El objetivo siempre fue Cristina Fernández de Kirchner. El juicio por el delito de lavado de dinero llegará a su final el 24 de febrero, después de infinitas maniobras. La coalición judicial-política-mediática le puso el nombre de Ruta del Dinero K pese a que nunca se encontró ninguna cuenta ni sociedad oculta de los Kirchner. En las maniobras hubo de todo: agentes de inteligencia, un arrepentido al que le escribían lo que tenía que decir, aprietes y espionaje en la cárcel, testigos falsos que ahora están a punto de ser condenados. Pero como no pudieron involucrar a CFK en el expediente intentarían hacerlo en la sentencia. La jugarreta consistiría en condenar a Lázaro Báez y los demás imputados aduciendo que el delito precedente, el delito del que salió la plata, fue la obra pública de Santa Cruz, un caso que se está tratando en otro juicio en el que la acusación está sufriendo un naufragio catastrófico y al que, además, le falta un año. En el juicio de lavado se cayeron numerosos shows mediáticos y el único vínculo con la obra pública -la forma de relacionar a Cristina con el caso- fue la declaración del arrepentido Leonardo Fariña, a quien le dijeron todo lo que tenía que decir y no aportó ni una sola prueba.
Dos medios alineados con Juntos por el Cambio presionaron en los últimos días con sendas notas a la jueza Adriana Pallioti para que vote con el macrista Néstor Costabel y vincule en la sentencia a la eventual condena de Báez con CFK. La forma de hacerlo sería sosteniendo que el delito precedente es la obra pública de Santa Cruz, sin que exista hasta ahora ninguna evidencia salvo la impresentable declaración de Fariña. La realidad es la contraria: en las audiencias que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 2, la acusación por las rutas en la provincia sureña sufre una paliza detrás de otra. CFK ni es nombrada y la auditoría hecha por Vialidad Nacional, mientras estaba en manos del macrismo, no estableció irregularidades.
No deja de ser grave que Pallioti sea jueza suplente en ese juicio y además sea jueza titular en otras dos causas relacionadas con la vicepresidenta: Hotesur y Los Sauces. El entramado exhibe cómo están las cosas en Comodoro Py, en sintonía con lo que denunciaron este fin de semana el presidente Alberto Fernández y la ministra Marcela Losardo. Es la partitura que tocan en Comodoro Py: no importan las pruebas ni lo que haya pasado en el juicio, el objetivo es político. En su momento, Clarín designó esta causa como La ruta del dinero K y en uno de sus fallos la Cámara Federal, en un hecho que tiene pocos precedentes, la denominó de la misma manera.
Las maniobras vinieron desde el inicio de la causa y siguen hasta hoy:
*Trataron de sindicar a Báez como testaferro de los Kirchner, pero el juez Sebastián Casanello les pidió aunque sea una prueba. Todas las acciones y las cuentas de Báez o de Austral Construcciones estaban a su nombre y tenían como beneficiarios a sus hijos. En ningún momento apareció alguna sociedad, como las de la familia Macri en Luxemburgo, con beneficiarios que no tuvieran el apellido Báez. Las cuentas en el exterior de Báez -en Suiza, con sociedades panameñas- también tenían como únicos beneficiarios a sus hijos y esposa. Hasta en su testamento, el constructor le dejaba todo a sus hijos.
*Como Casanello seguía sin dar el brazo a torcer, la AFI armó una operación con dos testigos falsos diciendo que el juez estuvo en Olivos pactando con CFK. Los dos testigos falsos ya están a punto de ser condenados porque se probó que nunca estuvieron en Olivos como testificaron y el aparato de Comodoro Py impide que se condene a los abogados vinculados a la AFI que armaron la trampa.
*Inolvidable fue la actuación del fiscal Guillermo Marijuan, al pie de excavadoras en la Patagonia. Buscaron contenedores enterrados, cajas fuertes empotradas en paredes, sótanos escondidos. No apareció nada.
