El femicidio de Úrsula Bahillo, la adolescente de 18 años de la localidad bonaerense de Rojas asesinada por su ex pareja, el policía Matías Ezequiel Martínez, de 25 años, mostró obscenamente los agujeros de un sistema que no da respuestas oportunas y efectivas para proteger a mujeres que denuncian violencia de género. ¿Cuáles son las fallas que se repiten y las dejan indefensas? ¿Qué medidas se deberían tomar? Página 12 conversó con la abogada feminista Mariela Labozzetta, a cargo desde su creación en junio de 2015 --casi a la par del surgimiento del movimiento Ni Una Menos-- de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), de la Procuración General de la Nación. “La inacción, la desidia frente a estos casos, ya no puede pasar más. Hace mucho tiempo que estamos mirando el sistema, viendo lo que falla. Y un punto que veo muy determinante mirando el sistema de justicia un poco más de cerca es que esta desidia, la ineficacia y la inacción del Estado no es general en el sistema: Si viene un médico y dice, tengo un paciente psiquiátrico que me está amenazando, le ponen una custodia en la puerta de la casa. Nadie sería inactivo frente a ese tipo de denuncias. Hay inacción cuando se trata de violencia contra las mujeres porque todavía opera muy fuerte el descreimiento frente al testimonio de las víctimas. La palabra y la vida de las mujeres para el sistema judicial no vale”, afirma Labozzetta. Y agrega: “Tenemos que pensar medidas nuevas. En los casos donde haya riesgo, avanzar en la detención de los imputados. Esto de que los delitos tienen baja pena también tiene que ver con que no se miran todos los delitos: la desobediencia tiene baja pena, la amenaza también pero si hay 15 denuncias, todas diseminadas con intervenciones judiciales distintas y nadie las rastrea, tenemos un problema muy grave. La primera medida y la más urgente es ver frente a qué escenario te estás enfrentando en el abordaje de un caso de violencia”, advierte la fiscal especializada.

Desde la UFEM, Labozzetta asesora en casos concretos a otras fiscalías y lleva adelante capacitaciones para incorporar la perspectiva de género en los tribunales: “Adonde me llaman, voy”, dice. Junto a su equipo elaboraron guías de actuación para investigar las denuncias de violencia doméstica y los femicidios.

“Estuve pensando mucho el tema porque a veces, nosotras mismas tenemos una serie de conocimientos e ideas bien arraigadas y estos son los momentos para repensar todo”, dice conmovida por el femicidio de Úrsula Bahillo.

La adolescente de Rojas y su madre, Patricia Nasutti, hicieron tres denuncias y dos ampliaciones de esas denuncias en los días previos al femicidio, ocurrido el lunes 8 de febrero, a manos del oficial de la Bonaerense --con carpeta psiquiátrica desde setiembre--. La primera, el 9 de enero, la hace su mamá. El juzgado de Paz, a cargo de Luciano Callegari, otorga una medida de restricción perimetral y un cese de hostigamiento por seis meses. La siguiente denuncia la vuelve a hacer Patricia, el 1° de febrero, al ver el no cese del hostigamiento de Martínez, pero es desestimada por el juez de Paz, según fuentes de la Dirección de Políticas de Género y Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad bonaerense. El viernes 5 de febrero va Úrsula a la comisaría de la Mujer de Rojas y denuncia a Martínez por amenazas y desobediencia: ahí se le da intervención a la Ayudantía Fiscal de ese distrito, que dispone como primer diligencia avalar lo actuado, un pedido de cámaras y que se le tome testimonial a un testigo. El domingo 7 --a horas de su femicidio-- Úrsula vuelve a hacer una ampliación de denuncia en la misma comisaría de la Mujer: dice que Martínez la había interceptado en la vía pública. El mismo lunes 8 una vez más se presenta para hacer una ampliación de la denuncia: cuenta que la volvió a interceptar en otro lugar. El Juzgado de Paz recién pide el botón antipánico ese lunes al municipio. Pero el mail con el pedido, recién es leído en la intendencia el martes, según informó el jefe comunal Claudio Rossi, de Cambiemos, a Flavia Delmas, subsecretaria del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense. Rossi le tiró la bronca al juez de Paz por no haberlos advertido del pedido con un llamado telefónico. Los botones antipánico los entrega cada municipio.

Para cuando se leyó el pedido en la intendencia, Úrsula ya había sido asesinada por Martínez: la bronca de amigxs y vecinxs estallaba frente a la comisaría de Rojas, desde donde reprimiría con balas de goma la indignación popular. Martínez además tenía otras denuncias formuladas por ex parejas. Por una de ellas, el 18 de abril se había fijado un juicio oral.

La coordinadora del área de Género de Rojas es Carolina Olivera: tiene 25 años y está a cargo de esa función desde agosto de 2020. El área se creó q instancias del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, que encabeza Estela Díaz. La funcionaria comunal es terapista ocupacional, y unos meses antes cuando se graduó, contó a este diario, mandó su CV a Desarrollo Social del municipio, donde constaba que había participado de un congreso en el que había expuesto sobre violencia de género. Por eso la convocaron. La línea telefónica que ofrece a la justicia y a las víctimas para comunicarse con el área las 24 horas es su propio celular.

El teléfono de la jefa interina que estaba a cargo de la Comisaría de la Mujer, Graciela Peralta, es un antiquísimo Nokia 5130, modelo que salió al mercado en 2007, y no permite mensajería instantánea.

