La delegación salteña del INADI prepara un proyecto de ley que apunta principalmente a la capacitación de los empleados estatales, ante el aumento de los casos de discriminación que quedaron en evidencia el año pasado en medio de la pandemia.

El titular del organismo Gustavo Farquharson, explicó que aún está en elaboración el proyecto pero que estiman tenerlo en los próximos días, para ello organizaron una reunión con el diputado Santiago Godoy, que será el encargado de ingresarlo al circuito legislativo una vez que se haya elaborado la iniciativa.

El funcionario nacional graficó la idea comparándola con la Ley Micaela que estableció capacitaciones obligatorias en cuestiones de género para los empleados estatales de los tres poderes.

“Con la discriminación hay mucho desconocimiento de lo que realmente es y los alcances a los que llega, por ejemplo, como una causa de la falta de acceso a la salud y la educación. Ese desconocimiento hace que los casos se repitan, sobre todo en los sectores más vulnerables”, explicó.

En cuanto al alcance que tendrá la iniciativa señaló que apunta desde los funcionarios de primera línea que diseñan las políticas públicas y hasta a los empleados que están en las mesas de entrada, “me ha pasado de tener que ir a Tartagal con una comunidad Toba, porque no le entregaban la historia clínica y cuando fui yo me la dieron en el acto”.

El proyecto tendría también las multas y sanciones que recibirían quienes comentan un acto discriminatorio, algo de lo que ya existe antecedente en la provincia ya que con la reforma del 2015 se agregaron en el Código Contravencional los artículo 45 bis y 46 bis.

Dichos puntos sancionan con “arresto de hasta veinte (20) días o multa de hasta veinte (20) días el que discriminare a otro por razones de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica, o cualquier circunstancia que implique exclusión, restricción o menoscabo”.

Mientras que el 46 bis indica que se sancionara “con multa de hasta sesenta (60) días, e inhabilitación del local por el mismo tiempo, al propietario, organizador o responsable de locales bailables, de recreación, salas de espectáculos, bares, restaurantes u otros de acceso público”, que impida el ingreso o permanencia por cuestiones discriminatorias.

Justamente en la estadística que maneja el INADI, tanto a nivel nacional como provincial, registraron que en los boliches se registran la mayor cantidad de actos discriminatorios. Hace unos días Salta fue noticia nacional por la denuncia que hizo un cineasta local al que no lo dejaron entrar a un bar con la excusa de no tener la vestimenta adecuada.

Hace dos días se informó que la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y el INADI organizaron un taller con los empleados de ese bar para evitar que suceda una situación similar.

Farquharson reconoció que la pandemia exacerbo algunas prácticas discriminatorias que se tradujeron en denuncias en el organismo y en la Justicia, además delimitó que esos hechos se produjeron en los ámbitos de la salud, la Justicia, la policía y otros organismos estatales, lo que motivó a plantear las capacitaciones de manera urgente.

Al momento de señalar un sector como el que sufre mayormente la discriminación, el funcionario remarcó que las personas pobres, obesas, migrantes o del colectivo LGBT son las que aparecen en los primeros lugares de las estadísticas, tanto a nivel nacional como en la provincia.

Pero remarcó que el INADI tuvo muchas intervenciones durante el 2020 por discriminaciones a las comunidades originarias, pero que no se refleja en las estadísticas porque muy pocas veces llega a convertirse en una denuncia formal, que es de donde se toman los datos.

Uno de los ejemplos que cita es el del Hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal “ que fue objeto de varias denuncias ante la delegación del INADI de Salta, por prácticas discriminadoras entre febrero y junio del año 2020. En todos los casos, los denunciantes fueron migrantes y miembros de comunidades originarias”.

Uno de los antecedentes legislativo que toman en el INADI para elaborar el proyecto que ingresará a la Legislatura, es la ley sancionada en la ciudad de Buenos Aires en 2015, que tiene 22 artículos en los que regula los procedimientos judiciales, las sentencias y habilita a campañas en medios para concientizar al respecto.

Por su parte Godoy advirtió que “la gran apuesta de la ley es lograr que el Estado provincial invierta en prevenir y sancionar los actos de discriminación”. También señaló que “más allá de lo que pueda imponer o fijar la eventual ley, el objetivo debe ser coordinar con la provincia estos espacios, para llevar adelante un trabajo en común que culmine con el aporte provincial que permita llevar adelante las capacitaciones”.

Además el diputado adelantó que en cuanto esté listo el proyecto lo ingresará al circuito legislativo para que tome estado parlamentario en la primera sesión prevista para el martes 6 de abril y a partir de ahí pueda ser analizadas en las comisiones hasta obtener un dictamen que habilite su tratamiento en le recinto.