El fiscal que investiga el femicidio de Ursula Bahillo se comprometió a dejar “hasta la última gota de sudor” para lograr que el caso termine “con una condena a reclusión perpetua”. Sergio Terrón, fiscal de Junín, había recibido dos denuncias previas contra el femicida Matías Ezequiel Martínez. Consultado sobre por qué no lo detuvo, argumentó que en aquel momento “no tenía las pruebas” suficientes como para hacerlo. Dijo que por eso ahora recibe “todos los cachetazos” porque es “el heredero de todas las fallas” que tuvo el Estado al no resguardar la vida de Ursula.

Terrón hizo declaraciones a la prensa luego de la indagatoria a Martínez, quien se negó a declarar y se mostró “frío y apático”. Terrón sostuvo que en el futuro se deben instrumentar “herramientas más potentes y eficaces para evitar que ocurran este tipo de hechos”, en referencia a los femicidios que se replican en todo el país.

Por su parte, el intendente de Rojas, Claudio Rossi, denunció penalmente por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” al juez de Paz de esa ciudad, Luciano Callegari, por la demora en instrumentar las medidas de seguridad solicitadas por Ursula, tres días antes de ser asesinada por el policía Martínez.

Los pasos dados por el fiscal Terrón y el intendente intentan dar respuesta a las denuncias públicas formuladas por Patricia Nasutti, la madre de la víctima, quien habló de “jueces corruptos” y de la “inoperancia” del Poder Judicial para salvar la vida de su hija. La mujer había presentado la primera denuncia, ante el fiscal Ferrón, el 28 de enero pasado, según confirmó esta semana la Fiscalía General de Junín.

El cuadro de deficiencias del Poder Judicial y también de la Policía de Rojas se completa con la existencia del pedido de detención emitido contra Martínez, por el fiscal de Mercedes Sebastián Villalba. El femicida estaba acusado por el abuso sexual de una menor discapacitada, sobrina de la policía Florencia Veloz, ex pareja de Martínez, a la que también golpeaba. El pedido de detención fue rechazado por el juez de Garantías Guillermo Oliva.

El fiscal Terrón hizo declaraciones, luego de la indagatoria a Martínez. Sobre la falta de respuesta de la Justicia a las denuncias realizadas por Ursula, señaló que las actuales medidas para prevenir femicidios “son insuficientes” y opinó que “se deberán diseñar en un futuro herramientas más potentes y eficaces”. Precisó que el “botón antipánico” y la perimetral son “medidas simbólicas”.

Terrón reconoció que, en el caso, el Estado “evidentemente funcionó mal porque si llegamos a este resultado, no podemos defender nada”, aunque argumentó que “con lo que teníamos no alcanzaba”. Por eso aseguró que “faltan más herramientas” porque de lo contrario “no habría tantos femicidios”.

Luego derivó parte de la responsabilidad en el Poder Legislativo. En ese sentido dijo que “los legisladores deberán instrumentar otras herramientas más potentes y eficaces para poder evitar este tipo de hechos”. Cuestionó también el uso de las “tobilleras” electrónicas de monitoreo e incluso mencionó la posibilidad de “modificar el Código Penal”.

El fiscal sostuvo que “al ser el que encontró el cuerpo, a mí me toca ser el heredero de todas las fallas y errores y soy la única cara que sale a hablar. Soy el que recibe todos los cachetazos”.

Sobre la causa que lleva, ahora por femicidio, que se abrió en el mes de enero con una denuncia de la madre de Ursula, declaró que “no hubo tiempo porque (…) inmediamente pusimos el perímetro y estábamos esperando recibir el testimonio de ella (de Ursula) para ampliar esa denuncia, fortalecerla y tratar de traerlo a él en calidad de procesado, pero hay que tener pruebas”.

El fiscal agregó que Martínez, “no tenía ninguna sentencia condenatoria” y “la sola denuncia no basta para detener a nadie” porque “hay que hacer un recorrido, tramitar un proceso, juntar la prueba y luego probar esa causa”. Nada dijo sobre el pedido de detención que había formulado el fiscal de Mercedes, en diciembre pasado, en la causa por abuso sexual de una menor de edad.

Sobre la indagatoria, que se hizo en la fiscalía de Chacabuco, Terrón informó que Martínez “solo saludó, dijo ‘buenos días’ y que no iba a declarar”.

“No soy psicólogo, pero este tipo de personalidades suelen ser muy frías y tienen la esfera afectiva bloqueada. No se expresan y cuando lo hacen, lo hacen con conductas disruptivas llegando inclusive a matar, como en este caso”, dijo Terrón, que es titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Junín. El fiscal informó que Martínez será alojado en la Unidad 49 de esa ciudad, que funciona como Alcaidía. 

La opinión de la ministra Díaz

La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz, afirmó que "la de Úrsula es una muerte que se podría haber evitado", porque ella “denunció, pidió ayuda y (Matías Ezequiel) Martínez, el femicida, tenía antecedentes que podían haberse rastreado perfectamente”.

“Todo falló, lo que acrecienta el dolor para quienes tenemos responsabilidad en el Estado”, sostuvo Díaz al referirse al femicidio de Úrsula. “Había indicadores de que estábamos frente a una persona de altísimo riesgo”, afirmó la ministra. Luego resaltó que “cuando son casos de tanto riesgo, ni la perimetral, ni el botón antipánico son garantía de respuesta” y señaló que había razones para que Martínez estuviera detenido.

Díaz criticó la mala actuación del juzgado de Paz de Rojas con Úrsula, que “envió un oficio a una hora que nadie lo va a leer en una localidad de 20.000 habitantes” y precisó que ese oficio “no se leyó hasta tres días después en el municipio”.

“Necesitamos que el aviso llegue para que los equipos actúen y que en cada territorio haya equipos que evalúen esta situación de riesgo”, enfatizó la ministra y relató que “la fiscal que se sentó amablemente a hablar con Martínez diciéndole que le iba a dar una perimetral y que no se acerque porque las consecuencias iban a ser graves, no evaluó qué características tenía la persona a la que le estaba diciendo eso”.