Los jueces Alberto Lugones, Néstor Barral y Marcos Morán, de la Cámara Federal de San Martín, sobreseyeron a los nueve manifestantes detenidos por protestar contra los despidos en la autopartista Lear. En la resolución firmada ayer, los camaristas de la sala II de ese tribunal revocaron el procesamiento del grupo de personas que estaban imputadas desde julio de 2014 por el delito de "entorpecimiento del transporte" en el marco de una protesta en la autopista Panamericana contra los despidos masivos en la empresa multinacional. 

Esa misma sala había revocado en cinco oportunidades los sobreseimientos dictados por el juzgado de instrucción a cargo de Alicia Vence, por lo cual la defensa de los manifestantes consideró que "este nuevo fallo es un hecho particularmente valioso", tras la apelación que los abogados Myriam Bregman y Matías Aufieri, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), sostuvieron en la audiencia virtual del lunes pasado. La medida aún no está firme porque puede ser recurrida por los fiscales "que han insistido durante todo su transcurso en la criminalización sin pruebas de las y los manifestantes brutalmente reprimidos y detenidos en los hechos del 8 de julio de 2014". "Pero este novedoso pronunciamiento del tribunal que tantas veces había dispuesto la continuidad de la causa, es sin dudas un giro auspicioso en esta causa paradigmática, en favor de todas las y los luchadores", indicaron los letrados.

En su resolución, los camaristas Barral y Morán se pronunciaron en favor del sobreseimiento por no encontrarse acreditado el "elemento subjetivo" del delito contemplado en el artículo 194 del Código Penal, es decir, la intención deliberada de interrumpir el tránsito, lo cual se concretó sólo por menos de una hora y como derivación del ejercicio de la protesta, la cual había comenzado en la puerta de la fábrica y por el propio operativo represivo se trasladó al cruce de la autopista con la avenida Henry Ford, en General Pacheco. 

El tercer juez, Lugones, también votó por el sobreseimiento, basándose en que el principal testigo en la causa, el comandante de Gendarmería López Torales, se encuentra procesado en la otra causa vinculada al mismo conflicto, siendo conocido como “el gendarme Carancho” por fingir ser atropellado por un manifestante para luego declarar en su contra y detenerlo. Todo ello, como sostenían los abogados defensores imposibilitaba que su testimonio pueda considerarse válido. Dichos argumentos fueron acompañados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que se presentó en la causa en calidad de amicus curiae.

Aquella manifestación social había sido reprimida por efectivos de Gendarmería Nacional con armas de fuego, balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes. Uno de los manifestantes ahora sobreseido no fue detenido por cortar la ruta, sino por intentar registrar la represión con su teléfono junto a periodistas. Además, cuatro de las y los nueve procesados no fueron detenidos el día de la protesta ni fueron vistos interrumpiendo el tránsito, sino que están acusadas y acusados por el mero hecho de presentarse en el juzgado a denunciar las lesiones sufridas por la represión de Gendarmería. 

A la denuncia de mujeres apaleadas, fracturadas o con sus tímpanos perforados por el chorro de agua de un camión hidrante, el fiscal Jorge Sica contestó: "ah, ¿entonces ustedes estaban ahí? Imputadas también por cortar la ruta", aunque no había pruebas en su contra. 

"El apoyo de numerosos organismos y referentes de derechos humanos, que incluso se hcicieron presentes en la audiencia, es una señal de la gravedad de esta causa que debe cerrarse porque es un escandaloso escarmiento a la protesta social, desde el momento en que los reprimieron ferozmente hasta la actualidad", había dicho Aufieri a PáginaI12. Variados sectores políticos, sociales, y de los derechos humanos se habían pronunciado por el cierre de la causa penal. Juntaron centenares de adhesiones de importantes referentes como Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Sergio Maldonado, Patricia Walsh y la CTA, entre muchos otros.