El juez federal Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas dispuso que avance a juicio una causa que tiene a dos hombres acusados de encubrimiento de contrabando, desobediencia a la autoridad y violación a las medidas sanitarias dispuestas en el marco de la pandemia. La acusación es por dos hechos y estuvo a cargo de la fiscala federal ad hoc Paula Gallo. 

El 7 de julio de 2020 los dos hombres fueron detenidos en la localidad de Gaona, en el sur provincial. Andaban en una camioneta VW Amarok en la que transportaban 164 kilos de hojas de coca, valuados en $1.300.000. 

La detención fue el corolario de una búsqueda que se había iniciado en un control ubicado en el cruce de las rutas 30 y 16, a la altura de la ciudad de Joaquín V. González. Provenientes de Orán, en el norte provincial, los hombres fueron detenidos en el control. Sin descender del vehículo, presentaron la documentación vehicular requerida, pero al advertir que los policías se acercaban a la caja de la camioneta huyeron hacia el sur.

La Policía alertó a los puestos de control próximos, pero los hombres lograron evadir tres controles, incluso con riesgo para los policías, expuso Gallo en la audiencia. 

En el rastrillaje que siguió, la policía encontró y detuvo a los hombres en Gaona. Por ese hecho, la fiscalía los imputó por encubrimiento de contrabando, desobediencia a la autoridad y violación de medidas sanitarias impuestas en el marco de la pandemia, establecidas en el artículo 205 de Código Penal. Entonces los hombres quedaron en libertad, pero con medidas de coerción que les impedían salir del ejido urbano de Orán y habían asumido el compromiso de someterse al proceso penal que se seguía en su contra. 

Sin embargo, el 27 de agosto fueron atrapados nuevamente cuando transportaban 70 kilos de hojas de coca. Esta vez los detuvo una patrulla de Gendarmería Nacional en un camino alternativo ubicado en terrenos del Ingenio El Tabacal, una vía que suele ser usada precisamente para evadir los controles de las fuerzas de seguridad. 

Así, la fiscalía les sumó otro hecho de encubrimiento de contrabando, una nueva acusación por violación de medidas sanitarias, que en el caso de Orán eran muy precisas. "Dada la grave situación que se vivía en dicha ciudad por los efectos de la pandemia, se había decretado para todos los habitantes la prohibición de salir de esa ciudad, situación que no impidió el accionar delictivo de los acusados”, señaló la fiscala.

Gallo relató que para cumplir con los protocolos por el coronavirus, a los ahora acusados se les permitió regresar a Orán en la camioneta. Sin embargo, cuando la fuerza de seguridad fue a secuestrarla, ya no se la pudo ubicar. “No sólo eso, sino que tiempo después se pudo establecer que la camioneta, registrada a nombre de la ex pareja de uno de los acusados, había sido vendida, con lo cual queda de manifiesto la voluntad de los acusados de no respetar ni cumplir con las medidas dispuestas por la justicia”, resaltó.

Pasos no autorizados 

En la exposición del caso, la representante del Ministerio Público Fiscal federal de Salta resaltó la presunta peligrosidad de los imputados para la comunidad en la que residen y en otros lugares por los que circulan. Destacó asimismo la facilidad que tienen para moverse por los pasos de ingreso ilegal al país; de hecho, en la investigación se determinó que ambos registran entre 15 y 30 salidas del territorio argentino mientras que tienen menos de cinco regresos al país por vías legaleas. Tal era esta capacidad para traspasar la frontera que cuando cometieron los dos hechos de encubrimiento de contrabando, legalmente estaban en Bolivia.

Antes de dar por formalizada la acusación, el juez Rabbi Baldi Cabanillas rechazó una solicitud de suspensión de juicio a prueba realizado por la defensora oficial Gala Poma, que asistió a los hombres cuyas identidades no se informaron. La fiscalía se había opuesto a este pedido por "la inconducta procesal" de los acusados.