios del trigo era el resultado de una acción desleal a la república y que la debilitaba.
En la actualidad los países avanzados subvencionan la producción de alimentos de tal suerte que la disponibilidad global sea superior a las necesidades y exportan una pequeña parte del excedente. Los Estados de los países con déficit de alimentos subvencionan esas importaciones.
La mayor parte de los países poseen o aspiran a la autosuficiencia alimentaria y el comercio exterior del trigo por ejemplo, si se excluyen los intercambios intra-europeos, representan menos de 10 por ciento de la producción mundial.
Regulación
La regulación de la provisión de alimentos es el resultado de la experiencia de los países para impedir ser objeto de chantajes y limitar las fluctuaciones en los precios y las cantidades, en virtud de lo cual se han creado organismos reguladores que administran stocks para evitar situaciones indeseables que crean incertidumbre en los productores y en los consumidores.
Estos organismos limitan la amplitud de eventuales desequilibrios que pueden crear inquietudes en los consumidores que deben imperativamente comprar alimentos para poder satisfacer sus necesidades. Existe por lo tanto en los países avanzados un "pacto de caballeros", de tal suerte que a partir del siglo XIX es excepcional, salvo la hambruna en Irlanda provocada por Inglaterra, encontrar carencias de alimentos debido a acciones dolosas.
Pero suele suceder acuerdos entre productores para controlar la oferta que obliga a los Estados a imponer multas considerables, que se miden en millones de euros, para evitar fraudes. Es por esto, dado que existen oligopolios en la oferta de alimentos, que el precio debe ser objeto de una regulación enérgica y minuciosa acompañada de sanciones muy severas y convincentes.
Pocos economistas se han atrevido a postular que el sector agrícola deba ser autorregulado por la oferta y la demanda privadas y que no sea regulado por el Estado. El análisis de la necesidad de regular o influenciar el precio de los alimentos por parte del Estado está en el nacimiento de la economía política con Adam Smith y David Ricardo.
León Walras fundador de la teoría ortodoxa moderna y que estableció la llamada “Teoría del equilibrio general” excluyó específicamente de la autorregulación del mercado la moneda, la agricultura y los servicios públicos. Los argumentos de FIEL y de Domingo Cavallo, como de otros de la secta argentina de la ortodoxia, sobre la regulación de los precios agrícolas, son necedades impropias del siglo XXI producto de su indolencia intelectual.
Mercados
Medios dominantes y economistas ortodoxos, defensores de los intereses de las cerealeras y los acopiadores, han difundido la siguiente creencia: puesto que “el país exporta lo que come” los precios internos de los alimentos están acoplados al llamado mercado mundial, y que la regulación del mercado interno puede perturbar el volumen de las exportaciones y acrecentar las dificultades económicas. Esto sería así porque el sector de los granos provee el 70 por ciento de las exportaciones y, por lo tanto, satisface la avidez bien conocida de dólares.
La debilidad de ese argumento estriba en que el “mercado internacional” no existe. Hay múltiples mercados, más o menos protegidos por la presencia de oligopolios de exportadores, con precios diversos y la cotización de los denominados mercados a futuro, ya sea el de Chicago o Rofex en Argentina
Esos mercados pertenecen a empresas privadas que en sus computadoras relevan los diferentes contratos que se establecen entre los supuestos compradores y los supuestos vendedores, que son en realidad algunas empresas pero sobre todo bancos y especuladores.
La manipulación de las cotizaciones es habitual y son imaginarias, ya que los verdaderos valores que dan lugar a las compras y ventas en la realidad son pactados por contratos a largo plazo entre empresas productoras de alimentos con los acopiadores o cooperativas y los productores.
Maldición
Existen numerosos estudios económicos realizados a pedido de los gobiernos que muestran, como el de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que el 80 por ciento de los contratos son ficticios y no dan lugar a transacciones y son simplemente apuestas especulativas.
Esos resultados algunos medios utilizan para justificar la remarcación de los alimentos y las ganancias excesivas del sector de la distribución más concentrado. Como se ve, cuando la diputada Fernando Vallejos (FdT) alertaba sobre la existencia de una maldición argentina no se refería la existencia de una calamidad divina sino a un chantaje político y social.
La manipulación de los precios de los alimentos en los mercados a futuro crea dificultades económicas para los trabajadores porque absorben una parte significativa de sus ingresos y, a la vez, es un freno al crecimiento económico. El impacto negativo en el nivel de vida de los trabajadores por el aumento del precio de los alimentos es tanto mayor cuanto menor es su ingreso.
La llamada ley de Engel explica que primero se satisfacen las necesidades primarias, los llamados bienes inferiores (alimentos) y luego, si queda algo del ingreso, las familias compran otros bienes. Entonces si los alimentos absorben una parte importante del ingreso, quedan menos recursos para comprar otros bienes. Esto hace que en los países de menor ingreso per capita la satisfacción de las necesidades de alimentos absorbe el 80 por ciento del presupuesto de los hogares, como pasaba en los países europeos al momento de la Revolución francesa .
En cambio, ahora, en los países más avanzados la parte destinada a los alimentos representa, en promedio, de 10 a 15 por ciento del gasto de las familias. El incremento de los precios de los alimentos provoca no sólo malnutrición y diversas enfermedades en el núcleo familiar, sino que es un factor determinante del estancamiento económico.
Renta agrícola
La Vulgata liberal de la oferta y la demanda que inspira los análisis de los medios de comunicación dominantes oculta que los precios de los alimentos están sesgados por la renta agrícola.
Alfred Marshall, inventor del modelo oferta-demanda, explicó que el precio de un bien permite remunerar a los factores que entran en su producción, por lo que la demanda determina el precio en el corto periodo y la oferta lo determina en el largo.
Dicho de otra manera, sea cual fuere la demanda, el precio no puede ser inferior al costo, pero a largo plazo tampoco puede ser muy superior ya que de otra manera ingresarían al mercado nuevos productores que impondrían una baja del precio. Pero este modelo no se aplica en la agricultura porque existe un factor limitante que es la tierra.
Esto demuestra que cuando se provoca un incrementa repentino de los precios de los alimentos, como en la actualidad, la diferencia no remunera ningún factor de la producción sino que es una renta adicional. Es por eso que esta renta ha sido cuestionada, no sólo en el tiempo de Julio Cesar sino hasta nuestros días, dado que es un ingreso extraordinario.
Esto hace necesario e indispensable limitar dicha renta vía control de los precios, ya que provoca distorsiones: cuando aumenta el pan significa que un asalariado deberá destinar una parte mayor del salario para pagar el mismo pan y gastar menos en otros bienes.
En la medida que los mercados a futuro indican un incremento de las cotizaciones, los proveedores van a tratar de aumentar el valor del producto sin que medie un alza de los costos reales, lo cual perjudica no solo a los compradores sino que además afecta a otros sectores productivos. Esta situación es lo que justifica no sólo la necesidad regular el abastecimiento de alimentos pero también sus precios, ya que éstos pueden y son, en la realidad, manipulados.
El incremento indebido de los precios de los alimentos no es una cuestión novedosa en el país que tiene una larga experiencia en la materia. En su discurso del 15 abril de 1953 el General Perón refiriéndose a la práctica de remarcar los precios y de desabastecimiento de alimentos señaló: “Ellos tienen derecho a ganar, pero no tienen derecho a robar”.
* Doctor en Ciencias Económicas de la Université de Paris, Autor de La economía oligárquica de Macri, Ediciones CICCUS Buenos Aires 2019.