*Tuvieron a Báez cuatro años en prisión preventiva con operaciones probadas para quebrarlo, convertirlo en arrepentido y que declare contra CFK. Todas las semanas los grandes diarios publicaban que su quiebre era inminente. Lo espiaron hasta en su propia celda, interceptaron las conversaciones con sus abogados y hasta difundieron en televisión audios de los diálogos con su pareja.
*Encarcelaron y procesaron a sus hijos, para presionarlo. Los letrados vinculados a la AFI coparon su defensa y también pusieron en marcha un duro conflicto familiar para doblegarlo.
*Pusieron en la cancha al arrepentido Leonardo Fariña que habría participado en sacar dinero de Báez al exterior, principalmente a Suiza. Fariña no sabía nada de la obra pública, pero como la causa sobre Santa Cruz se caía a pedazos -hubo una pericia inicial que demolió la acusación- le armaron guiones para que hablara de las rutas. Los textos los escribieron abogados contratados por la AFI, tal como quedó certificado en este expediente y en los de espionaje ilegal.
En el juicio específico sobre las rutas en Santa Cruz los propios testigos convocados por la fiscalía declararon de manera unánime en contra de la imputación. Quedó en claro que no se pagaron obras no realizadas, que las demoras fueron las habituales, que no existieron aprietes a competidores ni objeciones a las licitaciones, que la calidad de las obras fue la adecuada y, por lo que surgió en las audiencias, no apareció ninguna evidencia de sobreprecios. Todos estos elementos ya estaban en una pericia inicial, hecha por el propio macrismo a principios de 2016. Ese informe de auditoría fue pedido por los jueces de la causa de lavado de dinero, de manera que saben que no hay evidencias. Por lo tanto, poner en una sentencia que el delito precedente es el de la obra pública de Santa Cruz es sólo un acto de lawfare: utilización de la justicia para la política.
La otra alternativa es imputarle a Báez que el dinero de supuesto lavado proviene del uso de facturas falsas proporcionadas por una organización con sede en Bahía Blanca. Distintas empresas le facturaban a Austral Construcciones sin darle servicio o producto alguno y de esa manera Austral aumentaba sus costos, reducía sus ganancias y pagaba menos impuestos. La causa en Bahía Blanca no avanzó un milímetro y, por el contrario, está totalmente estancada.
Hay otra causa por defraudación impositiva, que fue instruida por el juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart. Tampoco ese expediente avanzó porque el tribunal oral justamente argumentó que hay que esperar el final del juicio de la obra pública para ver si allí hubo delito.
Uno de los grandes shows de la causa de lavado de dinero fue el video del momento en que se contaba dinero, dólares en efectivo, en la financiera SGI. La llamaban La Rosadita, sin mencionar que muchas grandes empresas operaban con SGI: Garbarino, IECSA, del primo de Macri Angelo Calcaterra, el Club Independiente, entre muchos otros. En el juicio, la defensa de Báez presentó los boletos de venta de terrenos de una enorme propiedad que Austral, la empresa de Báez, le compró al colegio Northlands. El country que se armó en esa propiedad, Northville, fue producto de un loteo en el que los terrenos, como siempre, se pagaron en dólares y en efectivo. La defensa exhibió los boletos de esos terrenos y sostuvo que el dinero contado en SGI era dinero de ese loteo. Habrá que ver si los jueces admiten ese argumento.
Está claro que Lázaro Báez ocultó dinero en el exterior, unos 35 millones de dólares, en cuentas a nombre de sociedades armadas en Panamá. La mayor parte de ese dinero luego se trajo de regreso a la Argentina en forma de bonos y Báez lo usó para asociarse con IECSA, la empresa del Grupo Macri, para competir por las represas de Santa Cruz, Jorge Cepernic y Néstor Kirchner. O sea, el imputado Báez fue socio en una licitación con los Macri. En el juicio, el santacruceño argumentó que ese dinero no fue producto de ningún ilícito, sino dividendos retirados de Austral Construcciones.
Los magistrados quedarán en el centro de la escena. Habrá que ver si la sentencia tiene que ver con lo ocurrido en el juicio, con las pruebas, o, si como ocurre en Brasil, Ecuador, Bolivia, sacan de la galera otro fallo alineado con la persecucion política
