En la causa por el femicidio de Ursula Bahillo, el informe de la autopsia confirmó que la víctima recibió al menos 15 puñaladas y cortes realizados con un cuchillo hallado en la escena del crimen. Ahora se harán peritajes sobre los celulares de la víctima y del femicida, para determinar cómo fueron las últimas horas del calvario al que fue sometida Ursula por el policía Matías Ezequiel Martínez. Por otro lado, se conocieron detalles de la ineficacia del Juzgado de Paz de Rojas y de la Secretaría de Seguridad del municipio local, cuando debían haber acudido con urgencia para darle amparo a la joven.

El informe final de la autopsia, realizada en el Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses Norte de Junín, confirmó que el cuerpo de la víctima tenía heridas en el torso, el cuello y la espalda. El fiscal de Junín, Sergio Terrón, a cargo de la investigación, señaló además que de la autopsia surge que la herida de arma blanca que tiene en el abdomen el imputado formó parte de una “escena montada” dado que “su finalidad no era un intento suicida”.

No se descarta, incluso, que haya querido montar una pelea que nunca existió ya que todos los elementos confirmar que él tuvo el total dominio del hecho frente a una víctima que estaba aterrorizada.

“Quedó ratificado todo lo que se había adelantado en orden a las lesiones que presentaba la víctima y las causas del deceso”, según el comunicado difundido por la Fiscalía General del departamento judicial Junín. La herida más grave fue el corte que la joven sufrió en el cuello, que le provocó un “shock hipovolémico” por la pérdida de sangre. Martínez está imputado por el delito de “femicidio agravado por premeditación y alevosía”, que prevé como pena la prisión o reclusión perpetua.

El fiscal Terrón dijo también que serán objeto de peritaje los celulares de la víctima y del victimario, que también fueron hallados en la escena del crimen. Según Terrón, uno de los objetivos es determinar cómo fue que llegaron ambos al descampado ubicado en el paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de la zona urbana de Rojas.

“Los teléfonos nos van a dar la clave, si fue un encuentro pactado o no”, dijo el fiscal, que es quien recibió, el 28 de enero pasado, la denuncia de la madre de Ursula sobre la amenaza de muerte de Martínez hacia su hija.

Terrón dijo el viernes que en ese momento “no tenía las pruebas” necesarias como para detener a un hombre que ya tenía varias acusaciones por violencia de género e incluso por un abuso sexual contra una menor discapacitada.

Terrón explicó, sobre el peritaje a los celulares, que va a servir para establecer “la hoja de ruta” de víctima y victimario, el lunes 8 de este mes, cuando se produjo el femicidio. El fiscal consideró que es una medida de prueba “muy importante” saber cómo fue que llegaron juntos al lugar Ursula y su ex novio, de quien vivía escapando.

El peritaje de los teléfonos estará a cargo de la Oficina Tecnología y Gestión para la Investigación (TGI), dependiente de la Fiscalía General Departamental. Los resultados se conocerían el jueves de la semana próxima.

Las cámaras de seguridad indican que la joven, poco antes de las 20,30, hora en la que se produjo el crimen, ingresó a un kiosco al que había llegado a bordo de su moto. Luego salió caminando, sin el vehículo y allí se sospecha, según los testimonios de sus amigas, que habría sido forzada a subir al Peugeot 307 de Martínez, quien desde hacía varios días la hacía objeto de una persecución sistemática.

En la semana entrante, se avanzará también con la ronda de testimoniales que se espera que aportarán datos relevantes sobre la odisea vivida por Ursula. Otro tema importante es que, recién ahora, se concentrarán en una sola todas las causas acumuladas contra Martínez, desde 2017, cuando fue denunciado por su ex pareja Belén Miranda, y también el testimonio de la policía Florencia Veloz. Ella lo denunció por violencia de género y por abuso sexual contra una menor, que es su sobrina. La niña fue abusada en abril de 2020, un mes después de la ruptura de la relación entre Martínez y Florencia.

Versiones cruzadas

Los medios de Rojas revelaron la existencia de una “comunicación informal por Whatsapp” entre funcionarios del Juzgado de Paz de Rojas, a cargo de Luciano Callegari, y de la Secretaría Municipal de Seguridad, que abre dudas respecto de quién fue más responsable de la demora en aportarle a Ursula Bahillo el “botón antipánico” que había solicitado tres días antes de ser asesinada. Ese elemento tal vez podría haberle servido para advertir con tiempo a las autoridades que se encontraba en peligro de muerte.

Como se sabe, el intendente local, Claudio Rossi, denunció al juez Callegari por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, por la demora en proveer a la joven del botón antipánico.

Lo que se supo ahora es que hubo una comunicación, entre el Juzgado y la Secretaría, el mismo lunes 8, a las 11, nueve horas y media antes del hecho.

La comunicación, difundida por fuentes del Juzgado, pondría dudas sobre quién fue más responsable en la demora y le apunta a la Secretaría de Seguridad. De todos modos, lo que aparece claro es la falta de coordinación y de celeridad entre estructuras intermedias de los dos organismos del Estado.

Una controversia más, en un caso donde se han denunciado incompetencias y deficiencias graves del Poder Judicial, de la Policía y del poder político.