El fallo de la Corte Suprema confirmando la condena a Milagro Sala es doblemente escandaloso porque ignoró los atropellos institucionales que viciaron la constitución del Poder Judicial jujeño bajo la batuta de Gerardo Morales. Y también porque la causa en la que se la acusaba de amenazas era manifiestamente inconsistente.

La Corte desperdició además una oportunidad de mejorar su desleída imagen. No tuvo en cuenta que la persona a la que iba a condenar a dos años de prisión llevaba ya cinco años presa. Ni tampoco le importó que el presidente haya destacado muy recientemente la particular gravedad institucional de la situación que atraviesa Milagro. Algunos podrán decir que con esta respuesta el Tribunal respetaba la división de poderes, pero nada más alejado de la verdad. Como tantos otros, se ha inclinado ante el mayor de los poderes de este país: en estos tiempos de gran concentración económica y mediática, Montesquieu debería reescribir su clásico texto sobre la división de poderes.

Hace casi veinte años, otro presidente creyó necesario alertar a la ciudadanía respecto a la escandalosa conducta del principal tribunal de la Nación. Alberto Fernández se inspiró en ese antecedente de Néstor Kirchner: quienes hoy se frotan las manos, creyendo que tienen la vaca atada en materia judicial, deberían recordar cómo terminó aquella experiencia.