Femicidios a manos de miembros de las fuerzas de seguridad: uno de los muchos temas urgentes que pone sobre la mesa el de Ursula Bahillo. Reflejo de eso es que en las últimas horas Ni Una Menos convocó a una concentración para el jueves 17 haciendo una alerta: "Uno de cada cinco femicidios en nuestro país es cometido por miembros de fuerzas de seguridad". En la imagen de la convocatoria unas chicas sostienen una bandera que interroga: "¿De la Policía quién nos cuida?" Es una sensación que deja en la sociedad la muerte de Ursula, potenciada por la represión a la pueblada de los vecinos de Rojas.

"Cuando se interceptan la violencia machista y la estatal se potencian", define María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). "Parte de la dimensión constitutiva de la violencia de género es cómo funciona la corporación masculina, que es clave en las fuerzas de seguridad para generar un contexto de impunidad, connivencia y silenciamiento entre varones, sobre todo en espacios tan jerarquizados", aporta a Página/12 la subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género de la Nación, Laurana Malacalza.

Ursula tenía 18 años. Antes de ser asesinada por su expareja, Matías Martínez --oficial de la Bonaerense--, lo había denunciado varias veces en la Comisaría de la Mujer. El tenía licencia psiquiátrica desde diciembre. No se lo separó de la fuerza ni se tomaron acciones disciplinarias. El caso de Ursula no es aislado. Giselle Martín, Romina Ibarra, Norma Milessi, Erika Gisela González, Gisela Rojas, Brenda Solange Guerault y Myriam Gladys Illobre son nombres propios del mismo horror.

Según el observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), el 12 por ciento de los femicidios de este año sucedió a manos de personal de las fuerzas de seguridad. "Queremos que la Ley Micaela se aplique y se cumpla dentro de las fuerzas y que el Estado monitoree a quienes están a cargo de nuestra seguridad, porque ellos también nos matan", manifestó la organización en un comunicado. De aquel 12 por ciento el 33 fue con arma reglamentaria. Un relevamiento del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven revela que en enero hubo 33 femicidios en la Argentina, tres de ellos perpetrados por uniformados (dos militares y un policía). En 2020 fueron ocho los casos de estas características. Desde 2018 hasta la actualidad, 214 femicidas pertenecen o han pertenecido a alguna fuerza de acuerdo de acuerdo al monitoreo de La Casa del Encuentro.

Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) posee números que abarcan el período 2010-2020. Solamente en AMBA, en una década, al menos 48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas policías; 17 de ellas eran funcionarias de seguridad. La mayoría tenía menos de 35 años y muchas eran madres o estaban embarazadas cuando las mataron. "Una de las cuestiones que se repiten --que no se vio en el caso de Ursula-- es el rol del arma reglamentaria. Los policías en general la portan las 24 horas. Hay episodios en que aparece como la herramienta con la que se hostiga, se amenaza o se infligen heridas sobre las víctimas", señala Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de Políticas de Seguridad y Violencia Institucional del CELS.

La normativa de las policías de algunas provincias restringe la portación del arma si el funcionario fue denunciado por violencia machista, "pero muchas veces no existe una denuncia previa formal", puntualiza el informe del organismo. El Ministerio de Seguridad reforzó en 2020 la prohibición para que los agentes federales denunciados portaran las armas que les asigna el Estado. Antes debía existir una orden del Poder Judicial. "Sería relevante extender esta normativa a todas las policías", sugiere Darraidou.

También está el problema del encubrimiento policial. "Por lo general en casos de violencia institucional las respuestas policiales tratan de hacer valer su propia versión. La Policía cumple una de sus funciones, que es ser auxiliar de la Justicia, y tiene un rol en la escena de un crimen. Hay casos que muestran cómo se trata de entorpecerla para hacer valer la versión policial. Lo importante sería que se disponga la intervención de otra fuerza distinta a la que el implicado pertenece", analiza. "En muchos casos las mujeres víctimas también son integrantes de las fuerzas, lo que muestra un traslado hacia la vida privada de los patrones de discriminación, acoso laboral y violencia de género que están extendidos al interior de las policías", puntualiza CELS. 

La Correpi acuñó la expresión "femicidios de uniforme", “la primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal”. Desde 1992 hasta la fecha se registran 392 femicidios de uniforme sobre un total de 674 víctimas mujeres de la represión estatal. "En la mayoría de los casos es con arma reglamentaria. Otra modalidad habitual es el ahorcamiento y (los asesinos) fraguan suicidio", detalla Verdú. "El estado policial implica que cuando sos policía lo sos 24 x 24. En algunas fuerzas, como la Federal, es optativo, pero los tipos no lo toman así. Una medida que venimos planteando a Seguridad es prohibir el uso del arma reglamentaria. Bajaría el gatillo fácil en un 50 por ciento y en un 70 a los femicidios de uniforme", asegura la abogada.

"No resulta verosímil que las respuestas puedan venir del propio Estado que genera esta estructura. Uno va a una comisaría porque lo llevan preso o para asistir presos. Todo lo demás se hace en otro lado, como las fiscalías. Donde no hay fiscalías hay juzgados. Las comisarías de la mujer son la misma comisaría de siempre con un cartelito que dice 'de la mujer'. Creo que tenemos que sacar del escenario a las fuerzas. Hay otros lugares de recepción de denuncias atendidos por personal civil", plantea Verdú. La encrucijada es muy compleja: "Esto no se resuelve con más juezas mujeres o con la incorporación de la perspectiva de género en las fuerzas. Es un tema estructural. El aparato judicial y represivo están construidos a imagen y semejanza de los intereses y privilegios que defienden. La misma fiscalía que investiga el femicidio de Ursula es la que no le dio pelota con las amenazas. ¿Se va a sancionar a sí misma?" 

Por su parte, Malacalza expresa: "Lo que muestra el caso de Ursula es la desarticulación entre los distintos agentes del Estado que intervienen en situaciones de violencia de género. Con el Plan Nacional de Acción contra las Violencias buscamos esa articulación para dar una propuesta integral". La funcionaria añade: "Tanto en las fuerzas de seguridad como en el Poder Judicial no se pone en valor el testimonio de una persona que se acerca a una dependencia estatal a buscar una medida de protección y asistencia en un contexto de altísimo riesgo. Cuando hay antecedentes como formar parte de una fuerza o tener antecedentes vinculados a la salud mental del agresor se requiere inmediatez".

En tanto, la ministra de Seguridad Sabina Frederic encabezó el miércoles el primer encuentro virtual de la Mesa Federal de Seguridad, Género y Diversidad, que busca crear un "espacio de diálogo e intercambio" entre las áreas especializadas en temáticas de género y diversidad de las carteras de seguridad provinciales y el Gobierno. También promover y diseñar políticas públicas tendientes a "garantizar el respeto por los derechos humanos en el accionar de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales y provinciales". Las calles se expresarán el jueves 17 en contra de la justicia patriarcal y la represión policial.