Desde Madrid.Agotados por un proceso que prometió una independencia imposible que tiene a la administración paralizada desde 2012 y con la perspectiva de que las urnas no arrojen un resultado que permita desbloquear la situación, los catalanes acuden este domingo a votar en una situación inédita. Un día antes de celebrarse la votación la mayor incertidumbre se cierne sobre la propia celebración del proceso electoral y acerca de si va a ser posible constituir las mesas electorales.
En los últimos días se registraron largas colas frente a las sedes de las juntas electorales de ciudadanos designados para presidir mesas que acudían para presentar escritos solicitando que se les eximiera de la obligación de acudir. En España, no presentarse a cumplir con esa obligación cívica supone incurrir en un delito electoral que puede suponer importantes multas y penas de hasta dos años de prisión.
Pero si formar parte de una mesa cuando el sorteo así lo ha querido es obligatorio, acudir a votar no lo es y por eso se prevé que se produzca una abstención histórica. Así como en las últimas elecciones se registró un récord de participación, con casi un 80 por ciento, las previsiones son que en esta ocasión también se produzca un récord pero en sentido inverso. Lo más probable es que la afluencia a las urnas caiga al menos 20 puntos.
Pero la participación no será la única diferencia entre los comicios de 2017 y los de este año. Las anteriores estuvieron marcadas por el inédito triunfo de Ciudadanos, el partido que se reclama liberal y que por aquel entonces aspiraba a disputarle al PP el liderazgo del espacio político de la derecha. Fue la primera vez que una formación no nacionalista conseguía ser la más votada en unas elecciones para el gobierno autonómico de Cataluña.
Sin embargo, aquel supuso un triunfo inútil. Como era de esperar, los partidos independentistas, JuntsxCat y Esquerra Republicana (conservadores los primeros, de izquierda los segundos) unieron sus diputados para conformar una mayoría absoluta parlamentaria con la que consiguieron formar gobierno. Pero esa alianza acabó en ruptura.
Ambas formaciones, que encabezaron la declaración unilateral de independencia de 2017, previa a los comicios de ese año, afrontaron de manera diferente la consecuencias de aquel desafío al Estado. El líder de JuntsxCat, Carles Puigdemont, huyó y vive aún fugado en Bruselas. Oriol Junqueras, de Esquerra, se quedó y fue condenado a pena de prisión. Recién ahora ha comenzado a salir con permisos penitenciarios. Sus posiciones en la política nacional son también diametralmente opuestas. Los de Puigdemont son feroces opositores al Gobierno de Pedro Sánchez, Esquerra ha apoyado a los socialistas en votaciones fundamentales, como la investidura y los presupuestos. Sin embargo, que ambos tengan una larga lista de agravios mutuos que reprocharse en absoluto descarta que vuelvan a ponerse de acuerdo a la hora de formar gobierno. Es probable que lo hagan si los números les dan.
Los socialistas han apostado fuerte para intentar impedir esta alianza. Han presentado como candidato a Salvador Illa, el ministro de Sanidad que encabezó el combate contra la pandemia y que dejó el cargo para presentarse a las elecciones. El PSC, versión catalana del PSOE, espera obtener rédito político de la gran exposición mediática de la que Illa ha disfrutado durante un año, en el que se labró la reputación de político dialogante y capaz de tender puentes, precisamente lo que necesita una comunidad partida por la mitad entre independentistas y constitucionalistas . Las encuestas sitúan como posible candidato más votado, haciendo pasar a los socialistas de cuarta a primera fuerza, pero nadie descarta que le suceda lo mismo que a Inés Arrimadas, la candidata de Ciudadanos hace cuatro años, que no fue capaz siquiera de presentar una opción de gobierno tras la alianza de los nacionalistas.
Si Illa no consigue pactar con Esquerra, que ya ha adelantado que no tiene la menor intención de hacerlo, le quedarán pocas opciones. Comú Podem, franquicia catalana de Podemos, apenas acariciará, en el mejor de los casos, el 10 por ciento. Los números no dan para reeditar en Cataluña el pacto que mantiene a Pedro Sánchez en el gobierno central. La posibilidad de que de las urnas salga un mapa parlamentario que haga imposible la formación de gobierno y conduzca a una repetición electoral está sobre la mesa.
En la derecha las incógnitas son mayúsculas. Se espera un hundimiento de Ciudadanos, que puede caer del 25 por ciento de hace cuatro años a menos del 10, y se da por seguro que la extrema derecha de Vox entrará con fuerza en el Parlamento superando en votos y escaños al Partido Popular, lo que sería una catástrofe para el principal partido de la oposición a nivel nacional.