“Esta es una reforma que nos lleva a los empujones”, así definió el diputado Héctor Chibán al meteórico tratamiento del proyecto para modificar la Constitución salteña, que tras casi un año de reposo en la Legislatura, se precipitó cuando el viernes 5 de febrero el gobernador Gustavo Sáenz llamó a sesiones extraordinarias para aprobarlo.
La convocatoria para elegir a los convencionales constituyentes que debatirán los cambios, debe hacerse con un mínimo de 90 días de anticipación, por lo que si la intención es votarlos en las elecciones del 4 de julio, el plazo se cumple recién los primeros días de abril.
Sin embargo, el Ejecutivo se puso como meta aprobarlo antes de que termine febrero, tal como quedó de manifiesto en el apuro del Senado que en apenas una semana desde que ingresó el pedido de extraordinarias ya casi tiene el dictamen que subirá al recinto el próximo jueves a las 16.
Originalmente la Cámara Alta había optado por sesionar el viernes 19, pero una visita del gobernador a los senadores alcanzó para adelantarla al jueves. Mientras que Diputados sesionará el miércoles 24.
En medio se concreta una serie de frenéticas reuniones a doble turno, en la que con prisa y sin pausa se debaten los artículos que se habilitarán para ser modificados por la Convención Constituyente, bajo la batuta de los senadores, por ser los primeros en tratarla.
A la doble reunión del miércoles último en el Senado, en cuyo turno vespertino participó Sáenz, se sumó al día siguiente un nuevo par de reuniones, esta vez sumando a los diputados: por la mañana con casi todos oficialistas y por la tarde, en el recinto bajo la doble modalidad de presencial y virtual, con el resto.
Dichos encuentros tenían por objetivo avanzar en un dictamen consensuado entre ambas cámaras para evitar que el proyecto tenga modificaciones y se dilate su tratamiento por un ida y vuelta entre el Senado y Diputados.
Pero la reunión derivó en una especie de simulacro de sesión, en la que los legisladores adelantaron su postura, que seguramente expondrán de nuevo cuando les toque sesionar de verdad.
En tanto ayer, nuevamente las diferentes comisiones del Senado que tienen que dictaminar se juntaron, y trascendió que ya casi habrían terminado de definir la versión final del proyecto. Ahora vendrá un impasse por el feriado del Carnaval y el miércoles concluirán las reuniones previas, a las que probablemente vuelvan a invitar a los diputados, aunque solamente a los que integran ciertas comisiones.
Hasta el momento el oficialismo, con respecto al proyecto original enviado por Sáenz, se mostró permeable a modificar aquellos puntos referidos a los municipios. Varios intendentes habrían puesto sus objeciones a la figura del vice intendente y a la posibilidad de duplicar la duración del mandato de los concejales y que estos organismos se renueven por mitades.
Sobre ese último punto planteaban la dificultad que representaría para los 25 municipios que tienen solamente 3 ediles. Por lo que la solución ensayada hasta el momento por lo senadores sería la de llevar todos esos concejos a un mínimo de 5 integrantes, y de esta manera podría hacerse una renovación parcial.
Igualmente hubo otro sector que sugirió que se eliminen las elecciones cada dos años y que en un solo turno se renueven los cargos ejecutivos y legislativos, pero esa propuesta no habría tenido eco en la mayoría de los legisladores.
La Legislatura se limita a aprobar el proyecto en el que se convoca a la reforma, parcial en este caso, de la Carta Magna provincial, y especifica cuales serán los artículos que se modificarán. Después la redacción de los cambios es atribución de la Convención Constituyente.
La principal queja de la oposición política y de referentes de otros ámbitos radica en el poco tiempo que hay para poder convocar a diferentes sectores sociales que puedan dar su opinión o sugerir otros artículos a modificar, ya que prácticamente los cambios propuestos se basan en aquellos puntos que refieren a cuestiones electorales.
También reclaman la falta de oportunidad para plantear este debate, aunque haya sido una promesa de campaña de Sáenz, por hacerse en medio de una pandemia, y en una elección también cuestionada por la fecha elegida.
Uno de los ítem que genera opiniones cruzadas entre los legisladores es el referido a la inamovilidad de los jueces de la Corte, ya que algunos prefieren dejar el sistema actual que establece períodos de seis años, mientras que otros proponen extenderlo a 8, 10 o 15 años.
En el caso de Cristina Fiore apuntó a crear un contrapeso a la Corte de Justicia, en la figura del Consejo de la Magistratura, otorgándole, por ejemplo, un presupuesto autónomo que no dependa del máximo tribunal.
El diputado Carlos Zapata solicitó que se contemple la posibilidad de pasar a un sistema unicameral legislativo, algo que no está planteado en el proyecto, pero que tendría adherentes en el propio gobierno, como es el caso del secretario general Matías Posadas, que en el 2016 presentó un proyecto solicitando justamente eso.
Los legisladores también podrán decidir si la elección de los 60 convencionales se hace con la proporcionalidad departamental que tiene Diputados, o si se implementa el distrito único, para lo cual se vota la misma lista en todos los departamentos.
Lo que sí tendría consenso es la limitación de los mandatos a solamente dos períodos para todos los cargos y el adelantamiento de la histórica fecha de apertura de sesiones del 1 de abril al 1 de marzo.
La aprobación del proyecto debe contar en ambas cámaras con los dos tercios de los votos, lo que se denomina mayoría agravada. En principio el oficialismo tendría los legisladores suficientes, holgado en el Senado y más ajustado en Diputados, para darle luz verde a la reforma.