“Hay que empezar a separar que, por supuesto, hay un fenómeno social de la violencia machista, en un contexto de un patriarcado, que estamos tratando de deconstruir, y que sabemos que es un proceso lento, largo, que no se va a terminar de un día para el otro. Pero si creo que teniendo en cuenta el recorrido que ha tenido la instalación de la temática en la escena pública y la repercusión que tuvo en el Estado, amerita que ya en el momento en que uno de esos casos ingresa al sistema de Justicia no puede pasar que por la inacción del Estado se muera una víctima”, dice Labozzetta. Aunque a veces, aclara, el sistema judicial “hace todo bien, e igual ocurre un femicidio o el agravamiento de la escena de violencia”.

A pesar de que los mandatos de las convenciones internacionales y de los organismos de derechos humanos a los Estados, de actuar con debida diligencia, eso tampoco se hace. “¿Qué implica actuar con debida diligencia? Cuando una mujer va a hacer una denuncia se la tiene que escuchar y darle muchísima atención a lo que dice, darle relevancia, actuar de inmediato frente a los riesgos, tomar medidas que sean eficaces. Y ahí es donde tenemos que empezar a revisar si las medidas que se toman son eficaces. No solamente cuando no se toman. Tenemos que pensar medidas nuevas. En los casos donde haya riesgo avanzar en la detención de los imputados. Esto de que los delitos tienen baja pena también tiene que ver con que no se miran todos los delitos: la desobediencia tiene baja pena, la amenaza también pero si hay 15 casos, todos diseminados con intervenciones judiciales distintas y nadie las rastrea, tenemos un problema grave. La primera medida y la más urgente es ver frente a qué escenario te estás enfrentando en el abordaje de un caso de violencia”, dice Labozzetta.

--Lo más flagrante que surge en el caso que termina con el femicidio de Úrsula es que no se analizó en su integridad que otras denuncias había contra el mismo sujeto. ¿Por qué todavía no se analiza ese contexto?

--El de la violencia de género es muy distinto a otros fenómenos delictivos. Pero el sistema de justicia actúa de manera neutral, como si estuviera frente a cualquier otro delito. Y es un delito que tiene una dinámica diferente: sobre todo, de repetición cuando hay violencia doméstica. Y si no se conoce o no se quiere conocer --porque ya a esta altura lo conocemos todos, sale en todos los diarios--, es una cuestión de compromisos. Para los delitos de género se han creado unidades especializadas en todas las provincias, pero en general están todas colapsadas por la cantidad de casos que hay, porque las mujeres cada vez denuncian más y porque los recursos que se asignan a estos casos son insuficientes. Pero esta mirada no tiene que ser propia de las fiscalías especializadas. Cualquier operador de la justicia, un juez, un fiscal, tiene que conocer --por una cuestión de sentido común y mínima diligencia en su función-- que este fenómeno tiene esta particularidad y además de investigar el caso tiene que chequear si hay riesgos: es una tarea adicional para estos casos. Y parte de esa tarea, como punto uno de la investigación, determinar el contexto de violencia, los casos anteriores. Debería ser la medida básica. Nosotras la sugerimos siempre. Hay una resolución del Ministerio Público provincial de 2014 que establece ese mecanismo.

--Hasta las causas archivadas se deberían relevar de acuerdo con esa resolución.

--Si. Y a nivel nacional hay un dictamen de la ex procuradora (Alejandra Gils Carbó) que dice que aun cuando se trate de distintas jurisdicciones o fueros, se debería soslayar ese aspecto e investigar todas las causas juntas. Primero por la víctima --si no, tiene distintos interlocutores--, segundo, porque ayuda a la prueba en estos casos cuando hay debilidad probatoria y solo se tiene el testimonio de la víctima. Y tercero, para mirar el escenario total del contexto de violencia y evaluar el riesgo, que en muchos casos aunque sean delitos menores, el riesgo es alto.

-- A casi seis años del surgimiento del movimiento Ni Una Menos ¿cómo un fiscal o un juez de paz que intervienen en estos casos no pueden tener en cuenta estos elementos básicos?

--Las capacitaciones, vemos, no alcanzan. Se crearon las unidades especializadas para casos de violencia de género porque había que crearlas pero cuando mirás de cerca vez que tal vez no son recursos especializados o no tienen las condiciones para trabajar o tomar denuncias. Y el resto del Poder Judicial no se puede desentender de la temática: es como decir que hay una fiscalía especializada en Derechos Humanos y en todo el resto del sistema de justicia se violan los derechos humanos porque nadie sabe de esa temática. Estamos hablando de los derechos humanos de las mujeres. No podemos tener una fiscalía con tres personas para atender 5000 casos porque sí o sí va a colapsar el sistema. Y eso pasa. A esta altura, se debería informar cuáles poderes judiciales en el país cumplieron con la Ley Micaela y que tipo de contenidos recibieron en la capacitación. De todas formas, veo cada vez más operadores y operadoras de la justicia muy comprometidas con el tema, sobre todo las nuevas generaciones que entran con otra mirada. Creo que es importante destacar, para no dar un mensaje tan desolador, que lo que estamos viendo es que cada vez más mujeres se animan a denunciar, que se está desnaturalizado la violencia, que hemos logrado leyes que han reconocido nuestros derechos. Pero tenemos que ver que es un proceso largo y no vamos a cambiarlo de un día para el otro. Hace una década recién se le puso nombre a los femicidios, con la reforma al Código Penal de 2012.

--Recién en 2015, después del Ni Una Menos, desde la Corte Suprema de Justicia se empezaron a contabilizar en el Estado…

--Estamos a mitad de camino. Pero cuando el sistema de justicia muestra que falla y muestra la impunidad, es un mensaje de avala a la violencia. Esto es lo que hay que cortar por completo por eso la interpelación al sistema de justicia tiene que ser muy fuerte. No creo que haya que hacer reformas legales por la urgencia de un caso. En general no son buenas esas reformas espasmódicas, aumentando penas, pero si es necesaria una reforma integral, que incorpore la perspectiva de género a todo el sistema.