A partir de 2015 crece exponencialmente la institucionalidad relacionada a los temas de género, sobre todo centrada en las violencias. Sin embargo, su característica común es la precariedad: suelen ser espacios sin recursos y sostenidos por la voluntad militante de las feministas en cada rincón del país, con sueldos bajos, horarios restringidos y poca capacidad de respuesta inmediata. Suele ser una tarea ardua lograr que los municipios destinen recursos suficientes a la creación de áreas de género, que son las encargadas de asistir y efectivizar algunas medidas en territorio como la entrega del botón de pánico o la colocación de las tobilleras duales.
El rol de los jueces al otorgar órdenes debe cambiar. Deben usar su autoridad para que las restricciones dejen de ser “un papel”, y debe cambiar el amplio margen de tolerancia de respecto a la violencia que ejercen los varones hacia las mujeres que tienen las cortes, donde es habitual que otorguen medidas recíprocas frente a las denuncias de las mujeres y sin siquiera la solicitud de los varones. Esto brinda un mensaje a los violentos respecto a que la violencia es tolerada, lo cual lejos de proteger a las mujeres envalentona aún más a los violentos. Si los jueces expresan irritación, impaciencia y hostilidad frente a los pedidos de las mujeres en lugar de compromiso con su seguridad por medio de brindarle recursos esto afecta profundamente el acceso a la justicia. Sobre todo, porque solo los jueces pueden ordenar a un varón que ejerce violencia a dejar el hogar común, imponer una restricción perimetral, otorgar alimentos provisorios, decidir sobre el cuidado de los hijos en común, detener o colocar una tobillera dual. Si la perimetral es solo un papel es porque los jueces no están ejerciendo su autoridad democrática para proteger a las mujeres que denuncian. En este sentido, cómo se da la notificación de estas medidas también es crucial. Se delegan en la policía y bajo la necesidad de que la mujer motorice su cumplimiento y teniendo que ser ella la que denuncie su incumplimiento. Entonces el poder judicial no realiza un control sobre las órdenes que emana ni se encarga de que esas órdenes sean conocidas.
Abogada feminista, asesora en espacios gubernamentales y legislativos
